Una sentencia del TSJM ratifica en esta instancia las demandas conseguidas por otras vías por AMYTS contra la sobrecarga de Atención Primaria

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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha fallado en la demanda a la que se ha adherido AMYTS y que ha sido promovida por AP Se Mueve. En este sentido, se trata de una sentencia de carácter declarativo donde se dice lo siguiente:

“Que la Comunidad de Madrid vulnera los derechos de los médicos de atención primaria y pediatras en materia de integridad física y salud al no haberles dotado de forma completa de los medios y medidas de protección en su centro de trabajo e incumplir con sus obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, de valoración de la carga de trabajo de dicho colectivo y evaluación de los riesgos de sus puestos de trabajo y condenamos a la demandada a estar y pasar por tal declaración y a efectuar de forma inmediata un plan de prevención de riesgos laborales con la valoración de los puestos de trabajo de los médicos de atención primaria y pediatras, evaluación de riesgos de los mismos y determinación de la carga de trabajo fijando los cupos, número máximo de pacientes a atender por jornada de trabajo y tiempo mínimo de dedicación a cada uno, así como al establecimiento de una plantilla acorde con ello y a la cobertura de las vacantes existentes en la misma”

Desde la Asesoría Jurídica de AMYTS se valora esta sentencia como un fallo que ratifica las demandas y las actuaciones sindicales conseguidas por otras vías impulsadas por nuestra parte.  Según lo redactado, estamos ante una sentencia que constata varios incumplimientos muy graves por parte de la Comunidad de Madrid en lo relativo a la prevención de riesgos laborales por la falta de la evaluación de riesgos de los puestos de trabajo.

Un texto que hace hincapié en la carencia de protección eficaz frente al virus en los primeros tiempos de la pandemia (llevada a los tribunales por AMYTS siendo la primera sentencia en este sentido) y por la falta de seguimiento de los riesgos; que constata la insuficiencia de plantilla y la existencia de riesgos psicosociales; y que obliga a la Administración a realizar las correspondientes evaluaciones aún reconociendo que ya se ha empezado con el colectivo de odontólogos y la valoración de riesgos psicosociales (como consecuencia de las actuaciones sindicales de AMYTS ante la Inspección de Trabajo), indicando además la necesidad de evaluar la carga de trabajo (determinación de cupos, tiempos de atención, agenda…) admitiendo que la demandada así lo asume pues ya se comprometió a ello con el Comité de Huelga en el Acuerdo de cierre de salida de la huelga convocada por AMYTS.

Es más, en partes de la sentencia se hace mención explícita al trabajo previo realizado por AMYTS:

«La ASOCIACIÓN DE MEDICOS Y TITULADOS SUPERIORES DE MADRID (AMYTS) puso de manifiesto en su escrito de conclusiones que por su parte se han formulado las mismas peticiones que en el escrito de demanda en diferentes instancias, así ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, en Procedimiento de Protección Jurisdiccional de Derechos Fundamentales (Recurso 91/2020), en el que se solicitaba con carácter urgente e inmediato la dotación de los equipos de protección correspondientes frente a la situación de pandemia declarada como consecuencia de la Covid-19, procedimiento al que puso fin la sentencia de la Sala nº1271/2020 de 8 de octubre y ante la Inspección de Trabajo, habiendo incluso convocado huelga del sector de Atención Primaria de Madrid a partir de 28 de septiembre de 2020 reivindicando la adopción de medidas en materia de prevención de riesgos laborales, tiempo de trabajo y conciliación de la vida laboral y familiar, medidas organizativas, dotación de recursos humanos y cobertura de ausencias y, finalmente, medidas financieras destinadas a la mejora retributiva de los profesionales médicos de Atención Primaria de Madrid, medidas que se detallan en el documento nº 1 que acompaña, habiéndose plasmado la adopción de un acuerdo el 27 de septiembre de 2020 que obra en autos y que se ha incumplido por la Administración sanitaria de la Comunidad de Madrid, habiéndose formulado recurso contencioso administrativo por vulneración del derecho a la libertad sindical que se está tramitando.

Finalmente aduce que la prueba aportada por la Comunidad de Madrid, pese a su volumen, no desvirtúa las peticiones formuladas, señalando que dos terceras partes de la misma, folios 408 a 1303, se destina a la aportación de evaluaciones de factores psicosociales de 10 centros de salud, sin aportar las del resto por lo que ha de entenderse que están pendientes de realizar, y, por otro lado, se limitan a aportar la evaluación de riesgos de la categoría profesional de odontólogo, así como la planificación preventiva del puesto de odontólogo y del de técnico superior de Salud bucodental, sin aportar las del resto de categorías profesionales, entre ellas, las de médico de Atención Primaria y pediatra de Atención Primaria».

En definitiva, una sentencia que celebramos y que sirve para ratificar lo ya conseguido por AMYTS con sus actuaciones tanto dentro como fuera de los tribunales de Justicia, así como para buscar soluciones a la difícil situación que sufre la Atención Primaria y que no pararemos hasta conseguirlas.

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