CON FIRMA. “El gran timo de la gestión indirecta”, por Mónica Alloza

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Hace una década, el gobierno de Esperanza Aguirre puso en marcha uno de sus proyectos-estrella en materia sanitaria: 4 hospitales de gestión indirecta, modelo Alzira, modelo PPP o como quiera llamarse. Eran 4 hospitales de titularidad y suelo público, cuya gestión se entregaba a empresas concesionarias durante 30 años. Vamos, como las autopistas de peaje, pero sin peaje para los ciudadanos.

“Son hospitales públicos”, no se cansaban de repetir los políticos y las empresas arrendatarias (Ribera Salud y el Grupo Quirón).

Para atraer a los profesionales, se nos aseguró, al menos a los médicos, que el tiempo trabajado en estos centros tendría la misma consideración que el de la pública de gestión directa, a todos los efectos: OPEs, traslados, trienios, carrera profesional y resto de baremos. “Somos médicos de la pública, igual que los del hospital de en frente”, nos repetían como un mantra. Y nos lo tragamos.

En la pasada OPE, la de 2015, esto se cumplió y, gracias a ello, algunos profesionales obtuvieron una plaza fija como estatutarios.

Sin embargo, para nuestra sorpresa, en la evaluación de carrera profesional de los años 2017 y 2018, todos aquellos médicos que habían ejercido previamente en la gestión indirecta se encontraron con que su tiempo trabajado en ese modelo no se tuvo en cuenta.

Y ahora, para remate, y a pesar de lo mucho que se ha peleado en la Mesa Sectorial por parte de AMYTS, nos encontramos con que la Administración propone (o más bien, impone) un baremo para la OPE de estabilización en el que el tiempo trabajado en gestión indirecta se iguala al de los médicos del gran hospital concertado de nuestra Comunidad, la Fundación Jiménez Díaz. De esta manera, cada mes trabajado contará la mitad que en la pública de gestión directa.

Queda claro que el modelo de gestión indirecta ha quedado políticamente amortizado, y que los profesionales que en él ejercemos, más de 1000 médicos, hemos quedado abandonados a nuestra suerte. Somos un estorbo, una especie a extinguir. Sin embargo, las concesiones tienen una duración de 30 años, por lo que el problema podría abarcar toda la vida laboral de un facultativo, y su extinción será lejana.

Nos sentimos profundamente engañados. Muchos hemos abandonado oportunidades laborales como estatutarios en una apuesta por este modelo, por la oportunidad de poner en marcha un hospital nuevo, donde podríamos desarrollar nuestros proyectos profesionales.

Y ahora estamos atrapados: la sanidad pública nos relega, las empresas concesionarias nos exprimen, nuestras condiciones laborales cada vez se alejan más de las de los compañeros de la pública (nuestras guardias no están reguladas por el convenio, llevamos años en una situación de a-legalidad)… No tenemos carrera profesional, no tenemos trienios, no tenemos moscosos, nuestros permisos y nuestras vacaciones son menores. ¡Incluso nuestras compensaciones por IT son menores!

Tenemos la sensación de estar perdiendo el tiempo, de estar perdiendo oportunidades profesionales y laborales.

Y mientras este ninguneo se perpetúa, en la puerta de nuestros hospitales, en la puerta de nuestras consultas, en nuestros uniformes, en nuestras tarjetas identificativas, los pacientes no distinguen que estamos en un modelo diferente, que ya no somos médicos del sistema público. Nos acaban de echar a patadas.

¡Qué gran estafa!

Mónica Alloza Planet
Especialista en Radiodiagnóstico. Coordinación de delegados AMYTS

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