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El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes, día 18 de julio, a propuesta de la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, un plan integral de medidas de reforma de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social (SS) y de la gestión de la Incapacidad Temporal (IT), que inicia ahora su trámite parlamentario. Este plan, según explica la Administración en nota de prensa, se compone de un Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social y el Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad Temporal (IT) en el primer año de duración.

El Gobierno amplía el papel de las mutuas en las bajas por IT

El aspecto más destacado por la prensa general y médica de este plan, es la gestión de la Incapacidad Temporal, y más concretamente la ampliación del papel de las mutuas en las bajas por IT. Según establece el Real Decreto de gestión de la incapacidad temporal aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, cuando el facultativo y las mutuas no estén de acuerdo sobre la conveniencia de dar el alta a un trabajador en baja, será el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) el que tome una decisión.

El proyecto de ley establece un plazo de cinco días para que el médico del sistema de salud responda a la propuesta de alta de la mutua. En el caso de que en este tiempo no haya respuesta o la rechace, el INSS tomará una decisión en un plazo de cuatro días.

No obstante, durante un periodo transitorio de unos seis meses estos plazos serán de 11 días para que el facultativo responda y de 8 días para que el INSS tome una decisión.

La norma también establece un plazo de cuatro días para que un trabajador en baja que no haya acudido a un reconocimiento justifique la ausencia para evitar el alta automático.

En concreto, si un trabajador en baja no acude a un reconocimiento solicitado por el facultativo del servicio de salud, la mutua o el INSS, desde el primer día se le suspenderá cautelarmente la prestación y si en cuatro días no justifica la ausencia, se le extinguirá definitivamente. No obstante, en el caso de que justifique esta ausencia, recuperará la prestación desde el primer día de la suspensión.

Los partes, según la enfermedad

El real decreto modifica también la periodicidad de los partes de confirmación de la bajas, eliminando la obligatoriedad de presentarlos cada siete días. Así, a partir de ahora los procesos se clasifican, en base a tres parámetros (patología, edad y ocupación), en cortísimos (hasta cinco días de baja estimada), cortos (entre 5 y 30), medios (entre 31 y 60) y largos (más de 61 días). En el caso de los procesos de cortísima duración, el facultativo podrá dar el parte de alta junto al de baja, aunque podría ampliarse si el día previsto del alta el trabajador no está en condiciones de reincorporarse. Por su parte, en los procesos de corta duración se debe presentar un parte de confirmación cada 14 días, en los medios cada 28 días y en los largos cada 35 días.

Además, se establece que en estos partes de confirmación debe constar la duración probable de la baja y la fecha del próximo reconocimiento médico.

Por último, el real decreto incluye la transmisión diaria por vía telemática de las bajas y altas desde los servicios de salud de las comunidades autónomas al INSS, y de este organismo a las mutuas, de manera que se crea la primera base de datos conjunta de estos procesos de incapacidad temporal.

Cese en la actividad más asequible

Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social gestionan también la prestación por cese en la actividad de los trabajadores autónomos. El Proyecto de Ley simplifica los trámites para el acceso a esta prestación por la que cotizan los trabajadores autónomos. Entre otras modificaciones, se elimina el requisito de proteger obligatoriamente las contingencias profesionales; reduce al 10% en un año el nivel de pérdidas por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción (antes, el 30% en un año o el 20%, en dos); se mejoran los medios de prueba que se pueden utilizar; el tipo de cotización se adaptará en las leyes de presupuestos anuales y oscilará entre el 2,2 y el 4 por ciento.

Fuentes: MÉDICOS Y PACIENTES, 21-07-2014; EUROPA PRESS, 18-07-2014; SERVIMEDIA, 18-07-2014; EL MUNDO, 18-07-2014; EL MÉDICO INTERACTIVO, 18-07-2014; MÉDICOS Y PACIENTES, 21-07-2014; DIARIO MÉDICO, 21-07-2014

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