SALUD LABORAL. “Implantación de herramientas informáticas y su repercusión en la salud laboral”

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Sobre la implantación de nuevas herramientas informáticas en la actividad profesional médica, como el caso del HCIS y el Módulo Único de Prescripción, y su repercusión en la salud laboral.

En el año 2016 tuvimos noticia de una sentencia del juzgado contencioso número 5 de Granada condenando al Servicio Andaluz de Salud en el sentido de reconocimiento de una incapacidad laboral permanente absoluta como consecuencia de un infarto y considerado como un accidente de trabajo sufrido por un facultativo, no como enfermedad común.

El infarto tuvo su origen por una sobrecarga laboral a consecuencia del estrés provocado por problemas tecnológicos en la aplicación del programa informático Diraya. El juez considera probado el nexo causal entre la lesión producida y el lugar de trabajo. El juzgado recuerda el art. 115 del Texto Refundido de la Ley General de Seguridad Social: “Salvo prueba en contra, son constitutivos de accidente de trabajo las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y lugar de trabajo”. Aunque el infarto del trabajador se produjo en su domicilio, el comienzo de la sintomatología durante su jornada laboral establece la relación por considerarlo accidente laboral.

Estamos de nuevo ante la implantación de un programa informático dentro del SERMAS, el HCIS y de una nueva herramienta informática de prescripción, el MUP, que se han implantado sin las medidas de prevención que deberían tomarse cuando cambian las condiciones laborales de los trabajadores, y sin las previsiones adecuadas cuando, de un ensayo piloto de unos pocos centros se instaura en toda la comunidad. No es algo nuevo, ya pasó con la implantación de SELENE, AP-Madrid, la receta electrónica, etc.

Se define la carga mental de trabajo como el “conjunto de requerimientos mentales, cognitivos o intelectuales a los que se ve sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral, es decir, nivel de actividad mental o de esfuerzo intelectual necesario para desarrollar el trabajo” (INISHT, 2001).

La sobrecarga laboral es un riesgo laboral que ya se padece en nuestro servicio de salud. Digamos que es un proceso endémico al que no se le presta la atención adecuada por nuestros directivos.

A esta sobrecarga endémica, ocasionalmente, el SERMAS decide la implantación de “mejoras” en sus aplicaciones informáticas (herramientas que ha de emplear el trabajador) que vienen a sobrecargar más su trabajo por su inadecuada implantación o por  defecto de su funcionamiento.

La primera consecuencia de la carga mental será la fatiga mental, rozando el límite de capacidades físicas y psíquicas del trabajador. No hablamos de la fatiga normal ante el exceso de trabajo puntual que se recupera con el tiempo de descanso, mayor o menor según las capacidades del trabajador. Hablamos de la fatiga crónica a la que nos someten diariamente y que se tiene a bien aumentar ocasionalmente con estos experimentos a gran escala como es la implantación del MUP, HCIS, o cualquier otra ocurrencia. Para la salud del trabajador las consecuencias no son menos graves con aparición de patología mental: ansiedad, insomnio, irritabilidad, depresión, desgaste profesional etc. También patología física como cefalea, vértigo, síntomas vegetativos reactivos, fatiga muscular, astenia, taquicardia, alteraciones del ritmo (arritmias, fibrilación auricular) hasta llegar al infarto como en el caso mencionado.

Resulta evidente que esta situación vital del trabajador no se detiene en la esfera personal, sino que va a trascender a su esfera familiar (conflictos familiares) y laboral (conflictos entre los equipos de trabajo). La fatiga mental tiene consecuencias como la falta de motivación, disminución del rendimiento laboral, bloqueos mentales, pérdida de concentración; todo ello con el riesgo de aumentar los errores en la tarea y los accidentes laborales.

Todas estas razones no parecen suficientes al SERMAS para cumplir con sus obligaciones legales en materia de prevención de riesgos. Podemos decir que se han alterado las condiciones de trabajo de los profesionales ya que según la Ley de Prevención de Riesgos Labores (LPRL) define como condición de trabajo “cualquier característica del mismo que pueda tener una influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud del trabajador”.

La LPRL establece que todos los trabajadores tienen el derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo y, que el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

En el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se establecen los principios de la acción preventiva. En él se afirma que el empresario deberá “adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.

“Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo”.

“El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas”.

En el artículo 16 (LPRL) establece la obligación general del empresario de la planificación de la actividad preventiva. Así en su artículo 1 dice que “la acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que están expuestos a riesgos especiales.”.

 “La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizar controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas”.

Ha quedado claro, entonces, que el SERMAS debería hacer tenido en cuenta, dentro de la prevención preventiva, los daños para la salud que pudiera provocar un cambio en las condiciones de trabajo. No parece que haya sido esta la actuación en estos casos de implementación de un programa de gestión de la consulta hasta la fecha.

Otro incumplimiento en materia de prevención es el referente a la consulta y participación de los trabajadores. En el artículo 33 LPRL en lo referente a la consulta de los trabajadores dice:

“1. El empresario deber consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones relativas a:

  1. La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener para la seguridad y la salud de los trabajadores, derivadas de la elección de los equipos, la determinación y la adecuación de las condiciones de trabajo y el impacto de los factores ambientales en el trabajo.
  2. f) Cualquier otra acción que pueda tener efectos sustanciales sobre la seguridad y la salud de los trabajadores.”

Esta ausencia de participación de los trabajadores y sus representantes, delegados de prevención en materia de prevención de riesgos, es lo habitual cuando se producen cambios en las condiciones, equipos, lugares de trabajo, instalaciones etc.

Es el momento de pedir, de nuevo, que se cumpla la ley en materia de prevención de riesgos laborales. Se proteja a los trabajadores de los riesgos psicosociales, en especial la sobrecarga laboral que padecemos. Es necesario que se tenga previsto, ante la implementación de cualquier cambio en las condiciones de trabajo un estudio riguroso de las consecuencias en la salud, consulta a los trabajadores y sus delegados de prevención y una formación adecuada del nuevo instrumento de trabajo.

Si se hace de esta forma mejoraremos todos: trabajadores en salud, Administración en compromiso de sus trabajadores y ciudadanos en asistencia.

 

Pelayo Pedrero Pérez
Coordinador de salud laboral de AMYTS

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1 comentario

  1. Fco. Javier López de la Morena (afiliado de AMYTS jubilado) en

    Excelente artículo de Pelayo Pedrero. Un interesante recorrido por la legislación laboral vigente que deja al descubierto las tropelías de la Administración. Enhorabuena

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