SALUD LABORAL. Día Nacional de las Agresiones a Sanitarios. Una pequeña proporción de algo que es mucho más grande

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Con motivo del Día Nacional de las Agresiones (celebrado este domingo 14 de marzo) queremos dedicar un espacio para analizar el Protocolo de Actuación ante situaciones conflictivas con ciudadanos en Atención Primaria, desarrollado en la Comunidad de Madrid en Abril de 2015; han pasado casi 6 años desde su última actualización y durante todo este tiempo nuestro sindicato ha valorado múltiples deficiencias y carencias; creemos debe valorarse cambiar muchos puntos de este protocolo y aquí analizamos los más importantes y de qué manera podría mejorarse.

Para que las agresiones disminuyan en número, la Administración debería hacer todo lo posible para disminuir las expectativas irreales que se crea la población informando de manera regular y a través de todos los medios disponibles, de los derechos y obligaciones de los pacientes, así como dar a conocer de manera clara cuales son las prestaciones de la Cartera de Servicios en Atención Primaria. De parte de los profesionales existe un condicionante que puede ser mejorado con ayuda de la Administración, y este es el estrés y burn out que a día de hoy sufren un gran porcentaje de los sanitarios. El médico debería poder dedicar al paciente el tiempo que necesita para ser correctamente atendido y es esa falta de tiempo para atender a los pacientes es uno de los principales motivos de agresión en las consultas debido a que la sobrecarga laboral hace que la atención presencial sea corta, lo que lleva a que el paciente no esté conforme con la información que recibe del médico, tanto clínica como no clínica, que las salas de espera se masifiquen, alargándose los tiempos de espera y también esta falta de tiempo dificulta la adecuada atención domiciliaria, que en muchos casos debe hacerse rápida y sin ayuda de enfermería por la falta de recursos humanos.

Consideramos prioritario que todos los centros de salud tengan la posibilidad de que, ante un conflicto, por leve que parezca, inmediatamente exista un vigilante de seguridad de manera presencial para, o bien prevenir y frenar la agresión, o bien ocuparse del agresor si ya ha sucedido esta. Es urgente cambiar esta medida y ser conscientes que deberían existir vigilantes de seguridad en todos los centros, y principalmente en aquellos donde el número de agresiones son frecuentes por el tipo de población que atiende.

Los sistemas de alarma de los centros de salud son insuficientes, dado que son los propios compañeros del centro los que acuden a contener la situación de violencia, algo que implica poner en riesgo a más profesionales cuya función no es en ningún caso proteger a sus compañeros ante agresiones, debiendo este papel atribuirse a quien corresponde, en este caso, agentes de seguridad.

Asimismo debería ser de obligado cumplimiento retirar de la actividad asistencial durante el resto de la jornada laboral a un profesional que tiene una situación conflictiva dado que el profesional no se va a encontrar en plenas capacidades de seguir atendiendo a otros pacientes, lo que llevaría a poner en riesgo a pacientes y al propio sanitario por las consecuencias que de ello deriven.

No debemos pensar que una agresión no es grave porque no exista agresión física inmediata. Cualquier indicio de conflicto debe ser considerado grave mientras no haya terminado el contacto entre agresor y profesional. El impacto psicológico nunca debe ser olvidado ni desatendido ante cualquier situación conflictiva, por mínima que pueda parecer a primera vista. Es por ello que cualquier situación conflictiva debería considerarse de especial gravedad mientras no se demuestre lo contrario, por lo que las medidas excepcionales en el Centro de Salud deberían tomarse en todas y cada una de las situaciones sin necesidad de comunicación previa con la directora del centro o la dirección asistencial para que dichas medidas se pongan en marcha de manera inmediata, retirándolas si posteriormente el conflicto se controla y deja de existir riesgo.

Respecto a la atención al profesional agredido, los profesionales siempre deberían acudir a un servicio de urgencias ajeno al lugar del conflicto, sin olvidar que la asistencia debe ser tanto para valorar lesiones físicas como las posibles lesiones psicológicas agudas, debido a que la evolución de estas a una patología crónica pueda posteriormente influir en su trabajo y vida personal en el futuro. El parte de lesiones debería siempre, por obligación, ser rellenado con ítems básicos, y consideramos este parte debe ser modificado y ampliado para que puedan quedar reflejados más datos relevantes que puedan posteriormente servir de ayuda en la defensa del agredido y en las secuelas que pueda tener.

Desde AMYTS creemos fundamental que el profesional tras una agresión siempre acuda al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de su dirección asistencial para dejar constancia del accidente laboral, independientemente de que este necesite o no baja laboral, por lo que al contrario de lo que dice el protocolo, siempre debería emitirse informe por parte del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales ante un conflicto.

Un punto a cambiar para garantizar la absoluta seguridad de nuestros médicos es la necesidad de que de oficio y de manera inmediata el agresor sea cambiado de centro sanitario, además de tener una orden de alejamiento del centro (pedida por el abogado correspondiente), de manera que no pueda acudir ni como paciente ni como acompañante al centro sanitario, protegiendo así a los trabajadores de la manera más efectiva posible, y más en el momento actual en el que los vigilantes de seguridad no existen en casi ningún centro de salud. Por tanto, el circuito especial que se menciona en el protocolo debe modificarse y llevarse a cabo en caso de cualquier agresión, por leve que sea, dado que el hecho de que la agresión no haya derivado en ese momento en un conflicto mayor no asegura que en un futuro no pueda ser mucho más grave. Es necesaria la prevención. Entendemos que el agresor nunca debería volver a ser atendido en la consulta por el profesional agredido puesto que la relación médico-paciente queda afectada para siempre ante una situación de conflicto.

No podemos olvidar otro punto importante, y es que el agresor debería estar siempre identificado por lo que creemos oportuno que exista una manera de diferenciar a estos pacientes en su historia clínica para que, tanto en Atención primaria como Hospitalaria se pueda tener la absoluta seguridad de estar informado desde el primer momento de atención que el paciente tiene antecedentes de haber tenido un conflicto con otro profesional; de esa manera  podremos tener la garantía de que la atención a esos pacientes sea una atención segura y seamos avisados previamente del posible peligro de reincidencia del agresor para tomar todas las medidas preventivas posibles antes de su asistencia clínica.

Asimismo, y siempre que sea necesaria la atención domiciliaria a pacientes con antecedentes de agresión a profesionales, esta debería garantizarse en absolutas condiciones de seguridad para los sanitarios que acudan, por lo tanto, consideramos deberían tener siempre la posibilidad de ser acompañados por las fuerzas de seguridad del Estado si el profesional así lo considera.

En resumen, sigue siendo necesario mejorar el protocolo existente y trabajar sobre las agresiones. Debemos trabajar para asegurar la integra protección de los  médicos y demás trabajadores sanitarios, más si cabe en un momento tan delicado como el que estamos viviendo, donde los actos violentos contra los sanitarios han aumentado un 19% respecto al año anterior según el Ministerio del Interior. Este aumento puede ser debido a un empeoramiento de la gestión Sanitaria, la presión hospitalaria y la crispación social, incertidumbre y nerviosismo y afecta especialmente a Urgencias y Atención Primaria.

La falta de tiempo e información de los sanitarios hace que los datos de agresiones posiblemente estén infravalorados y no se notifiquen las agresiones tanto como debería. Y desde aquí queremos recordar que una agresión no es sólo física, sino que es todo acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño o cualquier acto contrario al derecho de otra persona y eso incluye otro tipo de actos como las amenazas, insultos, vejaciones, coacciones, acoso por razón de sexo… Por lo tanto, pedimos a todos los médicos que notifiquen todas y cada una de las agresiones que padezcan en el desempeño de sus funciones. Es necesaria una mayor concienciación de todos y cada uno de los sanitarios, así como una mayor y mejor colaboración y coordinación, receptividad y respaldo de la Administración Central, facilitando las medidas de denuncia y mejorando los protocolos ya existentes con el fin de reducir el número de agresiones en el futuro.

La protección jurídica es también fundamental en este proceso y debería ser facilitada al máximo a los médicos agredidos con el fin de que el miedo a denunciar a los agresores disminuya y de esta manera se consigan condenas para los agresores.

Todo acto violento o agresión afecta de manera significativa a la seguridad y salud de los trabajadores y a la calidad del servicio asistencial, algo que es absolutamente necesario para que la Sanidad Pública progrese y mejore. Es imprescindible que nuestros gestores se tomen más en serio este grave problema y es fundamental, que como colectivo nos hagamos fuertes y nuestro grito de socorro llegue a sus oídos para tomar todas las medidas necesarias para que nuestra seguridad y salud este protegida al máximo. Juntos, podemos conseguirlo.

Carolina Pérez de la Campa
Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y delegada AMYTS de Prevención de Riesgos Laborales (DAN)

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