Recomendación de AMYTS a la Consejería de Sanidad para facilitar el teletrabajo voluntario en Atención Primaria

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Silvia Durán, coordinadora de delegados de AMYTS, se ha dirigido tanto a la Gerencia Asistencial de Atención Primaria como a la Dirección Técnica de Sistema de Información Sanitaria en relación a un tema que preocupa al sindicato mayoritario entre el colectivo médico y al que queremos darle salida.

Se trata a la posibilidad de que los médicos de Atención Primaria que se encuentran en estado de cuarentena domiciliaria pudieran teletrabajar colaborando así con las numerosísimas llamadas de control de síntomas de pacientes, realizadas diariamente por los EAP, siempre que lo soliciten voluntariamente.

En este sentido, se ha trasladado a la Consejería de Sanidad, por medio de una carta, una recomendación para que los profesionales Covid-19 positivos puedan ayudar desde su domicilio siempre de manera voluntaria.

Lee la carta remitida a la Consejería de Sanidad.

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3 comentarios

  1. Numerosos sindicatos y asociaciones médicas están presionando para que se incluya el COVID-19 dentro del Cuadro de Enfermedades Profesionales. Sin duda lo están realizando con toda la buena intención, pero cometen un gran error que va a perjudicar a los trabajadores víctimas, a las instituciones públicas que pagamos todos, y a las empresas.
    El fin que se persigue es que sea más fácil determinar que los contagios son por Contingencia Profesional. Se cree que al estar incluido en el Cuadro de Enfermedades Profesionales y mediar la presunción “iuris et de iure”, automáticamente las Mutuas van a tener que aceptar que las bajas o los fallecimientos son por Contingencia Profesional. Creer que las Mutuas no van a negar las Enfermedades Profesionales es pecar de ingenuo en la materia y faltar de experiencia en este tipo de procesos. Que se lo pregunten a las víctimas del amianto o del sílice.
    La atención asistencial, durante y despues de la IT es la misma para ambos casos, AT o EP. Se realiza por recaida o por atención despues de la reincorporación laboral. Es un error diferenciar y pensar que solo es posible con EP.
    Se mezclan conceptos, por equívoco, hay trabajadores contagiados que están acudiendo a su Médico de Atención Primaria, cuando deberían acudir a su Mutua. Los únicos que deben acudir a solicitar la baja al Médico de Atención Primaria son los NO contagiados pero que están aislados por orden de la autoridad, por razón de aislamiento del municipio o por razón de aislamiento por contacto con un infectado. En estos casos, tal como recoge el contenido del artículo 5 del Real Decreto-Ley 6/2020 y el artículo 11 del Real Decreto-Ley 7/2020, se considera la baja como Accidente de Trabajo únicamente a efectos del cobro de la prestación de Incapacidad Temporal. Evidentemente en estos casos NO hay contagio y por lo tanto no hay Accidente de Trabajo. Es fundamental consultar con un Abogado Laboralista especialista en Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales. A ningún médico se le ocurre consultar sobre su rodilla con un compañero dermatólogo.
    El único presunto beneficio de la solicitud que se está planteando, es una teórica menor conflictividad a la hora de determinar la Contingencia Profesional. Dicho presunto beneficio NO EXISTE, puesto que los contagios de trabajadores por COVID-19 son Accidentes de Trabajo del artículo 156 de la LGSS salvo que la empleadora acredite lo contrario. Es cierto que alguna Mutua puede plantear problemas, pero para eso están los procesos de Determinación de Contingencia, donde el INSS debe emitir Resolución sobre cuál es la contingencia, común o profesional. En caso de ir a juicio, en virtud del artículo 96 de la LRJS y la Jurisprudencia actual, quien va a deber probar que no nos encontramos con un Accidente de Trabajo es exclusivamente la empleadora. Además, a las Mutuas les da igual que sea Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, el costo es el mismo ya sea una u otra la contingencia.
    Las Prestaciones de los Seguros Obligatorios de la Seguridad Social; véase, Incapacidad Temporal o Permanente, Viudedad, Orfandad, entre otros, y los Recargos de Prestaciones entre el 30 y el 50% por Falta de las Mínimas Medidas de Seguridad impuestas legalmente; son iguales ya sea Enfermedad Profesional o Accidente de Trabajo. Por lo tanto, como se puede observar, no ganamos nada considerando los casos de COVID-19 como Enfermedad Profesional. Ahora bien, hay que preguntarse quién gana con este cambio legislativo, y quién pierde.
    Pues bien, las prestaciones de los Seguros Obligatorios de la Seguridad Social son solo una parte de la compensación a las víctimas. La otra parte, que es la más importante, son las Indemnizaciones por Responsabilidad Patronal por Daños Morales y Perjuicios Económicos. Estas indemnizaciones son cuantiosas, en el caso de un trabajador suponiendo un salario de 24.000 euros netos anuales, una edad de 40 años, cónyuge de 40 años con matrimonio desde hace 10 años, y dos hijos, de 5 y 8 años; puede suponer casi 750.000 euros aplicando el debido Coeficiente Multiplicador.
    En caso de que se considere como Enfermedad Profesional, las compañías aseguradoras de los hospitales u otros centros de trabajo van a negar el pago ya que todas ellas tienen cláusulas oscuras que excluyen el pago en los casos de Enfermedad Profesional. Esta es la práctica habitual en este tipo de procesos tan complejos. Es decir, que quién va a tener que hacer frente a los pagos son las instituciones o empresas. El dinero se va a destinar a pagar las indemnizaciones, en vez pagar de medidas de seguridad o ayudas sociales. Todo ello, para beneficio de las aseguradoras que como vemos, ganan con esta calificación, a contrario de nuestras instituciones y empresas que son las que pierden.
    Desde un punto de defensa del trabajador, también el trabajador víctima pierde notablemente. La diferencia entre que se condene a la aseguradora o no se le condene en Sentencia supone perder un 20% de intereses anuales, Solo si se condena a la aseguradora se devengan estos intereses. Si se condena al Hospital o empresa X no se devenga dicho interés porque no son aseguradoras. Sobre 750.000 euros supone unos 150.000 euros anuales. Teniendo en cuenta que estos procesos se alargan 4 años de media, sacar el cálculo por víctima mortal es fácil. La diferencia es sustancial. Evidentemente, el trabajador víctima también pierde, y mucho.
    Sin embargo, quien gana de lleno con este cambio son las aseguradoras que se evitan el pago de millones a los trabajadores víctimas. No se puede negar que grupos de presión vinculados a las Aseguradoras está sumando a generar esta ola en perjuicio de trabajadores, empresas e instituciones.
    En conclusión, incluir el COVID-19 en la lista de Enfermedades Profesionales es un error de bulto que solo beneficia a las aseguradoras. NO BENEFICIA EN NADA A LOS TRABAJADORES, y tampoco a empresas e instituciones públicas.

  2. En la Comunidad de Madrid están negando esta posibilidad a unos centros, pero permitiéndosela a otros, según criterios que son opacos a los profesionales dado que cuando se pide como es mi caso te lo deniegan y no te dan explicaciones. Deben tener miedo a que todos podamos teletrabajar? Profesionales positivos con sintomas leves, u otros que tienen problemas de conciliación familiar y podrían hacer más horas, dado que nuestro trabajo actualmente es mayormente triaje telefónico= mantener a la gente en sus casas. Podríamos tener casi al 100% de la plantilla trabajando a tiempo completo y por culpa de estos INCOMPETENTES, no sólo la plantilla se merma sino que nos sacan para hacer medicina hospitalaria.
    Por favor que esta crisis no les salga gratis a estos inútiles. Señores de amyts, aparte de la carta que esta muy bien, y que se la van a a pasar estos elementos por el mismo “forro”, usen todos sus medios legales , si los hubiera, para forzar a estos idiotas a dejarnos trabajar.

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