PROFESIÓN. Un pacto por la formación médica

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147 Ministerio de Sanidad 3x3 cm

Por fin se impone la cordura en el ámbito del continuo formativo de Medicina, con las declaraciones del director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, Carlos Moreno, en torno a la necesidad de “alcanzar una simetría” entre la oferta anual de plazas MIR (en torno a seis mil) y el númerus clausus, que posibilita la formación de 7.000 nuevos estudiantes al año, valorando positivamente la propuesta de reducción de la oferta universitaria en unas 1.000 plazas formulada previamente por la Conferencia de Decanos, con el apoyo del resto de organizaciones profesionales.

Se trata de una reivindicación de ya larga trayectoria, que comenzó a fraguarse una vez se confirmó el estancamiento de la población española y, por tanto, de la necesidad de incrementar la capacidad formativa de nuestras facultades. Sin embargo, y como los negros hados anunciaban, las decisiones de la burocracia administrativa española están siempre envenenadas por inercias de las que es difícil salir. Ha sido doloroso ver cómo varios gobiernos no ponían freno al numerus clausus cuando la evidencia en favor de la necesidad de dicho freno era apabullante, y cómo no les ha temblado el pulso de generar nuevos problemas en la ya de por sí complicada historia de la demografía médica en España. Lo triste es que estos problemas acaban afectando a personas, pero eso parece que hay quien, desde posturas ideológicas o práctico-económicas simplistas, no es capaz de verlo. Por eso es motivo de gran alegría que exista una nueva visión en el ámbito de los recursos humanos del Ministerio de Sanidad.

El tema es complejo en su esencia y, por tanto, no valen en absoluto los mencionados análisis realizados desde la simpleza propagandística. Se ha aducido, en defensa de la irracional multiplicación de facultades de Medicina en España, el derecho de los jóvenes a prepararse profesionalmente para la profesión que deseen, aunque gran parte del incremento de plazas haya venido de la mano de nuevas facultades privadas que darán respuesta a ese derecho de forma desigual, discriminando a los potenciales candidatos mediante su poder adquisitivo; también se ha aducido la libertad de iniciativa empresarial para autorizar el citado incremento de facultades privadas, pero la excesiva mercantilización de la formación sanitaria no favorece en nada el futuro de la misma. No olvidemos que la educación médica no puede hacerse sin pacientes, y estos podrían entender algún día que también tendrían derecho a sacar “tajada” económica del beneficio que proporcionan a dichas entidades, y esto haría inviable la formación médica. Romper el pacto social sanitario, el que hace que todos entendamos que debemos aportar algo de nuestra parte para mantener activo nuestro sistema sanitario y su futuro, y transformar todo su valor en un objeto de intercambio económico, podría dar al traste con dicho sistema. Y no olvidemos, por último, que parte de ese pacto lleva implícito una cierta “violación” de la intimidad de los pacientes para hacer posible una educación práctica de los futuros médicos, y por tanto parece un atentado contra esa intimidad formar a más médicos de los que potencialmente pueden ser necesarios. Tomémonos en serio el tema, pues, y no lo trivializemos.

Un elemento que añade complejidad al tema es el de la adecuada distribución geográfica de los profesionales y de las plazas de formación, máxime cuando parece existir una relación directa entre ellas. Si a esto le añadimos el derecho de los jóvenes, ahora sí, a elegir su futuro en igualdad de oportunidades sin que no sólo el nivel de ingresos, sino tampoco el lugar de residencia les suponga una grave discriminación, es totalmente comprensible que haya comunidades autónomas, sobre todo insulares, que proyecten abrir su primera facultad de Medicina. En un marco de reducción global de plazas de formación, ello debería seguirse de una reducción más acentuada en las regiones mejor servidas de plazas. Pero hace tiempo que hemos visto cómo las comunidades autónomas han perdido la visión de Estado, y se entienden como reinos de taifas dentro de una estructura a la que deben considerar abstracta y lejana, la del conjunto de España.

Hace falta mucha visión de Estado, y mucha visión social, para caminar contracorriente de los discursos dominantes en los últimos años y tomar la senda de la responsabilidad compartida, pero es necesario hacerlo. Ojalá este cambio de opinión en la cúpula del Ministerio sea un paso importante en esa dirección.

Pero no basta con afrontar el continuo formativo entre pregrado y formación especializada para garantizar una adecuada disponibilidad de profesionales bien capacitados y distribuidos para atender adecuadamente a la población; hay que incluir en ese continuo formativo el tema de la formación continuada y, sobre todo, del desarrollo profesional, del que ya nos hicimos eco en estas mismas páginas. El propio Director General se hace eco del tema al hablar de su intención de dar forma al proceso de recertificación. Por eso, hay que dejar claros algunos puntos de partida para que el proceso sume, y no reste, en el camino hacia una mejor capacitación de los médicos españoles:

  • en primer lugar, y antes de dar pasos adicionales, habrá que hacer posible y accesible para todos los profesionales un verdadero proceso de desarrollo profesional que englobe las diferentes herramientas existentes: formación continuada, autovaloración de la actividad profesional, valoración por otros agentes implicados, identificación de las principales lagunas formativas… Es ésto, y no un proceso de evaluación del desarrollo, lo que impone la reciente modificación de la Directiva Europea de cualificaciones profesionales. Y es ésta una gran laguna en el caso español, que bien merecería la pena rellenar antes de avanzar en el incremento del nivel de exigencia sobre los profesionales.
  • en segundo lugar,  como principio general, el reconocimiento del desarrollo profesional no debe incrementar la carga burocrática de los profesionales, cuya principal actividad no debería dejar de ser el encuentro clínico directo con los pacientes. Potenciar la senda de la duda incrementando hasta el infinito el número de procedimientos administrativos y de mediaciones tecnológicas en la relación con el paciente no producirá un aumento de la calidad asistencial, sino más bien todo lo contrario
  • en tercer lugar, no hay que caer en las posturas dictatoriales de imposición de un proceso que debería ser asimilado positivamente por la profesión médica desde la voluntariedad y la incentivación
  • y, en último lugar, todo ello no puede realizarse sin la colaboración activa de los profesionales, de toda la profesión médica, y no sólo de algunas de sus patas. Todas las sensibilidades y todas las perspectivas deben tener cabida y ser escuchadas, y todas deben  ser parte de un proceso que debería hacer posible una mejora no sólo de la capacitación sino, y quizás sobre todo, de la motivación de los profesionales.

Vuelve a ser necesaria mucha visión de Estado, mucha visión profesional y social para todo ello. Pero hay que hacerlo posible.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de Familia. Máster en Bioética y Derecho. Director médico de la Revista Madrileña de Medicina
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