Nuevas incidencias avivan la polémica por los recortes y la supresión de la universalidad en la asistencia

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Se reaviva la polémica sobre la aplicación de las medidas incorporadas a través del Real Decreto de Ley 16/2012. Tal y como recoge REDACCIÓN MÉDICA, la mecha se ha encendido por la estricta puesta en marcha en algunas regiones del nuevo sistema de aseguramiento por el de cobertura universal que había hasta la puesta en marcha de la medida aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La muerte de Alpha Pam, un inmigrante senegalés que carecía de tarjeta sanitaria y que falleció por tuberculosis el pasado 21 de abril en su casa de Mallorca, ha generado una amplia reacción política y social en Islas Baleares. El Govern balear, el popular José Ramón Bauzá, defiende que es un caso “puntual” y niega responsabilidad de la consejería tratando de desvincular el fallecimiento de la retirada de la tarjeta sanitaria, ya que sostiene que siempre ha ordenado la atención gratuita a los “sin papeles” en Urgencias. No obstante, sus declaraciones se contradicen con la orden dada la pasada semana por el consejero de Salud Martí Sansaloni, de retirar las facturas ya emitidas y devolver el dinero que se haya cobrado “de manera in adecuada”.

Por otro, lado, esta semana la prensa regional levantina recoge otro caso de aplicación ‘extrema’ del RDL 16/2012. Según cuenta el diario Información, un centro de salud de Calpe ha pedido 132 euros a los padres de un bebé con 41 de fiebre. Los padres, de nacionalidad británica y con tarjeta sanitaria gracias a que están empadronados, tuvieron que ir de madrugada a un cajero a por dinero para que el médico examinara a la niña de 8 meses, que pese a nacer en el hospital de Denia, no tenía más que una tarjeta provisional.

A estos casos se suma el de la hondureña María Concepción, denunciado ayer por LA SEXTA, que tras ser operada de urgencia en el Hospital General de Valencia después de habérsele diagnosticado una lesión cerebrovascular, pasó a planta a la espera de que el tratamiento de rigor permitiera a los médicos volver a colocarle el hueso del cráneo que le habían retirado. Sin embargo, durante el mes que estuvo ingresada, y antes de que iniciara su rehabilitación, el equipo médico tuvo conocimiento de que no tenía sus papeles en regla y por tanto tampoco la preceptiva tarjeta sanitaria, por lo que decidieron darle el alta forzosa sin colocarle el hueso que se le había extirpado. Ahora sólo el cuero cabelludo cubre su cerebro y cualquier roce p uede ser mortal para ella. A su hermana le dijeron que se hiciera cargo de ella durante las 24 horas de día, así que tuvo que dejar su trabajo. Además, por su situación económica tuvo que suspenderle el tratamiento antes de lo indicado por los médicos, por no poder pagar los medicamentos. Maria Concepción está a la espera de que la Conselleria de Salud se haga cargo de su situación.

A esto se suma que una plataforma de juristas de la Universidad de Valencia, contradice al Gobierno de la Generalitat que ha justivicado su decisión de eliminar la gratuidad de productos farmacéuticos y ortoprotésicos para personas con discapacidad en la necesidad de ajustar la normativa autonómica al Real Decreto Ley 16/2012. Los juristas aseguran que el gobierno valenciano sí tiene competencias para garantizar, a través de la legislación autonómica, la gratuidad de fármacos y ortoprotésicos a estas personas, sin contradecir el RDL 16/2012.

Fuentes: REDACCIÓN MÉDICA, 16-05-2013; EL MUNDO, 15-05-2013 (pág. 13 de la edición impresa); LA SEXTA.COM, 16-05-2013; EL HERALDO, 16-05-2013

http://www.redaccionmedica.com/autonomias/valencia/juristas-afirman-que-la-generalitat-puede-asegurar-la-gratuidad-de-los-farmacos-a-discapacitados-6453

http://www.lasexta.com/noticias/sociedad/abandonada-sistema-sanitario_2013051400010.html

http://www.elheraldo.hn/Secciones-Secundarias/Hondurenos-en-el-mundo/Hondurena-urge-atencion-medica-en-Espana

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