La Comunidad lidera el registro de objetores a la norma sobre asistencia a los ‘sin papeles’

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Sigue incrementándose la cifra de profesionales sanitarios que ha decidido inscribirse en el registro de objetores al Real Decreto Ley 16/2012 que, desde el pasado 1 de septiembre, deja en algunas comunidades sin atención continuada a los inmigrantes en situación irregular. Concretamente casi una cuarta parte (383) de la cifra actual (2.033) se ha sumado en la última semana.

Así lo hace saber la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), promotora de este registro, del que se desprende que entre los facultativos (2.000 inscritos) el porcentaje mayor corresponde a la especialidad de medicina de familia (71,30%) pero también hay otros sanitarios como psiquiatras (3,20%), internistas (3,15%), o pediatras (2%). Los enfermeros representan el 5,95% del total de registrados.

Madrid lidera el registro

Madrid continúa siendo la comunidad con mayor número de objetores (423). En ella y en Andalucía se han registrado, en cada una ellas, más de 60 médicos en la última semana. Prácticamente, uno de cada cinco objetores (22%) trabaja en Madrid, seguida de Cataluña (234 / 11,70%), Valencia (201/ 10%), Andalucía (194 / 9,70%), Aragón (151 / 7,55%) y Galicia (122 / 6,10%).

Antequera: “No espero sanciones a los médicos”

El profesor de derecho sanitario José María Antequera explica al diario EL PAÍS, que la objeción de conciencia solo es aplicable en casos extremos en que la normativa contradiga alguno de los principios básicos amparados en la Constitución (o en la Declaración de Derechos Humanos a la que España se ha adherido)”. Y pone como ejemplo que se estipule una orden taxativa de que quien no tenga tarjeta sanitaria no pueda ser atendido bajo ningún concepto. (…) Sin embargo, el educador considera que no se va a dejar de atender a la gente ni a imponer sanciones contra el personal médico: “El criterio general que se está imponiendo es atender, no generar desatención y que la consejería se encargue de la parte de tramitar el pago”. Los problemas, informa el profesor, “pueden darse en el ámbito administrativo, en el que la objeción de conciencia no aplica”.

Fuentes: SemFYC, 10-09-2012; EL PAÍS, 11-09-2012 (pág. 31 de la edición impresa)

 

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