Los pediatras tienen que certificar su inocencia desde el 1 de marzo

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A partir de mañana, día 1 de marzo, los pediatras y todo el profesional sanitario fijo o temporal que tenga un contacto habitual con menores deberán certificar que son inocentes, es decir, que no han sido condenados por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual (agresión, abuso o acoso sexual; corrupción de menores; exhibicionismo; prostitución y explotación sexual). DIARIO MÉDICO destaca que esta medida es de suma importancia porque se trata de un requisito para el ejercicio y acceso a la profesión sanitaria y que afecta tanto al médico del Sistema Nacional de Salud (SNS) como al de una clínica privada. Para facilitar tal medida este martes entra en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes Sexuales que gestiona el Ministerio de Justicia y cuya principal función es emitir un certificado “negativo” del solicitante. (…)

El origen legal de esta medida está en el Convenio del Consejo de Europa relativo a la Protección de los Niños contra la explotación y abuso sexual de 25 de octubre de 2007, conocido como el Convenio de Lanzarote, y que fue ratificado por España en 2010. Cinco años después, en 2015, la Ley de 28 de julio de Protección a la Infancia y a la Adolescencia modifica la Ley del Menor al exigir a “todas aquellas profesiones, sanitarias o no, que impliquen un contacto habitual con menores el requisito de no haber sido condenado por alguno de los delitos sexuales reseñados anteriormente”.

El Ministerio de Justicia puso a disposición de los profesionales y de las entidades un amplio abanico de opciones para facilitar el cumplimiento de esta obligación legal, ya que se puede solicitar por medios telemáticos, por correo o de forma presencial.

Conflictos

Su aplicación ha originado cierta alarma entre los profesionales sanitarios al imponer a los pediatras y a otros profesionales la obligación de demostrar que no han sido condenados por delitos sexuales. Y ello en un plazo de tiempo corto, según se desprende de las instrucciones dictadas por la Consejería de Sanidad de la Generalitat Valenciana y el Instituto Catalán de la Salud (ICS).

Los expertos consultados por DM coinciden en que se trata de una medida “excesivamente defensiva” y “desproporcionada” e incluso que pueden “tensionar” derechos constitucionales de diferente signo como, por ejemplo, el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del médico frente al derecho de protección de los menores de edad.

Fuentes: DIARIO MÉDICO, 29-02-2016

 

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