Los médicos de Madrid acusan a HIMA de haber hecho ‘trampas’ en el concurso de privatización de hospitales

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Recoge el diario EL BOLETÍN que la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) cree que HIMA San Pablo hizo ‘trampas’ y dio el CIF de las constructoras porque le estaba costando cumplir con uno de los requisitos impuestos por la Comunidad de Madrid en los pliegos para la externalización: constituir una empresa que se encargase de la gestión de los centros sanitarios.

Recuerda este diario que, tal y como informaba ayer la Cadena SER, en los documentos de la adjudicación oficial de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y el del Tajo (Aranjuez) no figura del CIF del grupo puertorriqueño, sino el de las constructoras que se encargaron de levantar estos centros hace cinco años.

Para AMYTS este no es más que otro de los errores de bulto que se han cometido en el proceso privatizador por las prisas y los deseos de la Consejería de Sanidad de llevar sus medidas a buen puerto cuanto antes. Fuentes de este colectivo consultadas por EL BOLETÍN han señalado que la trampa de HIMA ha sido poner el CIF de otras empresas quizá por las dificultades que se encontró a la hora de crear una sociedad, que no le permitieron cumplir con los plazos impuestos por el Gobierno autonómico.

La consejería le ha echado la culpa a un funcionario que tomaba nota, pero a nosotros nos parece que igual que HIMA tardó en dar el depósito de la fianza, cosa que le permitió la Comunidad de Madrid, debe estar retrasándose en la constitución de las sociedades”, han indicado desde AMYTS.

No obstante, “los pliegos están para algo, para cumplirlos. La Consejería tendría que haber descartado a la empresa y no lo ha hecho, le ha permitido hacer esta trampa para seguir adelante” con el proceso privatizador. “Si hubiese habido competencia en vez de reparto de hospitales, esto no había ocurrido” porque las otras candidatas ya habrían puesto el grito en el cielo, han aseverado las fuentes consultadas.

Según ha recordado el sindicato médico, los pliegos obligaban a las empresas adjudicatarias a constituir una empresa para la gestión de cada hospital. “Ha ocurrido que Ribera Salud y Sanitas han cumplido, mientras que HIMA ha facilitado un CIF que no era el suyo”, sino el de las constructoras que se encargaron de levantar los centros y que también “tuvieron que constituir una sociedad para encargarse de la gestión de los servicios no sanitarios en esos hospitales”.

Concretamente, el CIF que figura en la concesión del hospital de Parla corresponde a Sacyr, mientras que el del hospital de San Sebastián de los Reyes pertenece a la sociedad de Acciona. Por último, informa la SER, el CIF que aparece en la adjudicación del centro de Aranjuez pertenece a una UTE en la que se encuentra Assignia, la empresa de la que forma parte el exconsejero de Sanidad de Madrid Manuel Lamela.

Ante esta situación, AMYTS ha decidido poner el asunto en manos de sus abogados. “Es una irregularidad más que se acumula a las anteriores. Nuestra asesoría jurídica está viendo cómo incluirla en la denuncia que presentamos ante la Justicia” para lograr que se invalide el proceso. Y las noticias podrían llegar dentro de poco, ya que “tendría que haber algún tipo de pronunciamiento” en la “primera quincena de este mes”, han confirmado desde la organización.

Nueva “chapuza” de Lasquetty

Bajo el titular “Nueva ‘chapuza’ de Lasquetty: adjudica por error los hospitales a las constructoras y no a HIMA”, EL BOLETÍN ofrece otra amplia información sobre este asunto, en este caso haciéndose eco de este “error administrativo” admitido por la propia Consejería del que informaba a lo largo del día de ayer la Cadena SER. Jesús Vidart, director de gestión económica del departamento de Lasquetty confirmaba que el Código de Identificación Fiscal (CIF) que figura en los papeles de adjudicación no pertenece a HIMA, sino a las constructoras, aunque quitó hierro al asunto asegurando a la emisora del Grupo Prisa que se trata de un simple error que subsanarán en los próximos días, sin consecuencias. Sin embargo, este error está ya en manos de los abogados de los partidos políticos de la oposición y de los sindicatos médicos, que creen que el nuevo fallo de la Consejería podría invalidar por completo el proceso.

Sobre el papel, la Comunidad de Madrid ha adjudicado esos tres hospitales a las constructoras.

Otros “errores”

Aunque esta no es la única ‘chapuza’ de Lasquetty en el proceso privatizador -continúa EL BOLETÍN-. De hecho, el concurso ha estado plagado de errores desde el principio debido a las ‘prisas’ de la Consejería de Sanidad.

Primero se conoció una equivocación de la Comunidad de Madrid en la memoria económica que se elaboró para justificar el ahorro con la privatización. En aquella ocasión, los técnicos del Gobierno regional admitieron que no habían incluido en los cálculos de gastos la paga extra de los funcionarios, lo que supuso una subida de 87 millones de euros en el gasto total del contrato.

Después vino el fallo en los pliegos, donde se informaba de la fórmula utilizada para valorar las ofertas. La Consejería se olvidó de incluir el símbolo ‘%’ en dicha cuenta matemática, lo que cambiaba las condiciones del concurso hasta tal punto de premiar casi en exclusiva la oferta económica sobre otros requisitos. Un error que el departamento de Lasquetty tuvo que corregir urgentemente.

Asimismo, la Consejería de Sanidad también se olvidó de incluir en los anexos de los pliegos todo el equipamiento sanitario de Alta Tecnología del Hospital del Tajo, e incluso los trabajadores se quejaron de que en los inventarios elaborados por el Ejecutivo autonómico faltaban equipos y también personal, puestos de trabajo que no figuraban.

Por último, la Comunidad modificó los pliegos unos días antes del fin del plazo para presentar ofertas y pasó de exigir una garantía del 5% de la adjudicación total del contrato a un 5% del importe correspondiente al primer año. En la práctica, la decisión de la Consejería de Sanidad se tradujo en una reducción del 90% del importe, puesto que la concesión se había fijado por 10 años. Es decir, se pasó de exigir 200 millones de euros a las adjudicatarias a solo 28 millones.

Fuentes: EL BOLETÍN, 03-09-2013; EL BOLETÍN, 04-09-2013

 

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