Los Estatutos del ICOMEM (I)

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Revista Madrileña de Medicina

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Nº 11. Marzo 2014.

El Colegio que queremos, el Colegio que necesitamos

LOS ESTATUTOS DEL ICOMEM (I)

Miguel Ángel García Pérez*

Como ya habíamos anunciado previamente, vamos a dedicar unas páginas el análisis de los Estatutos actualmente vigentes en el Colegio Oficial de Médicos de Madrid, que, como sabemos, deben estar conformes a la Ley de Colegios Profesionales de 1974 mientras no llegue a puerto la nueva propuesta de legislación sobre el tema, a la que también dedicaremos en su momento algunas reflexiones.

Aspectos generales

El Colegio comienza definiéndose (art. 1), en sintonía con la citada Ley, como corporación de derecho público, es decir, como una entidad democrática, asociativa y representativa, independiente de la Administración, pero con el encargo, por parte del Estado, de realizar una tarea público-administrativa de interés público, en nuestro caso relacionada con la regulación de la profesión médica. Independiente, por tanto, pero también sometida a una regulación específica debido a la tarea que tiene encomendada.

Se constituye en representación exclusiva de la profesión médica, de la actividad profesional de los colegiados (proporcionando amparo en caso de vejación o desconsideración) y de la defensa de sus intereses profesionales en la Comunidad de Madrid. Es interesante recalcar aquí que sólo puede ser representante único si nos ceñimos a los aspectos puramente profesionales, pues otro tipo de contenidos, como los laborales, se reservan para otro tipo de organizaciones, motivo por el que existe AMYTS como sindicato médico. De ahí la insistencia en el término profesional en ese partado de los Estatutos colegiales. Pero también se deduce de ahí que una defensa coherente de la profesión médica y, con ello, de la práctica profesional, precisa de la colaboración y sintonía de las diferentes organizaciones, incluyendo también, por supuesto, a las sociedades científicas e incluso la docencia de pre y post-grado. En esa colaboración está AMYTS firmemente comprometida, y así lo ha demostrado previamente, aunque, ciertamente, la actual situación del Colegio hace que, en este momento, no sea viable. Pero en ningún caso supone esto una renuncia a un objetivo de unidad como el que ya está dando frutos a nivel nacional, a través del Foro de la Profesión Médica y del Foro de Médicos de Atención Primaria, en los que AMYTS participa a través de CESM.

Es precisamente ese carácter de representante exclusivo de la profesión médica, con los matices analizados y ligado a su tarea público-administrativa como entidad de derecho público, el que hace que deba agrupar de forma obligatoria a todos los profesionales. Y con ello se toca un punto de continuo debate, el de la colegiación obligatoria, que está pendiente en este momento del nuevo desarrollo legal. Es un debate importante, con trascendencia en la regulación de la profesión, por lo que no se puede limitar tan sólo a la propuesta alternativa de la colegiación voluntaria, sino a que, en este caso, se aclare cómo se produciría la misión de regulación profesional. Pero ese debate queda para otro momento, ya que excede al propósito de este análisis sobre los Estatutos vigentes.

La representación legal del Colegio recae en la Presidenta, según el artículo 1.4º, aunque en este momento, en la situación grotesca que estamos viviendo, sea en oposición al resto de su Junta Directiva, lo que la incapacita de hecho para realizar algunas de las funciones que dicha representación supone. Tanto presidente como vicepresidente tienen carácter de autoridad en el ejercicio de sus funciones.

Los fines fundamentales de la corporación (art. 3) son la ordenación del ejercicio, la representación de la profesión y de sus intereses profesionales, la salvaguardia de los criterios éticos, la actuación frente al intrusismo profesional y la colaboración con los poderes públicos en la consecución del derecho a la protección de la salud, cooperando en la formulación y/o ejecución de la política sanitaria. Para este último fin se le reconoce el derecho a informar preceptivamente los proyectos de normas en torno al ejercico de la Medicina y de la sanidad en la Comunidad de Madrid y, a través del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), también en el ámbito estatal. Se definen otros fines, como la promoción del nivel centífico, cultural y económico social de los médicos mediante la creación de sistemas de previsión y protección social, la actualización profesional de los colegiados y la prestación de servicios específicos profesionales.

Para ejercer la función de registro profesional se dota de competencias en relación a la realización del censo de profesionales y del registro de títulos, elaborando las estadísticas que se consideren necesarias a tal efecto. Para velar por la garantía de calidad en el ejercicio profesional, se propone promover la cualificación profesional, velar por el cumplimiento de las normas éticas e instar a las instituciones sanitarias para la correcta dotación en medios humanos y materiales de los servicios sanitarios. Y en un aparente incumplimiento del art. 14 de la Ley de Colegios Profesionales, que prohíbe la elaboración de baremos orientativos para la práctica profesional, se atribuye la competencia de recomendar honorarios orientativos y de establecer convenios con entidades de seguro libre para establecer dichos honorarios; hay que aclarar que este aspecto fue objeto del intento de reforma estatutaria que se realizó durante al año pasado, cuya validez quedó en entredicho al no contar con la aprobación de la Comunidad de Madrid.

Régimen estatutario

El proceso de elaboración y modificación de Estatutos de los colegios profesionales está regulado en el art. 6 de la Ley de Colegios Profesionales, según el cual el correspondiente Consejo General establecerá unos Estatutos generales que deberán ser aprobados por el Gobierno, y cada Colegio elaborará, de acuerdo con los mismos y con la citada ley, su propio Estatuto particular, que deberá ser aprobado por el Consejo General; el mismo procedimiento habrá de seguirse para su modificación.

El funcionamiento del Colegio se debe regular por los Estatutos que estamos analizando, para cuya modificación debe seguirse el siguiente procedimiento:

  1. Solicitud por parte de los 2/3 de la Junta Directiva, del 25% de la Asamblea o del 25% del censo total de colegiados, acompañada de la correspondiente propuesta de modificación

  2. Traslado a la colegiación y período de proposición de enmiendas de 30 días de duración

  3. Nuevo plazo de 30 días para estudio de las propuestas e incorporación de las mismas a la propuesta de modificación.

  4. Convocatoria de Asamblea para la defensa y votación de las enmiendas

  5. Presentación en la misma Asamblea del texto definitivo, para su aprobación íntegra o por capítulos o artículos, según criterio del Presidente salvo oposición de la mayoría (mitad más uno) de los compromisarios asistentes

  6. De ser aprobado el texto, remisión a la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid para su calificación de legalidad y su posterior inscripción en el Registro de Colegios Profesionales de la Comunidad de Madrid.

En relación con este último asunto, queda por tanto en entredicho la validez de la reforma estatutaria aprobada durante el año 2013, dado que no ha superado el trámite ante la Comunidad de Madrid. Pero no es intención de este artículo resolver el problema desde el punto de vista legal, sino tan sólo facilitar el conocimiento del contenido de los Estatutos para que todos podamos conocer un poco mejor el mecanismo de funcionamiento del Colegio de Médicos madrileño.

(Continúa)
(Artículo abierto a comentarios)

 

*Miguel Ángel García Pérez es médico de familia, doctor en Medicina, máster en Bioética y director médico de la Revista Madrileña de Medicina

 

 

 

 

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