La recusación de Martínez Tristán, pendiente de alegaciones

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Con la dimisión, ayer, como senador del secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, en el centro de la polémica, el proceso de recusación del magistrado Francisco Gerardo Martínez Tristán sigue su curso en el TSJ de Madrid. El juez, presidente de la Sala Contenciosa-administrativa del tribunal autonómico, forma parte del grupo propuesto de manera consensuada por el Partido Socialista y el Partido Popular para la próxima renovación del Consejo General del Poder Judicial. Ayer la Cámara Alta completó el grupo de magistrados que formarán el órgano de gobierno de los jueces, en una votación en la que Tomás Gómez no participó.
Recuerda DIARIOMÉDICO (DM) que la recusación presentada por el PSM, alegando que la esposa del magistrado es consejera de Castilla-La Mancha, en un Gobierno autonómico con mayoría del Partido Popular, ha motivado la paralización de los trámites judiciales para resolver los recursos presentados contra la privatización sanitaria en la comunidad. El PSM ha respondido a los requerimientos del tribunal, que pedía aclarar unas cuestiones de su recusación y, ahora, el órgano judicial dará conocimiento a las partes del citado proceso de recusación, para que éstas, en el plazo de tres días, se pronuncien.
Entre los que podrán alegar están CCOO, AFEM, AMYTS y la Comunidad de Madrid, pues se consideran partes interesadas. Agotados los tres días, el siguiente paso será nombrar un juez instructor que resuelva sobre si los motivos de recusación tienen o no fundamento. Si el juez instructor determina que no hay indicios para la recusación, entonces, archivará el proceso por medio de un auto que, a su vez, admite recurso. En caso contrario, si el juez ve indicios de recusación, el proceso será visto por una sala especial del tribunal.
Según fuentes consultadas por DM, la decisión final sobre la recusación del magistrado tendría un efecto limitado sobre los procesos abiertos contra la privatización en Madrid. Más allá del evidente retraso, el signo de la decisión judicial sobre la privatización es fácil de deducir aplicando "la lógica judicial", a partir de lo ocurrido en el Pleno de la Sala de lo Contencioso del TSJ de Madrid, que se celebró el pasado 31 de octubre: 35 magistrados votaron en contra de juzgar la privatización hasta que no se resolviera la recusación del presidente, frente a 9, que consideraban más ajustado a derecho mantener los tiempos marcados para resolver sobre los procesos de sanidad.

Fuentes: DIARIO MÉDICO, 27-11-2013 (pág. 7 de la edición impresa)

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