La irresponsabilidad política no puede acabar salpicando a los profesionales

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Mucho hemos hablado de la forma irresponsable con que nuestros políticos han afrontado, y continúan afrontando, la crisis COVID-19. Pero lo que temíamos, una vez comenzada a superar ésta, es que esa irresponsabilidad acabara teniendo consecuencias jurídicamente negativas para nuestros compañeros. Y está comenzando a ocurrir.

La primera parte de esa irresponsabilidad ya ha quedado de manifiesto a lo largo de la crisis. La no asunción precoz de medidas, tanto de aislamiento social como de previsión ante el brote epidémico que se avecinaba, hizo que el número de afectados por COVID-19 creciera de forma exponencial durante la segunda mitad del mes de marzo, dando al traste con la (muy escasa) capacidad de reserva de nuestro sistema sanitario y con la provisión de equipos de protección individual (EPI) para los profesionales. Ello obligó a tomar medidas apresuradas que consiguieron incrementar hasta en un 200% la capacidad asistencial del sistema, que se dedicó en su mayor parte al tratamiento de la infección, y aliviar, tan sólo parcialmente en muchas ocasiones, la escasez de EPI. Todo ello en un clima de angustia generalizada, de gran sobrecarga asistencial y emocional para los profesionales, y de graves consecuencias para la sociedad (por la elevada morbimortalidad que se ha producido en un período tan escaso de tiempo, y por las medidas de confinamiento que nos hemos visto obligados a adoptar).

En ese recorrido, se han escuchado múltiples testimonios de carencia de recursos, que han llevado en bastantes ocasiones a la necesidad de tener que priorizar a unos pacientes sobre otros a la hora de poder aplicarles, por ejemplo, medidas de soporte crítico. Y, en la sombra, muchas más experiencias de sufrimiento y angustia de los propios profesionales ante situaciones de ese tipo, e incluso de autoorganización para hacer aún más eficiente el uso de los recursos y reducirlas todo lo posible.

La segunda irresponsabilidad es que nuestros políticos, sistemáticamente, han tendido a negar que se hayan dado esas situaciones. Lo hemos oído de responsables políticos de diferente signo, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso (PP), o el presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García Page (PSOE), ambos desmentidos por la experiencia directa de los propios profesionales. Poner como excusa que nunca estuvieron libres menos de 12 respiradores en Castilla La Mancha (que dispone de 18 centros hospitalarios) es reconocer que en más de una ocasión no había disponibilidad en más de uno de ellos. Y argumentar, como en algún caso se ha escuchado, que “nunca se alcanzó la capacidad máxima de respiradores” es confundir con el argumento, pues la capacidad máxima sólo se logró tras superar la parte más aguda de la crisis, cuando una vez visto que no crecía el número de afectados se dejó de forzar el crecimiento del sistema.

El déficit de recursos de atención a críticos (como de muchos otros recursos, aunque no hayan tenido la misma significación o trascendencia) no sólo fue detectado por los profesionales, o por los propios afectados, sino también por importantes instituciones relacionadas con la sanidad. En primer lugar, por dos de las sociedades científicas más directamente implicadas en los cuidados críticos de los pacientes infectados por COVID, las de Medicina Intensiva y de Anestesiología y Reanimación, que con fecha 20 de marzo emitieron sendas recomendaciones éticas para orientar la toma de decisiones en caso de necesidad de priorizar pacientes para la utilización de cuidados críticos. Ya antes, el Comité de Bioética de España se había ofrecido anticipadamente al gobierno de España para ayudar en la realización de criterios de priorización, pero el día 23 de marzo recibió una petición de la Dirección General de Políticas de Discapacidad, Secretaría de Estado de Derechos Sociales, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, acerca de las implicaciones éticas que para las personas con discapacidad podían tener las guías publicadas, y acabó emitiendo su informe sobre criterios de priorización el día 25 de marzo, exponiendo claramente que debería ser la autoridad sanitaria quien refrendara un conjunto de criterios orientativos que fuera respetuoso con el ordenamiento constitucional. Como tardía respuesta a esta petición, y a la realidad de la sanidad española, el Ministerio acabó finalmente publicando su Informe sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2 el día 4 de abril, una vez superado el pico de la curva epidémica, y reconociendo que los derechos fundamentales podrían sufrir algún tipo de limitación no nuclear en el contexto de escasez de recursos que supuso el brote COVID-19.

Negar la realidad no es sólo irresponsable, sino que produce consecuencias absurdas. Y una de ellas es que, en los procesos que se están iniciando de petición de responsabilidades por los daños sufridos durante la crisis, se está llegando a cuestionar la actuación de los profesionales, como si esta hubiera tenido lugar en condiciones de normalidad. Y no sólo no tiene sentido, sino que hacer pasar a los profesionales que tanto reconoce nuestra sociedad por un nuevo momento de angustia, al tener que defenderse de las dudas que se pueden verter sobre su actuación como si esta hubiera tenido lugar en las ya mencionadas condiciones de normalidad. No sólo han tenido que sufrir la dura sobrecarga asistencial y emocional de la atención al aluvión de pacientes COVID, incluso cambiando de áreas de actuación, sino que ahora tienen que justificar una actuación prácticamente heroica, sin suficientes medios de protección, sin suficientes recursos y, con todo, tratando de hacer lo mejor para cada uno de los pacientes

Hay que decirlo ALTO y CLARO: no fueron condiciones de normalidad las que se dieron durante las semanas más duras. ¿O consideraríamos como normalidad la constatación de hospitales abarrotados y reconvertidos en monográficos-COVID, UCIs sin recursos, personal sanitario sobrepasado y angustiado, pacientes aislados, familias fragmentadas y semi-aisladas ansiosas ante la evolución de sus seres queridos, muertos, muchos muertos…?

Lo vivido durante lo más duro de la crisis COVID-19 se ha expresado de muchas maneras, incluso definiéndolo como “sanidad de guerra”, pero en realidad tiene un nombre muy claro: un desastre sanitario, cuando no una catástrofe. El término catástrofe se define como un “suceso infausto y extraordinario que altera gravemente el orden natural de los acontecimientos“, y según la OMS se considera catástrofe “cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada“, mientras que el diccionario de la Real Academia Española lo define como “suceso que produce gran destrucción o daño“. No parece ninguno de estos sentidos muy alejado de lo vivido por la sociedad española, y más específicamente por su sistema sanitario…

Dejémonos, por tanto, de frivolidades, y exijamos a nuestros responsables políticos (a todos y de todos los signos) que asuman la realidad: que en lo más duro de la crisis COVID hemos vivido una situación de catástrofe que nuestros profesionales sanitarios han tratado de afrontar con el mayor rigor y entrega posibles con los medios que las autoridades sanitarias ponían a su alcance (aquéllos que la sociedad ha sido capaz de mantener y adquirir), y que en ningún caso deben verse afectados, ni salpicados siquiera, por las insuficiencias del sistema sanitario. Que nuestros políticos lo reconozcan y hagan constar públicamente, con un reconocimiento que tenga valor político y jurídico, y que se tomen las medidas oportunas para evitar cualquier revisionismo de lo sucedido que trate de entender que se vivió un momento de normalidad sanitaria y social. Y que desde ese reconocimiento nos pongamos todos a trabajar por una sanidad y una sociedad de futuro, capaces de hacer frente a los retos que se nos presentan, y que comienzan con las consecuencias socioeconómicas de la crisis vivida y con la posibilidad de nuevos rebrotes de la infección.

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