La disponibilidad de EPI como criterio para la desescalada

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Continúan los datos positivos en la evolución del primer pico de la infección por COVID en España, y por eso se escucha hablar cada vez más del posible desescalamiento de las medidas de aislamiento social a medio plazo. La palabra aparece en los discursos de los políticos responsables de la gestión de la crisis, y comienza también a manejarse en los círculos profesionales y de expertos en el ámbito de la Salud Pública. De hecho, la propia Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH) ha hecho público su Propuesta de medidas y cuestiones a considerar para la fase de transición de la pandemia por SARS-CoV-2 en España, un detallado informe técnico que recoge una amplia batería de indicadores y medidas a desarrollar durante la fase postcrítica, tanto en los sistemas sanitario y sociosanitario como en la sociedad en general, de manera siempre adaptada a la evolución real de la infección por COVID-19.

No hay que ocultar lo que esto significa: que parecemos haber atravesado ya la fase más dura de la curva inicial de expansión de la enfermedad, durante la que todo el sistema sanitario se ha rediseñado de forma precipitada para asumir la brutal carga de trabajo que ha supuesto la atención a los infectados, incluso sufriendo dolorosamente algunas limitaciones de recursos (principalmente camas de críticos y equipamientos de protección para los profesionales), y que se abre ahora un horizonte de recuperación progresiva de la normalidad, que aún tardaremos en alcanzar; por poner un ejemplo, las UCI están muy sobredimensionadas aún en este momento, y tardarán en poder alcanzar su nivel normal de actividad. Se trata de un proceso que, aunque esperanzador, no se antoja ni fácil ni claramente predecible. Reto y esperanza parecen ir de la mano en esta nueva fase en la que parece que nos internamos.

Se está hablando mucho de la importancia de los test diagnósticos (tantas veces anunciados y todavía no aparecidos a suficiente ritmo) para atravesar con éxito esta nueva fase, de forma que se permita la detección y aislamiento precoz de todos los infectados y sus contactos más directos, para tratar de controlar la infección. Esto es especialmente importante, además, en las instituciones cerradas de riesgo (principalmente residencias y otras instituciones sociosanitarias, y centros de internamiento y prisión), así como en las propias instituciones sanitarias, cuyos profesionales deberían ser especialmente protegidos por su exposición al virus y no llegar a convertirse, así, en vectores de mantenimiento activo de la infección en nuestra sociedad. Se habla también de la importancia del uso generalizado de mascarillas, sobre todo en los ámbitos en que el distanciamiento entre personas no sea posible, como es el caso del transporte público. Y se sigue insistiendo en la necesidad del lavado de manos.

Hay que tener en cuenta que el desescalado de las medidas de aislamiento social puede generar un repunte en el número de nuevos casos de infectados, lo que hace necesario que se continúe con la vigilancia de la evolución de la enfermedad y se tenga en cuenta la capacidad de atención del sistema sanitario (cuyo punto crítico parece la dotación de camas de UCI y de personal entrenado para la atención de los pacientes que las necesiten, entre otros muchos otros recursos necesarios). Por ello, dicho desescalado ha de ser prudente y vigilante, pudiendo ser necesaria su reversión en algún momento en caso de que los datos así lo precisen. Y habrá que estar en todo momento preparados para prestar asistencia a todo paciente que lo precise, lo que requiere de un sistema sanitario reforzado tanto en recursos materiales como personales, como recuerda el informe citado al inicio de este texto.

Y en ese contexto nos gustaría destacar uno de los recursos allí también mencionados: la adecuada disponibilidad de equipamientos de protección individual. No podemos olvidar que su déficit ha sido uno de los puntos débiles de la atención a este primer pico de la enfermedad, y que ha expuesto a un riesgo incrementado a numerosos profesionales que se han dedicado, a pesar de todo, a la atención de los pacientes afectados. Que esto haya ocurrido, por una mezcla de imprevisión por un lado y de elevada competencia en los mercados internacionales por otro, no puede justificar, en absoluto, que se vuelva a contar con dicha contingencia para el futuro. Cualquier valoración de escenarios de desescalamiento tiene que tener en cuenta no sólo la evolución de la enfermedad y la disponibilidad cuantitativa de recursos sanitarios, tanto materiales como humanos, sino también la necesidad de protección de estos últimos. Y si este factor llega en algún momento a constituir el elemento crítico limitante de la desescalada, pues asúmase como lo que es: un requisito imprescindible para la seguridad de los profesionales y una obligación de las instituciones sanitarias (en nombre del conjunto de la sociedad) para con ellos.

El desescalamiento de las medidas de aislamiento social, necesario para la recuperación de la vida social y económica de nuestro país, no debe olvidarse de la seguridad de los profesionales sanitarios; y si es cierto el agradecimiento que la sociedad vive hacia estos últimos por su esfuerzo y entrega, no debe volver a exponerlos al riesgo que se han visto obligados a asumir. Así pues, considérese la disponibilidad de equipos de protección individual no sólo como una exigencia, que lo es, sino también como un indicador crítico en la evaluación de la fase de recuperación de la pandemia.

 

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