PROFESIÓN. Inquietud entre los médicos por el proceso de validación colegial

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Son muchas las llamadas que estamos recibiendo en estos días en relación a la Validación Periódica de la Colegiación, tras la remisión de un correo, por parte del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), a los médicos de nuestro ámbito, en el que se indica el inicio del proceso en este mes de noviembre y se plantea la posibilidad de que dicho proceso sea obligatorio a partir del próximo año 2017. Dicho correo puede consultarse en este enlace. Dada la posible confusión creada, al hilo de las llamadas recibidas, creemos que es necesario intentar clarificar la situación a partir de los documentos existentes.

La Validación Periódica de la Colegiación (VPC), tal y como aparece definida en el único documento existente al respecto en la página web del ICOMEM, redactado por la Organización Médica Colegial, es un proceso por el cual los colegios “evalúan y reconocen la buena praxis profesional, la valoración de salud, la actividad laboral y el Desarrollo Profesional Continuo de los médicos para el ejercicio de la profesión”. En otras palabras, con ello la institución colegial daría fe “de que el médico que la obtiene reúne y mantiene los estándares definidos para ejercer como médico”. En este sentido, el proceso de VPC sería un elemento positivo en la garantía de la calidad profesional de los servicios que prestan los médicos, proceso que quedaría abierto a la futura incorporación de la reacreditación (VPC-R). Sin embargo, no queda claro que el proceso en sí aporte ningún beneficio directo a los propios profesionales, e incluso les somete al riesgo de no alcanzar dicha validación en determinadas circunstancias.

En torno a la obligatoriedad, se insiste en que se trata de una exigencia de la Unión Europea. Se cita con frecuencia para ello (aunque no en este caso) la Directiva de Reconocimiento de Cualificaciones Profesionales 2013/55/EU, que modifica la previa de 2005, y que, en el contexto de la garantía de la libre movilidad de profesionales en el espacio europeo, indica lo siguiente en la nueva redacción del artículo 22:

(b) Los Estados miembros velarán, de conformidad con los procedimientos propios de cada Estado miembro y mediante el fomento del desarrollo profesional continuo, por que los profesionales cuya cualificación profesional esté sujeta al capítulo III del presente título puedan actualizar sus conocimientos, capacidades y competencias con el fin de preservar el ejercicio seguro y eficaz de su profesión y mantenerse al día de la evolución de la profesión”.

“Los Estados miembros notificarán a la Comisión las medidas adoptadas en virtud del párrafo primero, letra b), a más tardar el 18 de enero de 2016″

Aunque hemos tratado de obtener algún texto oficial europeo que transforme esta notificación de medidas en torno al fomento del desarrollo profesional en obligación para la evaluación de dicho desarrollo, incluso solicitándolo a compañeros del entorno colegial, nuestro intento ha sido infructuoso. No habría, por tanto, obligación procedente de Europa para iniciar ningún tipo de evaluación de la competencia o del desarrollo profesional. Y así lo confirma, de hecho, el comunicado emitido recientemente por el Consejo Catalán de Colegios Oficiales de Médicos. Teniendo en cuenta, por otro lado, que la legislación española tan sólo establece de forma genérica que los profesionales sanitarios “acreditarán regularmente su competencia profesional” (art. 4.6 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias), proceso que la Ley de Cohesión y Calidad matiza con una serie de requisitos que aún no se han desarrollado, tan sólo quedaría como opción, hasta donde alcanza nuestro conocimiento, que fuera la propia organización colegial, a nivel estatal o autonómico, quien impusiera dicha obligación.

Sin embargo, iniciar un proceso de este estilo -que, además, se configura como la fase inicial de un proceso encaminado a completarse con la recertificación- debería partir de un previo debate de toda la profesión y contar con el apoyo y la colaboración de todas las organizaciones profesionales. En este sentido, el Foro de la Profesión Médica ya alcanzó un consenso en torno al conjunto del proceso del Desarrollo Profesional en el año 2010, e incluso firmó un acuerdo global con el Ministerio de Sanidad que incluía el Desarrollo Profesional (página 6 del Acuerdo) y que no ha sido desarrollado hasta el momento. Llama la atención también que, a pesar de la promoción tanto por parte de la Organización Médica Colegial como de las Sociedades Científicas, el tema del Desarrollo Profesional no haya sido objeto de avances importantes en el seno del propio Foro de la Profesión Médica, instrumento privilegiado para todo este tipo de debates.

Nos encontramos, por tanto, ante un tema que, dado su valor intrínseco, debería tener un desarrollo más armónico y estructurado, con el liderazgo consensuado de todas las organizaciones profesionales (para que no quede en manos exclusivas de las Administraciones, sometido a sus avatares políticos) y sin perder de vista la perspectiva del profesional de a pie, que no es sólo un medio para lograr una atención de calidad, sino que es un fin en sí mismo, y que merece se defiendan sus derechos y expectativas en todo ese proceso. Y máxime en un proceso cuyo recorrido total no puede asegurar la correcta detección de los médicos con un “ejercicio deficiente”, tal y como plantea la Declaración de Consenso de las organizaciones médicas europeas sobre Desarrollo Profesional.  No podemos cargar otro fardo más a sus espaldas sin considerar y desarrollar adecuadamente los mecanismos de salvaguardia necesarios, a los que no se alude en absoluto en el correo del ICOMEM y que tampoco desarrolla claramente el documento de la OMC, a pesar de que tiene ya una amplia trayectoria recorrida, por ejemplo, en el apoyo al médico enfermo; mecanismos de salvaguardia que, por otro lado, no pueden ser desarrollados en su totalidad sin contar con los empleadores y con las organizaciones que defendemos los derechos de los profesionales dentro de las mismas, pues en ocasiones habrán de requerir adaptaciones o modificaciones de los puestos de trabajo.

Aún teniendo en cuenta la responsabilidad de la organización colegial en la garantía de la competencia profesional de los médicos, estamos todos emplazados a hacer las cosas bien y a partir de un sólido consenso en el que deberían garantizarse los derechos de los profesionales. No puede considerarse suficiente una mera comunicación por correo electrónico para iniciar este proceso, que sólo puede entenderse (como sugiere el propio documento oficial sobre VPC) dentro del marco más amplio del Desarrollo Profesional y la Evaluación de Competencias. En este sentido, el Congreso CESM del pasado mes de junio asumía las siguientes conclusiones en relación a este tema:

POR UN DESARROLLO VERDADERAMENTE PROFESIONAL
1. Debemos tomar en serio el proceso de DP: desarrollo antes que evaluación.
2. CESM debe garantizar el respeto a la persona del médico y a su actividad, sin que se le carguen actividades adicionales.
3. Antes que regular y/o evaluar el DP, deben desarrollarse procesos definidos de desarrollo profesional en cada especialidad y/o área de competencia, basados en las buenas prácticas conocidas que recojan todo tipo de actividad que el médico puede realizar para mantener y/o mejorar su competencia profesional.
4. Deben facilitarse las condiciones técnicas y económicas que hagan posible la implicación del médico en esos procesos, incluyendo en el DP mecanismos de incentivación y reconocimiento adecuados.

Construyamos bien las cosas desde el principio. Es la mejor garantía para contar con una estructuración sólida de la profesión médica, tan necesaria en estos momentos.

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