Informe ministerial sobre aspectos éticos de la pandemia COVID

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El pasado sábado, 4 de abril, se hizo público un informe “sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: el SARS-CoV-2” en la página de documentos técnicos del Ministerio de Sanidad en relación al coronavirus. Con expertos de prestigio entre sus autores y revisores (Carlos Romeo, Adela Cortina, Lluis Cabré…), el documento realiza una serie de consideraciones éticas en época de pandemia y las aplica a la situación actual de la infección por coronavirus. Sorprende, sin embargo, que para un informe de semejante calado se constituya un grupo ad hoc cuando previamente se había ofrecido para esta misión el Comité de Bioética de España en su informe sobre el mismo tema.

La publicación del Informe parece una respuesta a la petición realizada por dicho Comité, que AMYTS también respalda, de que existan unos criterios unificados y con soporte institucional para la toma de decisiones en asignación de recursos escasos, tema que ha adquirido mucho peso en esta crisis debido a la limitación de recursos de camas de UCI. Sin embargo, no queda claro el grado de respaldo que las conclusiones de este informe alcanzan del Ministerio de Sanidad, pues, como se dice textualmente en su primera página, el documento se realiza “con el propósito de que las autoridades competentes… les den el respaldo que consideren más apropiado”. Y más adelante afirma que “El equipo médico responsable del paciente será el que deberá asumir las implicaciones de su decisión”, lo que supone una abstracción de la situación real de limitación de recursos en que, con frecuencia, se han visto embarcados los profesionales, que no son responsables de la misma.

El documento comienza, tras una breve introducción, con la presentación de sus “Conclusiones”, que irán seguidas del desarrollo del documento como tal. Se reconoce que estamos en medio de una crisis sanitaria que requiere medidas extraordinarias, como una cierta limitación de derechos y libertades que no afecte a su núcleo esencial, y la introducción de instrumentos de priorización en un contexto marcado por los principios de equidad, no discriminación, solidaridad, justicia, proporcionalidad y transparencia, y que en ese contexto le corresponde al “Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Sanidad, asumir la responsabilidad política de adoptar criterios, orientaciones, recomendaciones y decisiones unificadoras… dirigidas a los profesionales sanitarios y no sanitarios afectados, a los pacientes y, en suma, a toda la sociedad”.

Sobre esta base se emiten las siguientes recomendaciones:

  • Universalizar, en la medida de lo posible, el acceso (incluso obligatorio, si fuera necesario) a las pruebas diagnósticas
  • Proporcionar a los profesionales criterios orientadores claros y sencillos, objetivos, generalizables, transparentes y públicos, que tendrán que individualizar en cada caso concreto, y que, en caso de necesidad de priorización, son los siguientes:
    • No discriminación por ninguna circunstancia ajena a la situación clínica y expectativas de supervivencia (edad, discapacidad…)
    • Máximo beneficio en la recuperación de vidas humanas
    • Gravedad del paciente (situación clínica)
    • Expectativas objetivas de recuperación
    • Orden temporal de entrada en el sistema sanitario
  • Solicitar apoyo a la decisión a los comités de ética asistencial cuando sea posible
  • Compatibilizar la atención a enfermos COVID con la de pacientes de otras patologías que lo precisen
  • Asegurar, por parte de la Administración, la planificación y coordinación de los recursos existentes
  • Apoyar a los profesionales con los recursos habitacionales que precisen, así como mediante la dotación de los Equipos de Protección Individual necesarios para cada caso y la garantía de períodos de descanso y de un adecuado apoyo psicológico
  • Contratar (y distribuir de forma equitativa) el personal necesario siempre que se garantice su idoneidad, pero minimizando el riesgo de exposición a la infección de los profesionales jubilados, y garantizando un nivel de formación adecuado a todo el personal que se vea implicado

El desarrollo del documento completo incluye, además, las siguientes valoraciones:

  • No se puede dejar la toma de decisiones en los profesionales o en sus organizaciones científicas, sino que debe implicar al conjunto de la sociedad
  • Los escasos medios de diagnóstico causal deben priorizar en este momento a quienes están más implicados en la situación: profesionales sanitarios, profesionales de cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ciudadanos con mayor riesgo, contactos de pacientes positivos. Y probablemente en ese orden.
  • Se reconoce la tensión adicional que le supone a los profesionales sanitarios tener que priorizar entre pacientes para ofrecer un tratamiento necesario pero escaso, como puede ser el caso de los respiradores. Por ello, se considera necesario dotarles de un conjunto de criterios orientadores, entre el utilitarismo y el humanitarismo, a aplicar solamente cuando no haya otra solución disponible

Valorando positivamente la publicación del documento y el establecimiento de unos criterios comunes de priorización, volvemos a insistir en la escasa garantía de apoyo institucional que ofrece al no definir el grado de asunción de sus contenidos por parte del Ministerio de Sanidad. Y esto cobra mayor importancia cuando el informe del Comité de Bioética de España, en relación a las decisiones de priorización, que pueden suponer una limitación del derecho a la protección de la salud, “sólo puede corresponder única y exclusivamente a la autoridad pública, la única facultada constitucionalmente para limitar y suspender derechos”. O sea, que el Ministerio no ha terminado sus deberes con este informe…

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