CON FIRMA. “Indicación enfermera”, por Miguel Ángel García

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Llevamos ya cuatro meses arrastrando el tema de la llamada prescripción enfermera desde que, el pasado otoño, el gobierno español anunciara su aprobación mediante real decreto, publicado poco antes de finalizar el año 2015 como Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros. El proceso de redacción, mal gestionado por los sucesivos gobiernos y acompañado de una gran tensión entre las diferentes organizaciones profesionales, culminó en una redacción que hizo montar en cólera a las organizaciones enfermeras (y hay que decir que no con un gran respaldo de su propio colectivo), en parte por los evidentes defectos técnicos del Real Decreto, pero en parte también por restringir la entrada que ellas deseaban y promocionaban en el ámbito de la prescripción médica. Todo ello da idea de lo complejo del proceso y de la multitud de matices que lo estructuran, así como de la confusión conceptual con que se ha podido afrontar.

El Real Decreto echa por fin a andar la indicación enfermera (denominación probablemente más afortunada que la histórica de prescripción, que tiene matices de imposición), contra lo que afirman algunas organizaciones profesionales. Su artículo 2 dice expresamente que “Los enfermeros, en el ejercicio de su actividad profesional, podrán indicar, usar y autorizar la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y de productos sanitarios de uso humano, de forma autónoma, mediante una orden de dispensación que tendrá las características establecidas” por la propia norma. Es decir, se reconoce la capacidad de la enfermería de indicar y autorizar la dispensación de fármacos y productos sanitarios no sujetos a prescripción médica dentro de su ámbito de competencia, aunque, ciertamente, de una forma muy restringida. Resulta extraño que para este cometido se pida a los enfermeros una acreditación específica adicional a sus conocimientos profesionales, cuando la justificación de esta nueva competencia se basa en que forma parte del ámbito competencial de la profesión enfermera, y se limita a productos  a los que prácticamente los propios ciudadanos sin formación sanitaria pueden acceder en las oficinas de farmacia. Y para colmo de males, se somete el “uso” de dichos productos al mismo requisito (???).

Pero, siguiendo los deseos de las organizaciones enfermeras, el Real Decreto pretende ampliar el ámbito de la indicación enfermera no en un campo propio definido dentro de sus competencias específicas, sino por la entrada dentro del ámbito competencial de la otra gran profesión sanitaria, la Medicina. Esta ha sido siempre la pretensión de esas organizaciones y la causa de conflicto con las que representan a la profesión médica. La batalla de influencias se ha venido desarrollando a lo largo de los últimos años, y ha sido torpemente utilizada con fines políticos por diferentes partidos. Y, finalmente, la confusión que se introduce al pretender desarrollar el ámbito de actuación de una profesión en el seno del ámbito propio de otra ha llevado a mal puerto el proceso: la presión de las organizaciones médicas, intentando contrarrestar la realizada largamente por las de enfermería, y la sentencia del Tribunal Supremo vinculando la capacidad de prescripción a la previa de diagnóstico, han venido a dejar la pretensión enfermera en términos similares a los que ya existen en Andalucía, donde no supuso grandes problemas: que las competencias de la enfermería en la indicación de fármacos sujetos a prescripción médica se hará a partir de ésta y de la autorización expresa por parte del médico a dicha actuación según determinado protocolo. Eso sí, lo que no parece tener ninguna lógica es que los protocolos deban aparecer ahora en el Boletín Oficial del Estado; el conocimiento profesional tiene otras vías propias de larga tradición y significación que no hace necesaria esta nueva formalización.

La frustración de las expectativas creadas, y las torpezas del propio Real Decreto, parecen haber sido las detonantes de la exasperada reacción de las organizaciones enfermeras, que han utilizado la vía apocalíptica para hacer frente a lo que ellos entienden como un gran desaguisado, pero que a la vez ha motivado la crítica desde diferentes frentes, que observan sus campañas como “planteamientos grandilocuentes” e “informaciones tendenciosas y lesivas” contrarias a los intereses de la ciudadanía y más en sintonía con “intereses corporativos y económicos que tienen que ver con la ilusión de montar gigantescos cursos y cursilletes” (ver debate en torno al tema en la Asamblea de Madrid). Hace falta volver a la cordura de todos los agentes implicados, si es que realmente se valora el bien que es una adecuada atención sanitaria por encima de los intereses corporativos y de pequeños grupos.

Las actividades profesionales, aún desde la debida y necesaria coordinación entre ellas, no pueden construirse pretendiendo la invasión del perfil competencial de otras profesiones, sino que deben provenir del adecuado desarrollo del perfil competencial que les es propio. Se hace necesario, por tanto, crear y definir, tanto profesional como legalmente, pero siempre de manera adecuada, la indicación enfermera como el ámbito de indicación de fármacos y productos sanitarios dentro del perfil competencial de la enfermería, definido por la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias como el de los “cuidados enfermeros”. Se trata de un ámbito específico que debería definirse nítidamente, con su propio nomenclator y alcance, más allá -desde luego- de lo que cualquier ciudadano puede realizar sin conocimientos específicos. Pero resultaría extraño exigir, para actuar en dicho campo, una acreditación adicional a la formación específica de Enfermería, dentro de cuyo ámbito competencial se movería la indicación enfermera; esta exigencia debería ser, por tanto, excepcional para casos concretos, en los que, además, debería facilitarse al máximo su acceso a los profesionales que pudieran realmente requerirla. Los profesionales de enfermería deberían preguntarse por qué sus organizaciones apoyaban la imposición de esta carga sobre sus espaldas. Y, desde luego, no tiene ningún sentido exigir una acreditación de este tipo para el uso de medicamentos y productos sanitarios, bien de aquellos propios de su ámbito competencial, bien de aquéllos cuya prescripción haya sido realizada por un profesional competente para ello.

Otra cosa será, probablemente a atender con posterioridad, la regulación de la capacidad de ajustar / modificar tratamientos prescritos por un médico a un enfermo crónico que esté siendo seguido por profesionales de enfermería en el seno de sus competencias de cuidado. Sería necesario para ello haber consolidado ese ámbito propio de indicación enfermera y haber madurado en la capacidad de diálogo entre las diferentes organizaciones en torno al tema, para aclarar su necesidad y alcance, evaluando, además, experiencias ya en marcha como la andaluza. Éste si es un ámbito en el que, con toda probabilidad, sea necesaria la acreditación específica mencionada. Porque aquí no se trataría de la simple repetición de recetas de tratamientos crónicos, actividad sin sentido prescriptor que únicamente ha venido cumpliendo la función administrativa de facilitar la dispensación subvencionada de los medicamentos y productos sanitarios y que ahora parece haber encontrado cauce de solución en la llamada receta electrónica, sino de la intervención delegada en algunos aspectos de la prescripción médica, con su correspondiente nivel de responsabilidad y exigencia.

Nada justifica la torpeza con que se ha acometido la redacción del Real Decreto, que ha sido recurrido por múltiples agentes. Pero tampoco queda justificada la “información tendenciosa” que algunas organizaciones están extendiendo entre los profesionales. Es hora de volver a la cordura profesional y a la claridad de conceptos. Y a recuperar la senda del consenso profesional.

 

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