GESTIÓN Y CLÍNICA. “El futuro de los hospitales de gestión indirecta”, por Mónica Alloza.

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La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 30 de abril avala la privatización de hospitales, porque, según dice, “queda asegurada la calidad, atención y derechos de los usuarios”. Sin embargo, el sentir popular y lo que han manifestado los políticos de los diferentes partidos en sus campañas electorales hacen pensar que no se va a continuar, gobierne quien gobierne, con el plan de privatización de hospitales madrileños. Entonces, ¿qué va a ser de los que ya nacieron bajo este modelo Alcira? ¿Van a seguir gestionados por empresas privadas, como hasta ahora, o va a ser devuelta la concesión administrativa a la Comunidad de Madrid?

Recordemos que, en 2010, la Consejería de Sanidad estableció, mediante sus decretos 51 y 52, la libre elección de especialista y un área única sanitaria en Madrid, con unas reglas del juego que promueven la “sana competencia” entre hospitales. Estas reglas consisten, de forma muy sencilla, en un sistema de premios y castigos, llamado facturación intercentros, que puede tener resultados positivos y negativos en función de ganar o perder pacientes de la cápita (área de influencia) de cada hospital. En resumen, los intercentros positivos son una fuente adicional de ingresos para los hospitales, y los negativos constituyen una pérdida económica. Es fácil inferir, a partir de esta política sanitaria, el atractivo aliciente económico que puede suponer, para una empresa privada, gestionar un hospital de la red pública madrileña.

Los hospitales de gestión indirecta se financian principalmente mediante un pago anual por cada habitante de la cápita (área de influencia). En una situación ideal, los ingresos por la cápita deben ser suficientes para gestionar el hospital de forma eficiente y para que la calidad de la asistencia esté garantizada. Además, la empresa concesionaria utilizará los recursos disponibles para fidelizar a los pacientes de su cápita y evitar los intercentros negativos. De forma paralela, intentará captar pacientes de fuera de su área para incrementar sus ingresos. De aquí, podría obtener su beneficio económico, como empresa privada que es.

Lo más importante para el buen funcionamiento del modelo es que la clave de la sostenibilidad económica no se base necesariamente en el intercambio de pacientes. Sin embargo, si para desincentivar eso los ingresos por la cápita son muy elevados, el ahorro económico de este modelo de gestión no existe, comparado con hospitales de gestión directa clásica, y no se podría justificar la decisión política de poner en marcha este tipo de hospitales. La cruda realidad es que los ingresos por la cápita resultan insuficientes, y las concesionarias se ven obligadas a enfocar su esfuerzo en la facturación intercentros y en reducir los gastos.

En los hospitales gestionados por IDC Salud, el impacto de los intercentros negativos se ve amortiguado porque disponen de la Fundación Jiménez Díaz para derivar allí a sus pacientes más complejos: lo que perderían en un hospital lo ganarían en otro, y así pueden sostenerse. Dice la sentencia del Constitucional que “no habrá diferencia en el trato en cuanto al contenido, alcance o calidad de la prestación” entre los ciudadanos de la Comunidad de Madrid. Juzguen ustedes si es lícito, o al menos, ético, derivar de forma preferente a un centro concreto en el que se tiene un interés particular, y no al centro de referencia más cercano dentro de la red de hospitales públicos de Madrid.

El hospital gestionado por Sanitas no cuenta con un centro de referencia propio para derivar pacientes complejos, así que las pérdidas por los intercentros negativos tienen que compensarse de otra manera, que básicamente consiste en reducir los gastos de personal, uno de los capítulos más importantes en las cuentas de los hospitales. De entrada, el porcentaje dedicado a este capítulo es 10 puntos menor que la media para hospitales del SERMAS. Las ratios entre profesional y pacientes y la carga asistencial son llamativamente inadecuadas, comparadas con hospitales de similar tamaño y complejidad del entorno. La sentencia del Tribunal Constitucional afirma que la calidad de la atención está asegurada con este modelo de gestión indirecta, pero, en vista de los datos aportados, ¿es esto cierto? ¿Y cómo garantiza y vigila la Consejería de Sanidad la calidad de la asistencia en centros que no gestiona directamente?

Por poner algún ejemplo práctico, en el Hospital Universitario de Torrejón, las cifras estadísticas que se reportan a la Consejería de Sanidad, como estancia media y demoras en los diferentes ámbitos (consultas, pruebas diagnósticas, procedimientos quirúrgicos) son iguales o mejores que las de hospitales del entorno, con una plantilla sensiblemente menor en proporción. ¿Cómo se interpretan estos datos? ¿Fracaso de la gestión pública o sobrecarga de los profesionales de Torrejón? Alguna clave puede estar en la calidad percibida por el paciente, que está en descenso en el último año según las encuestas.

Lejos de la “sana competencia” promulgada por la Consejería de Sanidad, las concesionarias se ven obligadas a utilizar recursos de dudosa moralidad para captar pacientes:

  • las demoras en primeras consultas son muy bajas, pero las sucesivas (revisiones) se disparan, porque el paciente ya está “captado” y el intercentro positivo asegurado.
  • se promueven las altas en consultas de pacientes crónicos, en vez de revisiones a largo plazo
  • las agendas se sobrecargan y ocasionan largas esperas a la puerta de las consultas, puesto que no se respetan los tiempos mínimos para atender adecuadamente a los pacientes, y se genera demora a lo largo del turno de trabajo.

Se ofrece una cartera de servicios amplia y compleja para evitar las derivaciones (intercentros negativos) con los mínimos recursos: profesionales con movilidad geográfica en su contrato, obligados a peregrinar por los distintos hospitales, en el caso del grupo IDC, o mercantiles con dedicación a tiempo parcial en el caso de Sanitas. Cuando se producen picos asistenciales en Madrid, por ejemplo, en la epidemia invernal de gripe, se derivan a Torrejón gran parte de los pacientes excedentes del Hospital del Henares y del Infanta Leonor, con el mismo personal de urgencias o con escasas contrataciones, muchas veces en régimen mercantil. Esto genera una importante demora en urgencias, en detrimento de los usuarios de Torrejón, y a favor de los de fuera del área, que son los que generan intercentros positivos para el hospital. La consecuencia final para el personal sanitario es el estrés laboral, el agotamiento, el recambio y la búsqueda de una salida mediante reducciones de jornada o excedencias. Y la consecuencia para el paciente es una atención de menor calidad, a pesar de lo que digan los magistrados del Tribunal Constitucional.

Muchas incógnitas se plantean en materia sanitaria una vez celebradas las elecciones autonómicas y municipales en nuestra Comunidad. Y una de las que más preocupan a los médicos de los hospitales de gestión indirecta es la viabilidad económica y política del modelo. Pero mientras se decide el futuro de estos hospitales, lo que los profesionales demandan a la Consejería de Sanidad es una vigilancia rigurosa, no sólo del cumplimiento de los fríos números, sino del trato a las personas que están detrás del rendimiento económico y asistencial. Primero de todo, del trato dado a las personas que acuden como pacientes, es decir, de la calidad en la atención que se ofrece a los ciudadanos. Pero también del trato dado a las personas que atienden a los pacientes, los profesionales sanitarios, que merecen unas condiciones laborales justas. La carga asistencial debe ser razonable para poder ofrecer la máxima calidad al paciente, y cumplir así lo que la sentencia del Constitucional afirma.

Mónica Alloza
Delegada de AMYTS. Responsable de la vocalía de clínicas privadas y hospitales públicos de gestión indirecta
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