El asunto que nunca acaba: el fraude de las mascarillas

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Nuevamente nos encontramos ante un hecho repetitivo a lo largo de esta crisis: el reparto de mascarillas defectuosas. Si bien en este caso no afecta a sanitarios, sino a la población de la Comunidad de Madrid, ya que se refiere a las mascarillas que se están repartiendo gratuitamente entre los madrileños a través de las oficinas de farmacia, refleja muy bien lo que está ocurriendo: que se está produciendo un fraude de amplio alcance en un asunto tan delicado como el de los materiales de protección.

Según un estudio del Instituto de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) realizado a petición de los Ministerios de Sanidad y de Consumo a instancias de la organización de consumidores FACUA, las mascarillas que se están entregando a la población en Madrid no cumplen los requisitos de protección que sugeriría el etiquetado que las acompaña, KN95, que indica que serían asimilables a las FFP2, de alta capacidad de filtrado (superior al 94%). En realidad, la capacidad de filtrado de las mascarillas analizadas oscilaría entre el 60 y el 94%. Y ya se había detectado previamente que las certificaciones que acompañaban a estas mascarillas eran falsas.

Cierto es que, a estas alturas, sorprende que las Administraciones Públicas y las Instituciones Sanitarias no hayan ya tomado la decisión de realizar un análisis preventivo del material de protección que ofrecen tanto a profesionales como a ciudadanos, como les hemos solicitado repetidamente, dado el nivel de engaño que se está detectando. Y desde luego que tienen una responsabilidad en ello, que desde AMYTS les estamos exigiendo en el caso concreto de los profesionales, ante quienes tienen una obligación legal de protección.

Pero no nos podemos quedar aquí. El fraude (entendiendo como tal la discordancia entre las cualidades técnicas del material y el etiquetado o certificación del que van acompañados, que en ocasiones se está demostrando falso) es tan extenso que no sólo debería levantar la desconfianza generalizada ante los mecanismos reguladores y de mercado, que evidentemente están fallando en esta crisis, sino que debería estar originando actuaciones de alto nivel, tanto estatales y autonómicas como internacionales, implicando a los organismos correspondientes de la Unión Europea y de la propia Organización Mundial del Comercio. No en vano se están detectando situaciones relacionadas con el comercio de mascarillas en Holanda, Canadá, EEUU (que ha retirado la certificación a 60 empresas chinas, el 80% de las analizadas, por producir máscaras que no cumplen los requisitos al encontrar numerosas irregularidades en el control preventivo que realizan los CDC) y otros países, e incluso ventas inexistentes que ha provocado pérdidas millonarias a instituciones y administraciones (casos, por ejemplo, en Alemania y EEUU). E incluso debería llevar consecuencias penales para los autores y cómplices de este tipo de acciones.

Nos preguntamos, por tanto, si los gobiernos tanto central como autonómicos, que han sido víctimas de estos engaños, están emprendiendo esas acciones de alcance internacional, por los mecanismos que proceda, para denunciar y hacer frente a esta cadena de fraudes que estamos viviendo. No se puede hacer gala de la libertad de mercado cuando eso se utiliza para realizar acciones de este tipo, con las graves consecuencias que esto puede tener en la salud y la seguridad de profesionales y ciudadanos. Es necesario que intervengan las instituciones internacionales y, desde luego, que se movilicen los mecanismos jurídicos necesarios para garantizar la seguridad en el comercio de productos sanitarios; si no se hace en este ámbito, es difícil pensar de qué seguridad se podrá entonces hablar en el comercio internacional.

Esperamos, por tanto, que nuestras Administraciones inicien las acciones oportunas para, en primer lugar, proteger a los profesionales y al conjunto de la ciudadanía, mediante los análisis preventivos que sean necesarios, y en segundo lugar para que se pueda restablecer la confianza en el mercado de productos sanitarios de protección y en sus mecanismos de regulación, y se castigue a las personas implicadas activamente en este tipo de fraude.

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