EDITORIAL. El recurso a la justicia, única salida ante la prepotencia de la Administración, por Julián Ezquerra

0
Dr. Julián Ezquerra.
“Sólo el tiempo puede revelarnos al hombre justo; al perverso se le puede conocer en un solo día”. Sófocles

Tras estos largos y complicados 14 meses, en los que la Sanidad Madrileña se ha visto envuelta en un importante conflicto por la insensatez de una Consejería que no quiere escuchar, hemos llegado al momento en el que la Justicia debe pronunciarse sobre lo que a nuestro juicio es una clara ilegalidad, la privatización de la gestión de 6 hospitales públicos.

Volvamos la vista atrás en el tiempo. A finales de Octubre del 2012, la Consejería de Sanidad anunciaba su llamado PLAN DE MEDIDAS DE GARANTÍA DE LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE LA COMUNIDAD DE MADRID, provocando primero una gran estupefacción y, de forma inmediata, el rechazo frontal de profesionales y pacientes. Ocasionó una revuelta en la sanidad madrileña sin precedentes, haciendo que todos los implicados en la sanidad reaccionaran ante semejante despropósito.

Se convocaron huelgas, manifestaciones, encierros, actos de protesta varios, etc. sin que la Administraciónsanitaria fuese sensible, sino más bien lo contrario, enrocándose en su posición, sin entrar en dialogo con los profesionales, haciendo gala de una prepotencia inaudita y hablando desde una posición de fuerza poco democrática. Siguieron con sus planes y convocaron un concurso público para adjudicar la gestión de 6 hospitales a empresas privadas del sector sanitario.

Todo el proceso fue realizado bajo la constante de la improvisación, la chapuza y los errores sistemáticos y posteriores correcciones que no hacían otra cosa que aumentar las deficiencias del concurso. Se adjudicaron los hospitales a tres empresas que, de forma “casual”, optaban a lotes diferentes, sin competencia entre ellas, haciendo del concurso un verdadero reparto del botín.

Varias organizaciones, entre ellas AMYTS, presentaron recursos contra la convocatoria del concurso, resolución sobre personal y adjudicaciones posteriores a las empresas. Son recursos diferentes, de argumentación jurídica similar, y que piden la suspensión cautelar del mismo. Se realiza un gran esfuerzo para hacer frente a los elevados gastos que conllevan las demandas, pero el fin lo justifica. Se logra la suspensión cautelar y ahora, tras una polémica decisión del presidente de la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, llegamos al momento de la verdad. El próximo 9 y 10 de Enero de 2014 el pleno de la Sala debe pronunciarse sobre las medidas cautelares a fin de ratificarlas o suprimirlas. De esta decisión depende el futuro de estos hospitales y de sus profesionales. AMYTS confía en la justicia, está convencida de la solidez de sus argumentos, y confía en que la decisión sea mantener la suspensión cautelar. En todo caso, estamos en un estado de derecho y respetaremos la decisión judicial.

Pero el inicio del año 2014 no solo traerá la decisión sobre el futuro de 6 hospitales. También será el momento de poner de manifiesto cómo la Administración, haciendo gala de su prepotencia y posición de privilegio, pone en marcha un “nuevo modelo” de selección de personal, basado en la aniquilación de los conceptos constitucionales de igualdad, mérito y capacidad a la hora de seleccionar al personal de las administraciones públicas.

En un intento claro de dividir a los profesionales, justo cuando se está a punto de tomar la decisión judicial sobre la privatización, y tras un primer aviso del Consejero posicionándose claramente contra el actual estatus de empleados públicos de los profesionales sanitarios, se anuncia que lo acordado en el año 2007 (que ha sido incumplido sistemáticamente) se va a llevar ahora a efecto como acto de caridad hacia los profesionales: cumplirán y harán contratos de eventuales de hasta 12 meses, y nombrarán interinos. Pero lo hacen saltándose los principios de igualdad, mérito y capacidad, dejando que sean los gerentes, jefes de servicio, supervisoras y directores de centro de salud, quienes decidan a quien premian o castigan.
No han tardado en producirse las primeras denuncias de arbitrariedad:ya estamos viendo cómo eventuales de más de 12 y 13 años ven rescindidos sus contratos, o como pasan a contratos al 50%, sin motivos aparentes, o cómo algunos directores de centro de salud amenazan a los compañeros con no renovarles si persisten en solicitar turnos deslizantes. Se empieza a cumplir el dicho de “SI QUIERES SABER QUIEN ES FULANITO, DALE UN CARGUITO”.

Las arbitrariedades empiezan a multiplicarse, y prescindir del control de las contrataciones por parte de organizaciones profesionales y sindicales lleva a fenómenos propios de la purga política, el amiguismo, etc; ya aparecen los primeros caciques, sátrapas, reyes feudales, etc. Plegarse al poder y perder nuestra independencia serán consecuencias inmediatas de esta decisión que unilateralmente ha tomado la Administración y que nos obligará a recurrir ante los tribunales de justicia.
Las reclamaciones judiciales son ya el estado habitual de nuestra relación con la Administración. A las demandas contra la privatización se suman, entre otras, las de la aplicación de jornada, el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, las jubilaciones, el impago de trienios, la paralización de la carrera profesional, OPES, paga extra, contratos eventuales en plaza vacante, o la reciente sentencia favorable por el cese, no ajustado a derecho, del Dr. Maseda como jefe de servicio en el Hospital Puerta de Hierro.

Realmente, vivimos en permanente estado de recurso ante las decisiones de la Administración. Y es alarmante leer las declaraciones del Consejero de Sanidad a una publicación sanitaria, cuyo titular dice: “El debate lo debe liderar el profesional, los sindicatos ya no aportan nada”. Una vez más, desde su prepotencia y absoluta falta de respeto hacia los trabajadores y sus representantes legítimos, se declaran los políticos como los únicos con legitimidad para decidir, y eso a pesar del descrédito que tienen entre los ciudadanos. Han roto las relaciones con las OOSS, la mesa sectorial es un trámite obligado que ya solo vale de correa de información y medio para aparentar una negociación inexistente. La respuesta por el levantamiento de los profesionales ante la irresponsabilidad de la Consejería al frente de la sanidad madrileña ha sido profundizar aún más en el distanciamiento, la toma de decisiones unilaterales y el intento de división entre nosotros, cosa que espero y confío no se produzca, pues hemos demostrado ser unos profesionales comprometidos con el sistema público de salud y con los pacientes. No caigamos arrastrados por el descrédito de unos políticos en los que ya nadie cree. Salvo ellos mismos.

Julián Ezquerra Gadea
Secretario General de AMYTS
Compartir:

Deja una respuesta

¡Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en esta web! Si sigues navegando, consientes y aceptas estas cookies en tu ordenador, móvil o tablet. Más información sobre las cookies y cómo cambiar su configuración en tu navegador aquí.

x