Diversas consecuencias tras la suspensión cautelar de la privatización

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Desstaca ACTA SANITARIA que una de las consecuencias de la suspensión cautelar del proceso externalizador/privatizador de los seis hospitales madrileños ha sido la congelación de las intensas negociaciones que estaban llevando a cabo la dirección general de Recursos Humanos con los sindicatos. Por otra parte, el presidente de la Comunidad madrileña, Ignacio González, está citado a declarar el próximo día 11 por la querella criminal que interpuso AMYTS por afirmar que el sindicato practica el "matonismo y la extorsión".

Tanto la Administración como los sindicatos presentes en la Mesa Sectorial (AMYTS, SATSE, CSIT-UP, CCOO y UGT) convinieron en la reunión mantenida el pasado día 3, tras conocerse el auto del juez, que se paralizaban todas las conversaciones relacionadas con el cambio de gestión de esos hospitales. Precisamente las negociaciones estaban siendo muy intensas, ya que con la anterior suspensión cautelar, la del pasado mes de julio, esa plataforma de negociación había quedado suspendida. Esa es la razón por la que se venían abordando los numerosos temas acumulados, en plan de recuperar el tiempo perdido.

Stop a los movimientos de interinos y eventuales

No obstante, tanto el sindicato AMYTS como el CSIT-Unión Profesional coinciden en que, al margen de los asuntos relacionados con el cambio de gestión de los nuevos hospitales, existen otros temas que afectan a los trabajadores que se deberían seguir abordando. Por ello, tanto uno como otro aseguran que acudirán cuando se les cite en la dirección general del SERMAS, "como es nuestra obligación".

Gabriel del Pozo, vicesecretario general de AMYTS, y uno de los que se sientan en la Mesa Sectorial, comenta en ACTA SANITARIA que, en la reunión del pasado 3 de septiembre, precisamente tenían previsto tratar sobre movimientos de interinos y eventuales y se decidió no abordar el tema. Apuntaba, sin embargo, que sí podrían seguir tratando "los contratos al 50 por ciento" (de reducción de jornada y de sueldo) y la necesidad de controlar los nuevos contratos que se están haciendo a tiempo completo, antes de solucionar el problema de los que cobran la mitad. Como tema pendiente están los conflictos de los nuevos contratos de adjudicación de la limpieza en los centros de Atención Primaria y cuantas cuestiones que no tengan que ver con los hospitales a los que se quiere cambiar la gestión.

La necesidad de que se aclaren Tribunales y Administración

Gabriel del Pozo se confesó preocupado por el otoño caliente que se avecina y pide tanto a los Tribunales como a la Administración que se definan, puesto que "la actual situación está perjudicando a los trabajadores". Criticó la "cerrilidad de la Consejería", empeñada en seguir adelante con el proceso de privatización "pese a que conduce en sentido contrario a todos los demás".

Amyts es uno de los sindicatos que más está recurriendo a los tribunales. Pablo Martínez, su portavoz, recordaba que tienen presentado un recurso referido a los pliegos, con la consiguiente petición de suspensión cautelar del proceso, y que están esperando su resolución, que el portavoz de AMYTS aprecia ya se tenía que haber producido. Concretamente este recurso se cursó en el juzgado 32 de lo Contencioso-Administrativo, que se inhibió en favor del TSJM (al igual que debería haber hecho el juzgado número 4, según Lasquetty).

Ignacio González, a los tribunales

Recuerda ACTA SANITARIA que AMYTS también tiene presentado un recurso a la totalidad del Plan de Recursos Humanos de la Consejería y, además, interpuso una querella criminal contra el presidente de la Comunidad madrileña por acusar al sindicato de "matonismo y extorsión". En este caso, el presidente madrileño, Ignacio González, está citado a declarar en los juzgados de la Plaza de Castilla el próximo día 11 del presente, aunque Pablo Martínez duda de que se presente "ya que, al ser aforado, el caso pasará probablemente al Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

Pablo Martínez se mostró en desacuerdo con la expresión del consejero Lasquetty de que en cuestiones de tribunales vamos "tres a uno", ya que "las estrategias jurídicas de los distintos sindicatos son muy diversas y se fundamentan en aspectos muy concretos". Pablo Martínez tiene puesta su confianza en que el proceso de cambio de gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo se retrase al menos un año, con lo que calculó que su viabilidad se haría cada vez más difícil.

Fuentes: ACTA SANITARIA, 09-09-201

 

 

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