Diario AMYTS del coronavirus, 3 de abril de 2020

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Aunque siguen apareciendo datos que apuntan a una leve esperanza (reducción del crecimiento en el número de casos, alivio parcial de la presión de algunos servicios de urgencia e índices de reproducción de la infección próximos a 1), la carga que soportan todos los niveles asistenciales de nuestro sistema sanitario continúa siendo elevada. Y en ese contexto, el tema de la presión sobre las UCI madrileñas sigue siendo, a día de hoy (y al menos durante las próximas dos semanas), un tema acuciante para los profesionales sanitarios. Siendo así, nos sorprende que el hospital de IFEMA, en el que continúan produciéndose avances, no amplíe su capacidad de intensivos. Si el factor limitante es la disponibilidad de especialistas que puedan atender esas unidades, quizás haya llegado el momento de pedir la colaboración a especialistas disponibles en otros ámbitos institucionales o territoriales menos presionados por la infección COVID, con el único objetivo de prestar la mejor atención posible a los pacientes de nuestra Comunidad.

Continuamos detectando situaciones de déficit de equipos de protección adecuados en muchos dispositivos asistenciales. AMYTS sigue considerando este tema como prioritario, pues está dejando cifras de profesionales afectados por COVID superiores a las de otros países, y creemos que sigue siendo fundamental comunicar las incidencias que se puedan producir por carencia de EPI adecuados. Porque existen, y hemos de tenerlas todos en cuenta: los profesionales no somos piezas insensibles de la maquinaria sanitaria, sino personas con derechos que ejercen una profesión de compromiso, que no tiene por qué llevarles mansamente al sacrificio. De ahí que veamos con satisfacción que la Organización Médica Colegial haya retirado el informe que comentábamos ayer,  “Proceder del médico ante la dificultad para realizar su actividad asistencial en contacto con pacientes COVID, por la escasez de medios de aislamiento y protección”, pues entendemos que requiere una mayor profundización que se aleje de su plantemiento dilemático.

Por otra parte, seguimos exigiendo que los profesionales afectados por COVID-19 no se reincorporen a su trabajo sin la realización de una PCR previa con resultado negativo, para evitar la transmisión de la enfermedad (video), y la reconsideración de las bajas por este motivo como enfermedad profesional, proponiendo que, mientras no haya decisión de la Administración a favor de esta propuesta, los afectados por IT consideradas como enfermedad común soliciten el cambio de contingencia.

Y continuamos peleando por el reconocimiento del esfuerzo que los médicos, junto con el resto de profesionales sanitarios, están realizando para dar respuesta a la crisis del COVID. Los pacientes ya lo están haciendo día a día, pero echamos en falta que las Administraciones también se pongan en marcha en esa dirección. Por ello, nos hemos dirigido hoy a la Directora General de Recursos Humanos para que se comiencen a tener detalles concretos de ese reconocimiento, comenzando por la devolución de los 200€ que se les sustraen de las guardias de cada mes a quienes las hacen, y siguiendo por la consideración como días especiales de los festivos de Semana Santa, en los que deberá continuar esa elevada dedicación. Y de cara al reconocimiento de las prolongadas jornadas que muchos profesionales están viéndose obligados a realizar, recomendamos que se garantice el registro de toda esa dedicación extra (fines de semana, horario o guardias adicionales, etc) de cara a posibles reclamaciones futuras en cuanto a retribuciones o jornada. La campaña se está difundiendo para todos los ámbitos asistenciales a través de redes sociales, con imágenes como la que se acompaña en el margen.

Y en cuanto a los médicos residentes y nuestra reclamación de que no se prorrogue sin más el contrato de quienes están a punto de terminar como tales, el Ministerio de Sanidad se ha descolgado hoy con una modificación de la orden 232/2020 que no sólo impide el adelanto de la evaluación de los residentes de último año (una de las posibilidades que se apuntaban, de cara a su contratación como especialistas), sino que la retrasa sine die hasta que sea posible, con la única concesión de que el tiempo de retraso compute a efectos de antigüedad. Se trata de una medida que ha encontrado nuevamente el rechazo por parte de AMYTS, así como de otras muchas organizaciones profesionales. (ver aquí, por ejemplo, la postura de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos). Como nota positiva,  abre la posibilidad de un incremento de retribuciones durante la prórroga de su contrato como residentes al dejar en manos de las Comunidades Autónomas los complementos retributivos que consideren necesarios para reconocer las funciones que efectivamente realicen. La misma orden determina que las Comunidades Autónomas podrán determinar la movilidad de los residentes de cualquier año a las unidades que lo precisen mientras dure la crisis COVID.

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