DERECHO Y MEDICINA. La responsabilidad de los profesionales sanitarios (10), por Francisco Jiménez Mauricio

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3. LA RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN SANITARIA

Los particulares tienen derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas por toda lesión que sufran en sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos.

Se trata de un sistema de responsabilidad objetiva basado esencialmente en la existencia de un daño con independencia de que haya sido causado mediante conducta culposa o negligente. No obstante, el criterio doctrinal y jurisprudencial está cambiando, con la subjetivación de la responsabilidad en el campo de la Administración Sanitaria.

La jurisprudencia determina la existencia o no de responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria cuando sus facultativos intervienen desde el cumplimiento por éstos de la Ley Artix, y equipara en cierto modo esta responsabilidad de la Administración a la Civil ya estudiada.

Pero en este caso el perjudicado o sus representantes exigen a la Administración Pública sanitaria de que se trate la indemnización por los daños y perjuicios causados por las Autoridades y personal a su servicio.

Pero ello no exime al profesional sanitario de responsabilidad indemnizatoria en este caso, ya que la Administración, tras indemnizar a los perjudicados, podrá repetir contra el personal causante del daño si éste hubiera actuado con dolo, culpa o negligencia grave, exigiéndole mediante el oportuno procedimiento administrativo y/o contencioso-administrativo, tanto responsabilidad disciplinaria como económica.

Con más concreción:

  • CONSTITUCION ESPAÑOLA.DAD PATRIMONIAL D
  • La responsabilidad patrimonial de la Administración Sanitaria basa su razón de ser en el reconocimiento constitucional del derecho a la protección de la salud y la obligación de los poderes públicos de organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. La Ley establecerá los derechos y deberes de todos al respecto contenidos en el art 43 de la Carta Magna
  • RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON RESPECTO A LA ACTUACION DEL PROFESIONAL SANITARIO.(articulo 139 y 141 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común). Principios de la responsabilidad.

Los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo en los casos de fuerza mayor, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos y siempre que el daño alegado sea efectivo, evaluable económicamente e individualizado con relación a una persona o grupo de personas.

Sólo serán indemnizables las lesiones producidas al particular provenientes de daños que éste no tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley. No serán indemnizables los daños que se deriven de hechos o circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia o de la técnica existentes en el momento de producción de aquéllos, todo ello sin perjuicio de las prestaciones asistenciales o económicas que las leyes puedan establecer para estos casos.

La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del procedimiento que reglamentariamente se establezca.

Para la exigencia de dicha responsabilidad se ponderarán, entre otros, los siguientes criterios: el resultado dañoso producido, la existencia o no de intencionalidad, la responsabilidad profesional del personal al servicio de las Administraciones públicas y su relación con la producción del resultado dañoso.

Asimismo, la Administración instruirá igual procedimiento a las autoridades y demás personal a su servicio por los daños y perjuicios causados en sus bienes o derechos cuando hubiera concurrido dolo, o culpa o negligencia graves.

4.-LA RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA

Es la derivada de los incumplimientos de las normas de orden interno que rigen en las Empresas, Administración Central, Autonómica o Local. Dichas normas son las que regulan la organización, horarios, jornadas, deberes, etc.

Las conductas que originan la responsabilidad disciplinaria han de estar tipificadas como faltas leves, graves o muy graves en el oportuno texto legal, generalmente, convenio colectivo o el caso de facultativos estatutarios en el Estatuto Marco. Asimismo la pena que corresponde a cada falta ha de estar debidamente tipificada en el correspondiente texto legal.

Los principios generales del derecho sancionador son de aplicación al procedimiento administrativo sancionador; entre ellos los de legalidad, tipicidad, culpabilidad, presunción de inocencia, prescripción.

El principio penal “non bis in idem” prohíbe que un sujeto pueda ser sancionado dos veces por un mismo hechos, tanto en la esfera penal como en la administrativa o en ambas a la vez, salvo que la sanción administrativa tenga lugar en el ámbito de una relación especial de sujeción como la existente entre el personal médico y la administración.

El Tribunal Supremo ve viable esta duplicidad sancionadora en el Orden Penal y Administrativo basándose en que la sanción administrativa protege un interés público especial no contemplado en las normas penales, y ese interés público es la garantía de esa prestación de un servicio público.

Regímenes disciplinarios aplicables

Cuando la prestación de servicios entre el facultativo y el empleador es de dependencia, bien laboral, estatutaria o funcionarial, independientemente de la duración de los contratos o nombramientos (es decir ya sean fijos, de duración determinada, eventuales, con nombramiento en propiedad o temporales), se establecen obligaciones por cada una de estas y, por supuesto, el incumplimiento de determinadas normas de comportamiento en esa relación de trabajo supone la legitimación del empleador para corregir disciplinariamente la conducta ilegitima de su trabajador mediante sanciones.

El principio de tipicidad exige que la conducta a sancionar este previamente delimitada por la ley, esto es, perfectamente definida, sin que sea posible la aplicación de la analogía o aplicación de las sanciones que afectan a conductas similares. Por ello se expondrá a continuación los distintos tipos de regímenes disciplinarios con sus faltas y sanciones correspondientes, de aplicación mas común en la Comunidad de Madrid

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