Deontología médica y riesgo profesional

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A lo largo de la evolución de la infección por coronavirus en España, uno de los problemas más acuciantes ha sido la de la dificultad para contar con los equipos de protección adecuados para los profesionales, que se han estado viendo expuestos al riesgo de contagio durante su actuación de manera desproporcionada. Podemos conjeturar si la razón ha estado principalmente en la responsabilidad de las diferentes administraciones (que parecen no haber sido suficientemente previsoras), o en la elevada demanda producida a nivel internacional, pero en cualquier caso ha sido una realidad que nos ha acompañado (y probablemente nos acompañará, de una manera u otra) a lo largo de esta crisis. Y hemos podido ver cómo los propios profesionales se han visto impelidos a la creatividad para auto-proporcionarse medidas de protección individual, o incluso han contado con el apoyo y la solidaridad de muchos ciudadanos, que les proporcionaban otro tipo de alternativas, para tratar de asegurarse durante la atención a los pacientes infectados.

Esta situación, junto a la elevada tasa de contagio y afectación de los profesionales por la enfermedad, ha hecho que estos se hayan podido sentir “arrojados a los leones”, sin el suficiente apoyo institucional, que con frecuencia actuaba más bien ocultando la realidad. “No somos héroes, somos personas, somos profesionales” ha sido un mensaje repetido hasta la saciedad por los afectados, que lo que han venido pidiendo con regularidad no es otra cosa que un compromiso real de la sociedad en su conjunto, y de la Administración sanitaria en particular, para resolver el problema y hacer posible con ello una adecuada atención a la población afectada. Con un marco legislativo, ético y profesional que no favorece la posibilidad de negarse a atender a los pacientes, lo que hemos visto es más bien lo contrario: un esfuerzo denodado por estar ahí, por prestar atención, por cuidar y sanar. 

En este contexto, la Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial hizo público, el pasado 1 de abril, su informe titulado Proceder del médico ante la dificultad para realizar su actividad asistencial en contacto con pacientes COVID, por la escasez de medios de aislamiento y protección. En él, tras reconocer el riesgo que supone para los profesionales la carencia de equipos de protección, la responsabilidad de la institución / administración sanitaria en dotarle de los mismos y la necesidad de una valoración prudente de la situación en cada caso, la Comisión concluye que el médico está obligado a atender al paciente aún con esas carencias, y tan sólo podría valorarse lo contrario en situaciones de grave riesgo del profesional en base a su propio perfil de riesgo frente al coronavirus. El informe tuvo tal contestación entre los profesionales, que incluso llegaban a sentirse culpabilizados y juzgados por su contenido, que la propia OMC lo retiró al día siguiente, pidiendo disculpas por el mismo. La ética vivida de los profesionales había dejado claro que el contenido del documento no reflejaba el sentir de la profesión.

Dos ideas importantes pueden extraerse de lo ocurrido. Por un lado, la importancia de la ética vivida. No podemos pretender dar validez inmediata a una reflexión ética que no refleje realmente lo que el colectivo que se supone que la realiza y legitima siente/percibe/vive al respecto. Un colectivo profesional, en este caso los médicos, que se ha comprometido desde el primer momento con la asistencia a los afectados; pero que también ha sido consciente desde ese primer momento del riesgo que suponía hacerlo sin los equipos de protección adecuados, y que siente que con ello, de alguna manera, su propio interés queda relegado a un segundo plano. Con todo, ahí han estado, y ahí han demostrado su compromiso moral. Entender que la entidad colegial ponía en entredicho su situación, y dejaba de lado sus propios bienes e intereses (su salud, su propia vida, la de su familia…), puede estar a la base del rechazo producido ante el documento publicado. De ahí que el propio Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España haya pedido disculpas por el documento, lo que no supone sino una muestra de respeto a esa ética vivida del conjunto de la profesión.

Por otro, la necesidad de acoger la complejidad en cualquier reflexión que quiera tener categoría ética y dar una respuesta adecuada a la realidad, que casi nunca, y menos en este caso, es sencilla. A pesar de la referencia a la valoración prudente de los profesionales, el documento de la Comisión Deontológica concluía de forma dilemática, es decir, valorando tan sólo dos respuestas extremas: o sí (el médico está obligado, a pesar de la carencia de EPI, a proporcionar la atención que requiera el paciente), o no (el médico puede abandonar al paciente si siente que se está poniendo en riesgo su vida). Y opta, por aplicación del imperativo asistencial (artículo 6 del Código de Deontología), por el sí, aún reconociendo una excepción en una situación excepcional: la de un perfil individual del profesional que le sitúe en grave riesgo en caso de sufrir la infección.

¿Y dónde quedan, ante esta conclusión, los legítimos intereses sentidos y expresados por los profesionales (su salud, su propia vida, la salud de sus familiares y allegados…)? Pues no son considerados, salvo en la situación excepcional en la que, únicamente, se encuentra una minoría. De un plumazo, el sentir profesional y vital de la mayoría de los médicos es puesto entre paréntesis, para obtener una conclusión coherente, en perspectiva dilemática, con el imperativo asistencial. El rechazo profesional a la conclusión de la Comisión estaba, de esta manera, garantizado.

¿Hubiera podido haber otras alternativas? Pues sí, claro. Ya Aristóteles hablaba del término medio entre los extremos en la toma de decisiones prudentes. Y en las últimas décadas se ha recuperado ese planteamiento con la búsqueda de equilibrio entre bienes y/o principios y con la deliberación como método de reflexión ética. La consideración de bienes que entran en colisión (el mejor interés del paciente, buscando su curación, y el interés del médico tratando de mantener su vida, su salud y sus relaciones) no tiene por qué tener como única salida el mero arrollamiento de un bien por el contrario, sino que se pueden abrir innumerables cauces de actuación que busquen mantener al máximo el mayor contenido posible de cada uno de esos bienes en conflicto. Con un EPI adecuado se puede asumir como un riesgo normal en la práctica profesional la atención de cualquier paciente; con EPI inadecuados, o con carencia de los mismos, habría que establecer un equilibrio entre la atención a prestar y el riesgo del profesional, y una serie de prácticas de racionalización para el uso de los mejores EPI allí donde fueran más necesarios, como consta que se realiza en muchas ocasiones. Siempre, por supuesto, sin olvidar la responsabilidad que la institución sanitaria tiene en ofrecer el máximo de protección a sus profesionales, y que se ha limitado a rebajar los niveles de seguridad que ofrece a los profesionales por carecer de recursos para mantenerlos en su nivel adecuado.

En una época como la actual no se puede asumir sin más el perjuicio de un bien individual a costa del máximo bien de otros individuos. Ningún individuo lo aceptaría. Pero incluso si damos el salto desde la perspectiva individual a la comunitaria, solidaria y relacional, la responsabilidad de la relación entre médico y paciente recae sobre todos sus actores (médico, paciente y sociedad), que se deben repartir beneficios y riesgos de forma equilibrada. Porque cada persona tiene su propia dignidad y sus propios derechos, que hemos de gestionar adecuadamente entre todos.

Quizás esta sea una buena vía para repensar, a día de hoy, la deontología profesional. Una deontología que aprenda de lo vivido durante la crisis COVID. Ojalá que en el seno de una sociedad que también aprenda de ella.

Ahí queda el reto.

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