Crónicas AMYTS de la desescalada, 3 de julio de 2020

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Se consolida esta semana la discrepancia entre los datos ofrecidos por la Comunidad de Madrid en su informe diario y los datos que aparecen en el resumen diario de la situación actual facilitado por el Ministerio de Sanidad. Dicha discrepancia debería ser explicada adecuadamente, pues aunque existe similitud en el número de casos que se atribuyen al día anterior, la Comunidad de Madrid ofrece un número total de casos nuevos muy superior al facilitado por el Ministerio. Esta discrepancia es especialmente llamativa en la última semana, en la que, según los datos madrileños, el número de casos se habría incrementado de forma considerable en nuestra Comunidad, mientras que según los datos del Ministerio se habría producido una reducción de la cifra media diaria de afectados. A nivel nacional, los datos apuntan a un leve incremento del número diario de nuevos casos a lo largo de las dos últimas semanas. 

En este escenario, continúa la errática actuación de la Comunidad de Madrid, que no parece ser del todo consciente de la situación real del sistema sanitario, en especial de la Atención Primaria, vistas las declaraciones del viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero. Estas declaraciones fueron rápidamente contestadas no sólo por AMYTS, sino por las sociedades científicas de Atención Primaria, y el propio viceconsejero ya ha pedido disculpas por las mismas. En medio de esta confusión, la presidenta Isabel Ayuso ha anunciado un plan de incentivos para retener médicos en nuestra Comunidad, médicos que ya ha perdido por la incapacidad de ofrecerles unas condiciones atractivas de contratación, especialmente en la históricamente deficitaria Atención Primaria, donde la ausencia de los nuevos especialistas ha tenido que ser suplida con médicos sin especialidad. Curiosamente, a pesar la catastrófica situación de este nivel asistencial, la Gerencia de Atención Primaria y el propio Consejero se muestran satisfechos de su gestión en relación a la misma. Al menos, esta semana ha habido un avance en la situación de este nivel asistencial, al desbloquearse el proceso de movilidad interna pendiente desde 2018.

Y seguimos hablando de males de la Atención Primaria, sobre todo en alguno de sus “subapartados”. En concreto, esta semana hemos hecho pública la deficitaria situación de los Servicios de Atención Rural, en los que se hace posible una atención segura tanto para pacientes como para los propios profesionales, y para los que hay que hacer un análisis individualizado que no puede quedar amparado en un Plan de Normalización que ni siquiera los contempla. Tampoco se han resuelto los problemas específicos de las Unidades de Salud Bucodental, que exponen también innecesariamente al contagio a sus profesionales.

En medio de todo ello, continúan activas las vías judiciales abiertas por AMYTS en relación a la crisis sanitaria COVID-19 y la desprotección en que se encontraron nuestros profesionales. De ahí que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya exigido a la Consejería de Sanidad que realice una evaluación de riesgos de todos los facultativos del sistema sanitario regional y les dote del número adecuado de equipos de protección individual, incluyendo batas y monos impermeables, mascarillas FFP2 y FFP3 homologadas para uso en profesionales sanitarios, gafas y pantallas de protección. La Justicia no puede olvidar que el esfuerzo de los profesionales debe estar convenientemente respaldado por las instituciones sanitarias y sociales, y que la preparación para nuevos brotes, además, debe garantizar también su seguridad, como públicamente ha expresado en alguna ocasión la propia presidenta de la Comunidad, y cuyo compromiso público debe cumplirse fehacientemente.

Otra vía abierta por AMYTS durante la crisis, en concreto la del reconocimiento del contagio COVID-19 en profesionales sanitarios como enfermedad profesional, ha encontrado eco en la Asamblea de Madrid gracias a la aprobación el pasado jueves de la Proposición No de Ley que Vox presentó a este respecto, haciéndose eco de nuestra campaña y solicitando al Gobierno de la nación que proceda a ese reconocimiento.

Sin embargo, la noticia que más titulares ha concertado esta semana ha sido la de la convocatoria de huelga indefinida realizada por el Comité de Empresa MIR para todos los residentes madrileños. La causa es la negativa de la Consejería de Sanidad ha negociar con ellos su propuesta de convenio MIR, que llevaban tres años elaborando. En principio, la Consejería se negó a la posibilidad de un convenio, abriéndose a la negociación de acuerdos, pero sin fijar fecha para el inicio de la negociación y despreciando, como punto de partida, el esfuerzo ya realizado. Un ejemplo más del maltrato, mal-trato, con que los políticos madrileños regalan a sus profesionales. Es el momento de hacerles ver quiénes son los que atienden a los pacientes, quiénes los que salvan vidas y quienes los que tendrían que centrar su actividad en facilitar esa tarea y no en menospreciarla, menos-preciarla, públicamente (por mucho que, de vez en cuando, tengan una palabra de elogio). Hay quien sigue confundiendo gobierno con imposición de modelos, y eso ya no es de recibo en una sociedad moderna y avanzada como la madrileña, que necesita liderazgos participativos y realmente democráticos.

Lo mismo se puede decir con respecto al proceso de elección de plaza MIR. El Ministerio no ha sido capaz de ejercer ese liderazgo participativo y democrático que precisa la responsabilidad política actual, y tras hacer oídos sordos a la petición de los propios interesados y del conjunto de organizaciones profesionales del Foro de la Profesión Médica, ha tenido que ser obligado por los tribunales a reconocer el derecho de los electores a realizar presencialmente dicha selección. La necesidad de intervención judicial de tantas y tantas decisiones políticas habla de la poca estatura que tienen quienes hoy gestionan la Sanidad, y que habían tenido sobradas oportunidades de abrirse al planteamiento general del entorno profesional, que apoyaba unánimemente la petición de los electores. Afortunadamente, parece que la sentencia no va a detener el proceso de elección, que se podrá realizar tanto virtual como presencialmente, y permitirá la incorporación de los nuevos residentes en el plazo previsto.

Finalizamos el resumen semanal con el repaso de la página oficial del Ministerio de Sanidad para la documentación técnica sobre coronavirus, en la que se ha producido la actualización de los documentos Información científico-técnica, enfermedad por coronavirus, COVID-19 e Instrucciones sobre la realización de pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 en el ámbito de las empresas

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