Crónicas AMYTS de la desescalada, 12 de junio de 2020

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Las cifras de nuevos infectados continúan ofreciendo una tónica semanal descendente a nivel nacional, a pesar de los brotes que parecen estar surgiendo de forma aislada. Las medias semanales para Madrid parecen mostrar una estabilización de las cifras, con 116 nuevos infectados diarios (media similar a la de la semana previa) y 59 de ellos atribuibles a la víspera (un poco por debajo de la media de la semana pasada). No hay, por tanto, signos que apunten hacia un repunte de la infección en nuestro ámbito, a pesar del incremento de capacidad diagnóstica que supone la mayor disponibilidad de PCR y de pruebas serológicas en las dos últimas semanas. No obstante, es importante insistir en la necesidad de precaución, de mantener la distancia social y la higiene de manos, y de usar mascarillas.

El panorama político continúa emponzoñado por las acusaciones en torno a la gestión de las residencias durante la epidemia COVID. Están saliendo a la luz los diferentes protocolos que desde la Comunidad de Madrid llegaron a residencias y centros de salud, indicando a los profesionales los criterios para su derivación a hospital, teniendo en cuenta la situación de saturación y desbordamiento asistencial en que estos se iban encontrando. La negativa continua a aceptar la situación de crisis o catástrofe que se vivió durante esas semanas trae ahora estas consecuencias, convirtiendo esa situación vivida en arma arrojadiza de unos contra otros. Es de lamentar que se practique la política con esta bajeza, cuando lo que debería hacerse es asumir la realidad vivida (y la conocen, al dedillo, los profesionales sanitarios) y preparar las instalaciones sanitarias y sociosanitarias para dejarlas mejor acondicionadas y más resilientes antes posibles rebrotes de la infección. Porque las condiciones en que se ha trabajado en estas últimas han sido penosas. Es dudoso pensar que haya otro objetivo más importante en este momento para la política de nuestro país.

Porque lo que necesitamos es una política y una gestión sanitaria con capacidad de liderazgo social, que avance en la dirección deseada. Y esa no es la de seguir ofreciendo contratos basura a nuestros médicos, que ya están bastante hartos del maltrato y de la falta de reconocimiento por parte de la institución sanitaria. Los especialistas marchan a otros lugares en busca de mejores condiciones, lógicamente (pura lógica de mercado), y entonces nos vemos obligados hacer el paripé de cumplir objetivos ofreciendo esos mismos contratos-basura a médicos sin la especialidad, cuyo esfuerzo durante la crisis COVID, por otra parte, no puede dejar de ser reconocido. Pero como se puede apreciar, tenemos una administración sanitaria que suspende claramente en capacidad de gestión.

La situación de la Atención Primaria, desde luego, es víctima precisamente de esa falta de liderazgo y de capacidad de gestión. No la tiene su actual estructura directiva, pero tampoco parece que sea buen modelo el resto de la estructura de la Consejería, que lo ha estado permitiendo. Hay que abandonar definitivamente una concepción tan pasiva de la gestión sanitaria, y dotar a la estructura del estímulo necesario para poder contar con los mejores profesionales: reconocimiento de las plazas de difícil cobertura (ya que no tienen la misma dificultad unas categorías que otras), reconocimiento del esfuerzo excepcional que los médicos hacen a diario en unas condiciones adversas (en los diferentes ámbitos, pero con una atención especial a los horarios y circunstancias adversas que enfrentan los médicos de la urgencia extrahospitalaria), reconocimiento y satisfacción del abuso de temporalidad que se ha cometido con tantos médicos (y aquí destaca el ámbito de la urgencia hospitalaria)… Es difícil entender que haya un verdadero compromiso de la administración madrileña con su sanidad pública si se mantiene la situación heredada de abandono y no resolución de problemas, o incluso se contribuye a su deterioro progresivo.

En este sentido, la convocatoria de OPE, que no logra compensar el abuso de temporalidad cometido, es insuficiente y, además, va a sufrir un nuevo retraso, como anunció ayer la Dirección General de Recursos Humanos en la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad. Una Mesa Sectorial en la que la Administración defiende, además, posiciones diferentes a las que escribe en sus resoluciones, como la exigencia de que la documentación de la fase de concurso de los procesos selectivos en marcha se va a recoger únicamente de forma telemática (cuando la convocatoria de los procesos y la resolución que abre la fase de baremo hablan de una presentación preferente por vía telemática, con alternativa presencial en los registros). En la que continúa insistiendo en poner “perfil” a las plazas que crea conveniente, cuando no se ha avanzado nada en regular ese “perfilamiento de plazas” (interesante recordar la propuesta de AMYTS al respecto). En la que se cuestiona el acuerdo alcanzado previamente sobre la nota de corte de los procesos de estabilización, al introducir una cláusula que permitiría al Tribunal elevar esa nota. Y en la que sigue marginando a los profesionales eventuales, al no reconocerles derecho a Carrera Profesional… Al menos, hay indicios de que se van a reconocer nuevos niveles, y de que se abonará la productividad variable de 2019, aunque sea (un año) tarde.

En fin, tenemos una Administración que no cuida para nada a los profesionales. Incluso que los castiga con su  constante negación de la realidad. Que cree que son meros empleados de usar y tirar, a pesar de que son los que realmente han dado la talla durante la crisis COVID, como vienen dándola a diario en la sostenibilidad de un sistema sanitario que descansa sobre sus hombros. Una Administración indigna de la responsabilidad que gestiona, como demuestra día. Una Administración que no merece a ninguno de los profesionales con los que cuenta. Afortunadamente, los profesionales quieren seguir donde están porque les gusta su profesión y porque les necesita la población en ese servicio que ningún otro agente puede realizar.

Esos profesionales necesitan de otra Administración sanitaria. Una Administración que les reconozca y valore, que entienda su propia función como cuidado y soporte de la labor profesional, que acompañe su esfuerzo; máxime en este momento post-crisis COVID, en el que la fatiga psíquica y emocional ha dejado a los profesionales exhaustos y necesitados de apoyo. Y no una Administración que, por negar a toda costa sus responsabilidades, deje a los médicos expuestos a actuaciones judiciales motivadas no por la praxis profesional, sino por la limitación de recursos sanitarios disponibles.

En cuanto a la documentación oficial en torno a coronavirus de la página web del Ministerio de Sanidad, hemos podido detectar las siguientes novedades:

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