El trasvase de responsabilidades políticas a los médicos

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Nuestra clase política parece reticente, en general, a asumir responsabilidades, y parece que esto se acentúa en lo relacionado con la crisis COVID. Asumir responsabilidades es simplemente aceptar que la realidad ha sido la que ha sido a partir de las decisiones tomadas (o no tomadas), en algunas ocasiones por errores de apreciación de la realidad que en cada momento se estaba desarrollando. Por ejemplo, se puede hablar de responsabilidad ante el retraso de la detección de la transmisión comunitaria, ante el retraso del inicio del Estado de Alarma, ante la autorización de las manifestaciones del 8M o de otras concentraciones públicas (congresos políticos, encuentros deportivos) en esas fechas, o ante la insuficiente dotación de recursos sanitarios y de protección de los profesionales que hemos podido contemplar a lo largo de la crisis. Luego, de la responsabilidad a la culpa hay un trecho, al menos en el significado jurídico, pues hay que demostrar que hubo dolo (voluntad deliberada de daño o engaño) o imprudencia (falta de previsión o incumplimiento de un deber de cuidado). Pero como la responsabilidad, ya de por sí, puede tener consecuencias políticas, los miembros de la clase política no son proclives a reconocer ningún tipo de responsabilidad. Y así les podemos ver negando la realidad (para eludir plenamente cualquier responsabilidad) o descargando su responsabilidad en otros (para así quedar libres de consecuencias).

El caso de la toma de decisiones para ingreso en UCI de los pacientes muy graves durante la crisis COVID ha sido un buen ejemplo de esto. Hemos visto, por ejemplo, comportamientos negacionistas de las dificultades para poder disponer de suficientes camas en dichas unidades para todos los pacientes que podrían necesitarlas. Aún no habiendo sido reconocidas de forma oficial, hay referencias múltiples a esas dificultades en multitud de noticias y testimonios personales durante la crisis. Tanto es así que llegó a ser un problema en la toma de decisiones de priorización de tal calado que tuvieron que pronunciarse primero el Comité de Bioética de España y después (ya muy tarde) el propio Ministerio de Sanidad para configurar un marco de referencia para esa toma de decisiones. Curiosamente, en ambos documentos se hace alusión a la necesidad de que sea la autoridad sanitaria quien proporcione ese marco orientativo; veámoslo en sus propias palabras:

  • “Informe del Comité de Bioética de España sobre los aspectos bioéticos de la priorización de recursos sanitarios en el contexto de la crisis del coronavirus” (25 de marzo de 2020), apartado 9.2 (pág. 5): “en el contexto actual, donde ya no se trata de fijar cuál es el mejor criterio científico-médico o cuál es la lex artis de la actuación individual de cada profesional, sino, mucho más allá, de limitar el derecho a la protección de la salud de algunos individuos por la escasez de recursos, la decisión solo puede corresponder única y  exclusivamente  a  la  autoridad  pública,  la  única  facultada  constitucionalmente  para limitar y suspender derechos” [la negrita es nuestra].
  • Informe del Ministerio de Sanidad sobre los aspectos éticos en situaciones de pandemia: El SARS-CoV-2 (2 de abril, de 2020, publicado en la página del Ministerio de Sanidad dos días después), páginas 5 y 6: “Además, partimos de la base de que la resolución de situaciones problemáticas e incluso conflictivas de extrema gravedad y dificultad que se plantean en torno a las pandemias, y en particular con las que ha generado el SARS-CoV-2, no debe ser dejada exclusivamente en manos individuales o de colectivos o entidades profesionales o científicas. Antes bien, implica y compromete a toda la sociedad… En nuestro caso, en este estado de alarma corresponde, con plena legitimidad democrática, al Gobierno de la Nación, a través del Ministerio de Sanidad, asumir la responsabilidad política de adoptar criterios, recomendaciones y decisiones, según sea oportuno, unificadoras, constructivas y, en su caso, tranquilizadoras, dirigidas a los profesionales sanitarios y no sanitarios afectados, a los pacientes y, en suma, a toda la sociedad[la negrita es nuestra].

Lo tardío de la publicación ministerial, entre el 2 y el 4 de abril, cuando ya se acaba de superar el pico evolutivo de la pandemia, y la actitud negacionista de muchos responsables políticos nos dieron motivo para afirmar que se había abandonado a los profesionales en la toma de decisiones difíciles, en un momento en que esas decisiones no eran demorables y, además, debían de ser tomadas en circunstancias de auténtica crisis sanitaria, con una sobrecarga elevada de pacientes en situaciones complicadas y con profesionales en muchos casos no habituados a los escenarios clínicos en los que se desarrollaba, principalmente, la batalla contra la infección COVID. No eran, en absoluto, circunstancias de normalidad, sino de contingencia o incluso de catástrofe, por mucho que esto no quiera ser reconocido por los responsables políticos.

Sorprenden en este punto, por tanto, las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid este fin de semana defendiendo que en las decisiones de asignación de camas UCI se utilizaron, durante la crisis COVID, “criterios estrictamente médicos”. Desde luego que los criterios médicos fueron la base de la toma de decisiones, pero en muchas ocasiones tomadas en la soledad y desamparo que supone la situación de catástrofe, con importante limitación de recursos ante la avalancha asistencial, y tratando de priorizar a los pacientes según criterios clínicos. Pero aunque se pueda defender que dicha toma de decisiones no se basó en criterios políticos, lo cierto es que esos criterios, de alguna manera, hubieran sido necesarios desde el inicio para enmarcar la toma de decisiones en un escenario de insuficiencia de recursos, fueron reclamados por el Comité de Bioética de España sin mucho éxito durante varias semanas, y finalmente fueron elaborados y publicados por la autoridad sanitaria. Mientras tanto, los profesionales trataron de acompañarse y asesorarse en esas decisiones como pudieron, recibiendo además orientaciones bioéticas por parte de las sociedades de dos de las especialidades más implicadas en la asistencia a los pacients COVID: la de Medicina Intensiva y la de Anestesiología y Reanimación.

La gestión de los recursos sanitarios es competencia fundamental de la Administración, y su obligación es la de proporcionar los recursos necesarios para que los profesionales puedan prestar la atención sanitaria que necesiten los ciudadanos. Pero también es su responsabilidad establecer los criterios de gestión de esos recursos para tratar de garantizar al máximo el derecho a la protección de la salud, de acuerdo al marco constitucional. De hecho, la propia Comunidad de Madrid estableció diferentes protocolos de actuación para enmarcar la asistencia sanitaria a determinados pacientes, entre otros a los pacientes tratados a domicilio y en residencias, y dentro de esos marcos organizativos los profesionales tomaron las decisiones clínicas convenientes. Y estamos convencidos de que todo eso se realiza con el conveniente apoyo experto.

No lo olvidemos: las decisiones clínicas de los médicos no se hacen al margen de la realidad sanitaria y social, sino dentro de ella. Y la situación sanitaria y social vivida durante la crisis COVID no ha sido de normalidad, sino de contingencia, cuando no de catástrofe. En ese contexto, y dentro de la organización sanitaria disponible en cada momento (responsabilidad de nuestras administraciones sanitarias), tomaron los médicos, y el resto de profesionales, las mejores decisiones que pudieron tomar. Sólo en ese contexto hay que considerarlas. Y a buen seguro que habrán salvado muchas vidas.

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