COVID-19. Una sanidad “de contingencia” que necesita otro marco de responsabilidad

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Hace unos días traíamos a estas páginas un análisis de la gestión de la crisis COVID-19 en España a partir de la primera parte del artículo del Centro Hastings de bioética Ethical Framework for Health Care Institutions & Guidelines for Institutional Ethics Services Responding to the Coronavirus Pandemic (título que traducíamos como Marco ético para instituciones sanitarias y guía de actuación para servicios institucionales de ética implicados en la respuesta a la pandemia por coronavirus). En él demostrábamos la actitud que habían mostrado las autoridades sanitarias españolas de abandono hacia los profesionales en la toma de decisiones difíciles. Hoy queremos continuar ese análisis a partir de la segunda parte de dicho artículo, muy interesante al enumerar las responsabilidades generales de las instituciones sanitarias para con sus profesionales y la ciudadanía, y mostrarnos los diferentes niveles de respuesta que el sistema sanitario puede ofrecer ante crisis como la que estamos viviendo.

En lo referente a las responsabilidades, el artículo las resume en tres:

  1. El deber de planificar, de anticipar los posibles conflictos que pueden surgir durante una emergencia en salud pública. A estas alturas de la crisis parece que no queda ninguna duda de que se ha anticipado y planificado poco, que se optó por esperar pasivamente a ver cómo se desarrollaban los acontecimientos y que, finalmente, se llegó tarde a dar las respuestas adecuadas.
  2. El deber de proteger. Ha sido uno de los incumplimientos más flagrantes en esta crisis, pues la falta de planificación y anticipación se ha notado en la imposibilidad para proteger adecuadamente a los profesionales por parte de la mayoría de administraciones sanitarias. Y en el tema de las residencias también parecen detectarse importantes déficits en la protección de nuestros mayores.
  3. El deber de guiar / orientar. No sólo se llegó tarde y mal, por parte del gobierno, a ofrecer orientación en los conflictos morales más intensos que se han vivido en estas semanas, como defendíamos en el anterior artículo. Es que en nuestro entorno autonómico no ha habido sensación de existencia de planes coordinados para hacer frente a la crisis, sino más bien de improvisación sucesiva de medidas, aunque el esfuerzo y buen hacer de los profesionales ha ayudado a que las acciones emprendidas finalmente hayan tenido buenos resultados.

Sin embargo, hay aún una aportación de mayor calado en el artículo que estamos analizando: la propuesta de una clasificación de los niveles operativos del sistema sanitario en una situación de crisis, desde el nivel normal de asistencia, con unos buenos niveles de calidad, hasta el nivel de catástrofe, con una calidad muy deteriorada, pasando por un nivel intermedio de contingencia. Según el modelo propuesto por el Hastings Center, muchas de nuestras instituciones sanitarias se habría movido en un nivel de contingencia rayano con el de crisis, en función de una serie de factores: reutilización (o utilización compartida) de material crítico, posibilidad de decisiones de priorización ante recursos escasos, habilitación para tratamiento de pacientes de todas las áreas de los centros sanitarios (pasillos, gimnasios…) y realización de tareas no habituales por parte de muchos profesionales (especialistas de áreas no clínicas, por ejemplo, desplazados como apoyo a áreas clínicas). La importancia de esto no es pequeña, precisamente, pues señala que el sistema sanitario ha estado funcionando durante la crisis COVID por encima de sus capacidades normales, y que en estas condiciones no pueden funcionar ni los criterios de calidad ni los de responsabilidad de épocas de mayor estabilidad. Además, y como aparece claramente expresado en el artículo, hay que partir de un equilibrio entre derechos individuales y salud pública diferente al habitual.

La gestión de las situaciones de crisis debe realizarse con una serie de requisitos de fondo que tampoco se han cumplido en nuestro caso. Y entre ellos destaca el desarrollo de políticas para informar y preparar a la población sobre las limitaciones de cuidado que pueden surgir en estas situaciones de crisis. No hemos visto la existencia de este tipo de políticas bien desarrolladas, sino que, junto al comprensible afán por tranquilizar a la población, se ha negado en múltiples ocasiones la existencia de esas limitaciones, que en muchos casos ha expuesto a los profesionales a exigencias frente a las que no podían dar la respuesta adecuada. Y nos ha parecido que todo esto se ha debido sobre todo a la preocupación de los líderes políticos por no perder posiciones en la lucha por el poder. Y a su ignorancia de la realidad profesional y asistencial, que no suelen conocer de primera mano.

Desde luego, hay mucho que mejorar en la gestión de crisis como la que estamos viviendo: de cara a los profesionales y de cara a la ciudadanía en su conjunto, que es la que tiene que asumir, por otra parte, la responsabilidad sobre todo lo sucedido y poner en marcha procesos de mejora. Los errores en la gestión de la crisis no deben conducirnos al pesimismo y el abandono, sino más bien a adoptar una posición más comprometida con la gobernanza de nuestra sociedad, de forma que se produzca de una manera más transparente, participativa y eficaz. Y, desde luego, mucho más dialogante y colaborativa. Y con la participación de los profesionales en primera línea, que son quienes saben del funcionamiento real de la trinchera.

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