CONTRAPORTADA. “A propósito del gasto sanitario y el despilfarro”, por Carlos Castaño, presidente de AFEM

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El médico siempre ha tenido clara su labor nadando entre la consecución de la salud y el gasto que ello produce, consciente que éste último depende de su bolígrafo. Es inevitable que el gasto sanitario sea mayor día a día y esto se debe al derecho de una esperanza de salud creciente en la Sociedad, al aumento de la esperanza de vida, a la inversión de la pirámide poblacional y al desarrollo tecnológico y farmacológico.

A pesar de ello, muchos pretendidos avances propuestos por las empresas del sector y farmacéuticas, son meras estrategias de venta y creación de necesidades no bien justificadas. Muchas actuaciones médicas se dejan llevar por la medicina defensiva y el anhelo de ser pioneros en técnicas que muchas veces no se justifican. Muchos gastos de la Administración responden a necesidades políticas y no sanitarias.

Los gobiernos son muy conscientes de la importancia de la salud y por regla general, en nuestro país no se han ido poniendo muchas trabas en épocas de bonanza económica y creencia en el Estado de bienestar. Pero en momentos de crisis, como la que atravesamos con unas políticas basadas en los recortes, las cosas han cambiado. El personal sanitario ha visto a la administración como a un enemigo que se basa en maltrato profesional y en recortes indiscriminados ordenados por Bruselas, más bien Alemania. Recortes sin falta de criterio que no cuentan con los profesionales, verdaderos artífices del gasto. Las administraciones tienen por objeto el recorte por encima de la salud y van introduciendo criterios economicistas sin ver que la Sanidad no sigue esos criterios estrictamente. La sanidad no genera beneficios económicos tangibles como lo hace otro tipo de empresa. Si bien un beneficio claro es la incorporación del enfermo a su actividad laboral, en el caso de pacientes que se encuentren fuera de ese mercado, el beneficio desde el punto de vista económico, no está nada claro. Estamos hablando de beneficios intangibles que sólo tienen valor desde el punto de vista humanístico, bien estar social, emocional y valoración de la vida humana y su salud más allá del gasto.

En las circunstancias actuales de recorte y noticias incesantes de corrupción política y despilfarro, se nos pide moderar el gasto sin contar con nosotros. Se nos pide aceptar privatizaciones, que solo velarán por resultados económicos financiadas con dinero público. En este contexto nacen espontáneamente asociaciones profesionales sin ningún ánimo de lucro en defensa de la Sanidad Pública como un tesoro irrenunciable, como un logro que costó siglos de historia conseguir. Nacen AFEM, por parte de los facultativos y AME, por parte de la enfermería. Las asociaciones sindicales clásicas ven también el problema y se suman a la causa de la defensa de la Sanidad Pública. De esta forma se acabó con un importante enemigo, la privatización de un grueso importante de hospitales y centros de salud madrileños, pero las privatizaciones encubiertas se mantienen. ¿Qué sentido tiene disponer de medios materiales y humanos para realizar la tarea sanitaria y despilfarrarlos, por no usarlos, derivando pacientes a clínicas privadas?

Si queremos mantener el Estado de bienestar en lo referente a la salud, puntal básico, habrá que ser eficientes en el gasto sin recortar un ápice en salud. Esto sólo es posible contando con los profesionales de una forma sincera y con administraciones absolutamente transparentes en el gasto y en la gestión. Administraciones que lejos de maltratar al profesional y desincentivarlo, lo vean como su aliado.

La Asamblea de Madrid acordó una serie de puntos que pretendían dar esa transparencia en gestión y gasto, así como acabar con el maltrato profesional. Ninguna de las resoluciones parece que den sus frutos. No podemos entender ni aceptar el trasvase de gerentes y premios políticos en un ambiente que pretende la profesionalización de los mismos. No se puede entender una jornada laboral aumentada que las autoridades sanitarias no dejan cumplir porque el médico si trabaja, gasta más, siendo preferible sustraerle los dineros por incumplimiento de su jornada. No se puede entender eliminar de un plumazo servicios de guardia en los grandes hospitales. No se puede entender el recorte en medicamentos que salvan vidas, como el reciente caso de la hepatitis C. No se puede entender el aumento de las listas de espera con la filosofía de que es más barato no hacer que tratar. No se pueden entender unos Pactos de Gestión que proponen un trabajo extra con un sueldo incierto y con meses de retraso, en condiciones de calidad sanitaria peores que el trabajo habitual y que obligan a derivar pacientes. No podemos aceptar realizar intervenciones con menos personal por la tarde que por la mañana y, en este punto, entran en juego los olvidados residentes, verdaderos puntales del sistema sanitario. Si bien son personal en formación, su actividad asistencial es fundamental y básica, de forma que el sistema sanitario no se sostiene sin ellos. ¿Por qué no se cuenta con ellos en los llamados Pactos de Gestión y veladamente se les pide su participación voluntaria y no remunerada? Eso se llama maltrato laboral y generar futuros profesionales quemados desde su nacimiento.

Si de verdad queremos una Sanidad que funcione, la administración debe ser leal con los profesionales, contando con ellos sin maltratos, siendo clara y transparente, dando protección contra la llamada medicina defensiva, trabajando en equipo con la administración sanitaria. Pero para ello hay una barrera que la Administración debe derribar, esa barrera es la desconfianza que ha creado y mantiene. El profesional no confía en su administración sanitaria y el paciente tampoco. Hay mucha labor por delante.

Carlos Castaño Zapatero, presidente  de AFEM

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