CON FIRMA. “Política caprichosa”, por Miguel Ángel García

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La verdad es que, como madrileño y como médico, estoy absolutamente anonadado. El espectáculo que están dando nuestras Administraciones es absolutamente deprimente. Y creo que, tanto por madrileño como por médico, como por miembro de una asociación profesional, AMYTS, no puedo consentir que esto ocurra sin al menos llamar la atención a los causantes. Aunque sea desde esta pequeña tribuna. Porque todos somos un poquito responsables de la política que tenemos. Y porque la tarea de la política, y de los políticos, es gestionar la convivencia y el bienestar de los ciudadanos, y no bombarderalos. ¿Se imaginan que los sanitarios nos dedicáramos a producir sufrimiento y daño? Pues yo tampoco que nuestros políticos deterioren nuestra convivencia. Y lo están haciendo.

Eso sí, mi intención sería llamarles de la manera más imparcial posible. De hecho lo es, pero entiendo que la imparcialidad absoluta es imposible. No porque uno no lo pretenda, y no se esfuerce en ello, sino porque al fin y al cabo está limitado por su propio conocimiento y su propia perspectiva. Por eso, trataré de limitarme a hechos, porque no quiero hacer política de parte, sino sacar los colores a quienes están manejando como patanes la delicada situación que atravesamos. Y cada cual espero que pueda disculparme los posibles errores de perspectiva, y seguro que podrá añadir los matices que él perciba.

Después de vivir un mes de julio bastante tranquilito (salvo por los brotes que aparecían aquí y allá, el aumento de casos en Aragón y los recursos bastante justitos, al menos en Madrid, en AP y Urgencia Extrahospitalaria), durante el mes de agosto se produjo un incremento bastante llamativo de la incidencia de nuevos casos COVID-19. Y entretenidos en que la mayoría de casos eran jóvenes, que la letalidad había bajado y que tal y qué se yo, pasamos el mes sin que se tomaran medidas significativas en nuestra Comunidad. En las dos semanas finales de ese mes parecía que la cosa se controlaba, pero al volvernos a reunir todos juntitos en el mes de septiembre el crecimiento volvió a acelerarse. Afortunadamente, al llegar en torno al nivel incidencia acumulada en 14 días (IA14) de 800 (¡800!) casos por cien mil habitantes, se alcanzó el pico de esta nueva curva, quizás debido a que la concienciación social iba en aumento y a que se habían tomado algunas medidas de restricción de las reuniones, bastante leves. Y eso que entre medias se había procedido a la apertura de los centros educativos, lo que hasta el momento no parece haber influido negativamente en la evolución de la curva pandémica. Otras capitales europeas están comenzando a actuar con cifras mucho mucho menores.

Ya se habían producido por entonces varios llamamientos del Ministerio de Sanidad para que Madrid tomara medidas contundentes para frenar la infección, y de hecho se planteó incluso la creación de un grupo de trabajo de coordinación entre la Administración Central y la Autonómica, pero sólo por entonces la Comunidad de Madrid plantea las medidas selectivas de confinamiento para las zonas básicas que superan los 1.000 casos por cien mil habitantes (¿por qué se les dejó alcanzar ese nivel sin actuar antes?), que junto a su pretendida eficacia presentan un cierto perfil discriminatorio (aunque no sea intencionado, desde luego). Y eso parece consolidar la reducción de casos, en un momento en que también esa reducción se está consolidando en el conjunto del país. Las cifras bajan en torno a un 23% en esas zonas básicas, pero la reducción en el conjunto de Madrid es sólo del 20%, en la media nacional; las zonas básicas no afectadas por las medidas de confinamiento parecen frenar ligeramente esa caída. En cualquier caso, esta evolución es positiva, y no puede sino alegrarnos a todos. Entre otras cosas, porque los centros hospitalarios ya comenzaban a tensionarse seriamente, y la Atención Primaria y la Urgencia Extrahospitalaria necesitaban ya un cierto alivio del sobrepeso patológico de actividades que tienen que soportar. Y, sobre todo, porque significa una mejora en el nivel de salud de nuestros conciudadanos.

Y en esta situación se agudiza el rifi-rafe entre las dos Administraciones, y el desconcierto de los cambios de postura de la madrileña, que primero parece alcanzar acuerdos con la representación ministerial, pero luego su presidenta se desmarca de ellos. Con visión de Estado, en un momento en que el diferencial entre la IA14 madrileña y la de casi todas las demás CCAA supera la cifra de 300 casos por cien mil habitantes, el Ministerio exige que se cierren los municipios con mayor incidencia acumulada, incluyendo la capital, mientras que con visión intra-autonómica, el gobierno de la Comunidad insiste en el cierre parcial por zonas básicas. Ya conocemos lo que viene después, la Orden Ministerial del acuerdo-desacuerdo, su aceptación-pero-recurso por parte de la Comunidad, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la aplicación del Estado de Alarma a la Comunidad de Madrid desde el pasado viernes y la utilización sesgada de las estadísticas (ya que la incidencia acumulada no debe calcularse con los datos de los tres o cuatro últimos días -“día a día”, como se dice desde la Administración madrileña-, que son siempre inferiores a los datos reales hasta que, tras unos días, se absorben todos los atrasos). Los ciudadanos asistimos atónitos a este espectáculo, y algunos partidos lo tienes fácil para aprovechar la carnaza que de todo esto parece poder sacarse.

No es, desde luego, un comportamiento ejemplar el de nuestras Administraciones. No lo es el de la Comunidad de Madrid, que primero no actúa durante semanas (fíjense en algunas comunidades autónomas que sí han conseguido mantener muy plana su curva, como Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Galicia, entre otras) y después dice-y-se-desdice-y-quiere-pensar hasta el último momento, y utiliza todo el revuelo que ella misma crea para atacar continuamente al Gobierno Central. Y no lo es tampoco el de este último, que finalmente decide intervenir, de forma un tanto autoritaria, cuando la curva ya está descendiendo, fallando por tanto en el timing correcto de la toma de medidas, aplicándolas cuando la situación está ya comenzando a mejorar y dando la impresión de que actúa mediado por otras motivaciones (aunque sea tan sólo por perder la paciencia, que tampoco tiene justificación, ya que se juega con el bienestar de los ciudadanos). Hubiera sido el momento, ya comenzando la reducción de casos, de haber tirado del “a la próxima no habrá miramientos”… Quizás el posible éxodo del puente del Pilar pueda aportar alguna excusa, pero no lo tengo muy claro.

Lo que sí parece claro en todo esto, además de la voluntad de utilizar COVID como arma política, es que este uso de las Comunidades Autónomas (y también otros de otras CCAA que ya llevan más tiempo en el candelero) parece cuestionar la utilidad real de este sistema de gobierno, que no debería funcionar como un contrapeso político (para eso están el Parlamento y los medios de comunicación) sino como posibilidad de acercar y hacer más amable y situada la gestión de la Administración. Deben pensar muy bien los politicos si es ese el papel que quieren que jueguen las Comunidades Autónomas en nuestro sistema de gobierno, y debemos pensarlo también los ciudadanos, que, lejos de creernos los múltiples improperios que nuestros políticos se lanzan entre ellos, tan sólo queremos “vivir la vida, y vivirla en paz”, centrados en los problemas que realmente nos importan a todos. Y en este caso en aquéllos en los que algunos se pueden jugar la vida, y otros, o muchos, sus fuentes de ingresos y su supervivencia.

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, director médico de la Revista Madrileña de Medicina

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