CON FIRMA. “La excepcionalidad del personal sanitario”, por Miguel Ángel García

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Hace un par de años, en plena crisis del ébola (cuando en España atendíamos a una paciente ingresada mientras en África morían a diario decenas de personas infectadas) y en medio de las dudas sobre la disponibilidad de las mascarillas de alta protección adecuadas para procedimientos de alto riesgo, un compañero intensivista me confesó que, de ser necesario, le sería  muy difícil no asumir el riesgo de intubar a la paciente a pesar de no disponer de dichas mascarillas.

Ciertamente, se trata de una actitud nada recomendable, sobre todo desde la perspectiva de la protección de riesgos laborales, pero que muestra algo del carácter excepcional que acompaña a algunas profesiones, entre ellas la Medicina: la del compromiso con el otro. Como también lo mostró la disponibilidad de los profesionales sanitarios a atender a los sucesivos pacientes afectos por la enfermedad que estuvieron ingresados por la misma causa en el Carlos III (afrontando un riesgo que se materializó en el contagio de una auxiliar de clínica), o también lo muestran, en muchas ocasiones, miembros de los cuerpos de seguridad que se prestan a misiones arriesgadas o docentes que se implican en el “triunfo” escolar de algunos de sus alumnos más difíciles…

¿Y dónde está la excepcionalidad de estas profesiones? Pues en que, en su base, parten de un presupuesto absolutamente diferente del de otras muchas: el de apoyar el interés del destinatario de su acción como parte consustancial de su propio ejercicio profesional. En una sociedad marcada por el interés propio incluso a costa del bien común, deberíamos valorar enormemente la existencia de estas balsas de responsabilidad y solidaridad que, en realidad, deberían servir de faro para indicar hacia dónde debe dirigirse el conjunto de la sociedad.

Sin embargo, esa excepcionalidad no es siempre reconocida, y, con frecuencia, es escondida y hasta expropiada. E incluso llega a ser invertida en algunas ocasiones, como ocurre con el tema de jornada. Por ejemplo, al instaurar la jornada de 37,5 h para los trabajadores públicos en la Comunidad de Madrid se decide que los facultativos no la cumplirán, pero que a cambio perderán las retribuciones correspondientes; por ejemplo, al volver a las antiguas 35 horas, el Ayuntamiento de Madrid pospone la aplicación de esta mejora en el ámbito de sus servicios sanitarios de urgencia, el SAMUR; y, por ejemplo, cuando ese tipo de decisiones se realizan hurtando un verdadero proceso de negociación.

¿Es ésta la manera en que las Administraciones quieren reconocer la excepcionalidad del personal sanitario, la de un trato desigual y discriminatorio? Pues justo todo lo contrario de lo que debería ser apoyar a unos colectivos profesionales cuya esencia es el compromiso con la sociedad. ¡Brillante sociedad estamos construyendo! ¿Alguien se extraña de que esté en crisis?

Miguel Ángel García Pérez
Médico de familia, máster en Bioética. Director médico de la Revista Madrileña de Medicina

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