CON FIRMA. “Excesos en el ejercicio de la autoridad”, por Miguel Ángel García Pérez.

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Miguel Ángel García, director médico de la Revista Madrileña de Medicina

Dr. Miguel Ángel García Pérez.

Continúan ocurriendo cosas graves en nuestro sistema sanitario público madrileño. Y más que remover los lodos que se están levantando (cosa que ya hacen otros con casi seguramente mayor maestría que la que yo pueda pretender), me gustaría ir un poco más allá, a las formas que a veces se ve que se “adhieren” a quienes ejercen algún tipo de autoridad.

Se han cedido una serie de datos o su utilización (no sabemos exactamente de qué alcance) procedentes de un hospital público, el Hospital de Fuenlabrada, a un centro privado para la realización de pruebas complementarias de la lista de espera. Tal cesión de datos parece encontrarse en el borde de la legalidad, si es que no es claramente ilegal, no habiendo contado con el consentimiento de los afectados ni partiendo de una necesidad de interés público amparada por una ley, al menos de forma explícita. En cualquier caso, incluso dentro de la legalidad, no habría estado de más haber guardado un poco mejor las formas, y haber ofertado, al menos, la derivación, desde el propio Hospital de Fuenlabrada. No sabemos por qué, pero esas formas se han perdido en el proceso. Alguien decidió que no eran necesarias.

Otra cosa. Seguimos teniendo conocimiento de protocolos de comunicación de centros sanitarios de la Comunidad que hacen alusión a la necesidad de que los profesionales que sean contactados por los medios de comunicación para cualquier tipo de declaración lo comuniquen previamente al Gabinete de Comunicación de dicho centro, en vista a su autorización; según indican, lo anterior es en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo 15074/1988, de 13 de enero. Sin embargo, dicha sentencia no dice nada parecido, sino que tan sólo acepta la petición de autorización en caso de que la entrevista tenga que tener lugar en el centro sanitario, para garantizar que no interfiere con su normal funcionamiento. La autorización previa, fuera de este escenario, queda totalmente descartada en esa sentencia como un atentado contra la libertad de expresión y de información. ¿Por qué decir lo contrario entonces? Bien es cierto que los profesionales tienen que ser muy cuidadosos con lo que pueden declarar en medios públicos, garantizando en todo momento cuestiones como la confidencialidad de la información clínica y asegurándose de la veracidad de lo declarado y de sus posibles consecuencias, y de que previamente se haya comunicado, en caso de tratarse de una queja en torno a un mal funcionamiento de los servicios, por cauces oficiales internos, pero de ahí a intentar reprimir sus manifestaciones va una gran distancia… Ni más ni menos que la que separa a los hábitos dictatoriales de los democráticos. De nuevo, las formas (y quizás también el fondo) brillan por su ausencia.

Y una tercera, para finalizar. Consiste en el mantenimiento anómalo de una situación de eventualidad laboral en el seno de una organización, la sanidad pública, en la que dicha contratación no está reconocida. Y en el posterior “rescate” por partes, a modo de gesta heroica por parte de los mismos políticos y gestores que previamente la han hecho posible. Ya se ha hablado suficientemente de esto en estas páginas, y no voy a alargarme más con ello.

Si traigo situaciones tan dispares a colación es porque me parece que reflejan una base común: la cuestionable actitud con que diferentes personas con cargos de autoridad sanitaria de uno u otro nivel parecen sentirse legitimados para moverse al margen de la ley, o al menos en su frontera (pero al margen totalmente de la ética de las relaciones humanas), a la hora de gestionar su parcela institucional. ¿Será que a uno se le cae la ética cuando sube posiciones en el escalafón? ¿O será que uno se sube por encima de la ética y la toma por montera, sintiéndose legitimado para tomar cualquier decisión en base al “bien común” (o, lo que es peor, al bien electoral propio), aún a pesar de saltarse las mínimas normas de convivencia que nosotros mismos nos hemos otorgado?

Suena a naif, lo sé, pero ¿no será la hora de aceptar cargos y responsabilidades desde la conciencia de que, por encima de todo, hay que atenerse a lo que determina la ley? 

Miguel Ángel García Pérez, 
director médico de la RMM
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