CON FIRMA. “Especialidades sanitarias, oposiciones y regulación laboral”, por Alejandro Ferrando

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Como especialista sanitario me gustaría discutir uno de los principios motivadores del proyecto de Real Decreto (RD) que se encuentra en marcha y por el que se fijarán criterios homogéneos de baremos en fases de concurso en procesos de provisión de plazas de personal estatutario. Ya que se busca garantizar la igualdad de los profesionales en el acceso al Sistema Nacional de Salud, en nuestras manos está acotar y allanar el camino para, en definitiva, avanzar hacia una igualdad de oportunidades pasado-presente y apostar por las generaciones futuras de residentes de las diferentes especialidades sanitarias. Esto nos lleva además, a replantear y afrontar con urgencia la situación laboral actual de alguna de ellas.

En un entorno de necesidad asistencial, pero de escasa o casi nula contratación, este proyecto de RD presenta criterios comunes en la fase de concurso para la provisión del personal estatutario tanto fijo como temporal. Tras conversaciones con compañeros de profesión quiero compartir la duda que, después de plantearse y discutirse, nos lleva, en conclusión, al rechazo rotundo a que el personal sanitario especializado, y sólo éste, pueda y/o deba superar una fase de oposición añadida al margen del concurso baremado. Habiéndose aprobado una residencia y creada una bolsa de trabajo temporal en base a méritos acumulativos, con este RD en proyecto es momento de cuestionar qué aporta un examen-oposición; y hagámoslo en base a la situación actual de los especialistas sanitarios.

Consideremos los siguientes puntos:

  1. Ya se ha superado una prueba selectiva de acceso a la especialidad a nivel nacional. ¿Necesitamos de otro examen para cerciorarnos la capacidad del aspirante (artículo 29 de la ley 55/2003)?
  2. Ya se ha superado un programa de formación y residencia de 3 o más años con evaluación continua y final. ¿No es contradictorio cuestionar la competencia del aspirante que ya tiene un título de especialista (artículos 30 y 31 de la ley 55/2003)? De existir tal duda, convendría revisar el método docente y la evaluación, sobretodo final, del periodo de residencia. Plantear entonces un examen al acabar la especialidad, ya que esto podría redundar en un mejor aprovechamiento de los recursos y esfuerzo dedicado por los tutores y profesionales dedicados a la docencia.
  3. En aquellas especialidades en que la oferta durante muchos años ha superado ampliamente la demanda de empleo, los exámenes de oposición han sido históricamente trámites que sólo han tenido que superar una pequeña proporción de estatutarios fijos actuales. Haciendo un sincero ejercicio de autocrítica, la mayoría de nosotros sabemos que los pocos realizados, en su mayoría, no han garantizado la imparcialidad ni los principios de igualdad del estatuto marco puesto que, como es natural y comprensible, han servido para consolidar el puesto de trabajo de un especialista con varios años a sus espaldas como temporal/eventual (llegando a más de 10 años en algunos casos). El tribunal es frecuente que esté compuesto por jefes de servicio de los mismos hospitales que los aspirantes, comprensible como digo, pero existen ya denuncias y casos de filtraciones judicialmente probadas. Un examen oposición cobra sentido cuando la demanda supera con creces la oferta y hay que hacer una selección de candidatos de origen o formación variada pero que satisfacen los requisitos del puesto de trabajo al que se aspira, no habiendo otra forma completa de puntuación. Los méritos académicos/laborales, establecidos en la convocatoria para satisfacer el principio de igualdad, sólo pueden ser un componente de la baremación final. Este no es el caso de la formación sanitaria especializada, donde existe un sistema formativo único, dependiente de la Administración.
  4. Como se afirma en los puntos 2 y 4 del artículo 30 de la Ley 55/2003 del Estatuto Marco del personal estatutario:

2. Los procedimientos de selección, sus contenidos y pruebas se adecuarán a las funciones a desarrollar en las correspondientes plazas incluyendo, en su caso, la acreditación del conocimiento de la lengua oficial de la respectiva comunidad autónoma en la forma que establezcan las normas autonómicas de aplicación.

4. Las convocatorias deberán identificar las plazas convocadas indicando, al menos, su número y características, y especificarán las condiciones y requisitos que deben reunir los aspirantes, el plazo de presentación de solicitudes, el contenido de las pruebas de selección, los baremos y programas aplicables a las mismas y el sistema de calificación.

El avance tecnológico y científico de los últimos años ha hecho que en algunas especialidades como aquella a la que pertenezco, Radiofísica Hospitalaria, profundicemos en tres áreas de aplicación cada vez más diferenciadas: protección radiológica-radiodiagnóstico, medicina nuclear y radioterapia. Sin embargo, muchas de las pruebas de oposición no reflejan esta dedicación cada vez más exclusiva de las plazas convocadas, y los exámenes son “genéricos” o, como es comprensible según la composición del tribunal, sesgados hacia una u otra área de aplicación.

Que algunos servicios hospitalarios estén compuesto en su totalidad por personal de contrato eventual conlleva el riesgo de que, para estar en una situación de igualdad frente al examen oposición, y tras muchos años de dedicación al área concreta de su trabajo (remarquemos, hasta 10 o más…), una sección entera decida tomar excedencia para prepararlo, con los trastornos organizativos y asistenciales que conlleva. Es una situación paradójica a la que se ha llegado por diversos motivos, uno de ellos la falta de creación de empleo estatutario/escasa periodicidad de ofertas públicas de empleo (OPE), entendiendo que supone un esfuerzo para la Administración. En Madrid, desde la regulación extraordinaria publicada en el año 2001, tuvieron que pasar 8 años hasta convocar la siguiente OPE, tipo concurso con oposición. Desde entonces han transcurrido 7 años, una grave crisis con importantes recortes y, actualmente, dada la alta carga asistencial generada, el eventual con dedicación exclusiva a su trabajo y experto en su área se encuentra en inferioridad de condiciones frente a un examen general respecto a especialistas en situación de desempleo.

Ante todo esto pueden contemplarse diversas soluciones: supresión genérica del examen oposición, que sea orientado a las características de la plaza ofertada (tal y como explicita la ley), o que suponga una nota de corte, simbólica y de escaso peso en la calificación final (¡está siendo al contrario!)…; un nuevo proceso extraordinario, o incluso reconvertir el contrato público estatutario a personal laboral permanente. La situación de incertidumbre laboral es una de las causas de la baja motivación actual del empleado público eventual.

Antes que una persona cualificada recién terminada la residencia quede sin trabajar un año, dos, tres… preparando la primera oposición que salga y donde fuera, urge conseguir regular y atender las necesidades del mercado manteniendo la salud y valoración de cada profesión. Si algo ha puesto de manifiesto la actual crisis es que los objetivos de calidad y de mejora por los que tanto luchamos, nacen y mueren no sólo con la inversión económica sino también personal.

En definitiva, los procesos de provisión de plazas de personal estatutario son un aspecto organizativo y legislativo que podemos, y estamos en disposición de, mejorar para simplificar y garantizar los principios de mérito, capacidad e igualdad. Son un gasto económico y personal innecesario, como se ha expuesto. Una prueba de oposición a nivel de especialidad sanitaria es de dudosa justificación más allá de ser lo que, por indiscutible tradición española, se ha venido haciendo. Debiéramos plantear su supresión o, en caso de mantenerla, modificar su peso y naturaleza; que fuera una prueba orientada a las características del puesto de trabajo ofertado, de corrección objetiva y ciega, tipo test, con un pool amplio de preguntas elaborado a nivel nacional para evitar sesgos o filtraciones. Sin embargo, el proyecto de Real Decreto para homogeneizar criterios en el baremo de las fases de concurso en vías de publicación, provee una herramienta suficiente, objetiva, ecuánime y óptima para la selección y adjudicación de plazas tanto temporal como estatutarias. Mejorar la situación laboral presente y futura de las especialidades sanitarias requiere valorar el trabajo diario, el esfuerzo y el progreso continuo en nuestras profesiones.

Alejandro Ferrando Sánchez
Radiofísico, H. U. Doce de Octubre

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