CON FIRMA. “Crisis, corrupción y maltrato sanitario”, por Joaquín Pérez Argüelles

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255 Joaquín Pérez Argüelles 3x3 cm

Los gobiernos, cualquiera que sea su color, siempre tienen algo en que apoyarse para tratar de justificar sus erróneas decisiones. En el caso de nuestra sanidad, ha sido la famosa crisis económica la causante de sus males, y la que justifica las desastrosas decisiones que se tomaron y la han dejado en estado crítico.

Si bien en nuestro país, en los años anteriores al estallido de la crisis, el crecimiento del gasto sanitario fue superior al incremento del PIB, una vez inmersos en el pozo, con datos de 2010 a 2015, el gasto fue recortado de forma notable respecto al incremento del PIB (creciendo, por ejemplo, un 0,4% en 2010, mientras que el PIB creció un 1%). Si el gasto hospitalario se ha visto algo menos afectado, el de Atención Primaria ha caído en picado, y si hablamos de Salud Pública, éste se ha despeñado.

El gasto consolidado en 2010 fue de 68.057 millones de euros, y en 2015 de 65.565 millones de euros, es decir, decreció en unos 2.500 millones, un 3,7%.

Las cifras de gasto sobre porcentaje del PIB muestran cifras dispares en las CCAA, desde el 9,4% en Extremadura al 3,8% en Madrid. La inversión sanitaria en Madrid en 2010, registro una caída del 8%. Y el gasto sanitario por habitante muestra grandes diferencias entre las CCAA, de los 1582€/hab/año de Euskadi a los 1.042 €/hab/año de Andalucía, en Madrid estaba en 1.164 €.

Si en 2011, el porcentaje del PIB dedicado a sanidad fue del 6,47%, los datos que el gobierno ha presentado en Bruselas para el periodo 2017-2020 al respecto lo cifra en el 5,57%, es decir casi un punto menos. Esto llevara a MAS RECORTES Y PEOR TRATO A LA SANIDAD.

Se viene hablando de renegociar la financiación de las CCAA, algo necesario, y sin duda habría que modificar las transferencias presupuestarias a los gobiernos autonómicos en lo que a sanidad compete. Hoy este modelo es NO FINALISTA, es decir, lo transferido por sanidad podría dedicarse a otros sectores, lo que puede explicar las diferencias de gasto/habitante/año, como hemos visto anteriormente. Por lo que sería interesante que estas transferencias, para sanidad, fueran FINALISTAS, al menos para algunos sectores como Atención Primaria y Salud Pública, y que este cambio fuera evaluado durante un periodo de tiempo al objeto de ver si ha sido positivo.

Estando de acuerdo en que la crisis contribuyó en gran parte al deterioro de nuestro modelo sanitario, al igual que al de otros sectores como educación, dependencia, etc., no es menos cierto que esta situación podría haberse paliado en parte, si no en su totalidad, con un mayor control en la pérdida de miles de millones euros por el “descontrol” del gasto público.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia cifra en 48.000 millones de euros el sobrecoste de la contratación pública. Un estudio del Barómetro Global de corrupción de la ONG Transparencia Internacional daba una puntuación de 4.4 sobre 5 en la escala de corrupción de los políticos españoles.

Los ERE en Andalucía costaron unos 1.217 millones de euros, el “caso Pujol” 3.000 millones, el “caso Malaya” 2.400 millones, el “caso Gürtel” 863 millones, el “caso Lezo” dicen que 24 millones, el “caso Púnica” 500 millones… Si a esto sumamos el fraude fiscal, el rescate de los bancos, los salarios, primas, dietas, etc., de los parlamentarios estatales y autonómicos, así como lo que cuestan los senadores, si estas cantidades evaporadas hubieran estado en el erario público y no en los bolsillos de los del 4.4 sobre 5, la situación sería bien distinta. No se habrían dado los drásticos recortes en sanidad, educación, dependencia, etc. Por ejemplo, sólo con los ERE se podría haber evitado el recorte de 1.234 millones € realizados en dependencia.

No habría sido necesario maltratar la sanidad como se ha hecho:

  • Pérdida del 9% de MIR en cuatro años
  • Considerar al MIR mano de obra barata, en lugar de médico en formación
  • Emigración de jóvenes profesionales bien formados
  • Sobrecarga asitencial insoportable
  • Falta de pediatras en Atención Primaria (que ya comienza a afectar también a los médicos de familia)
  • No reposición de facultativos por jubilación u otras causas
  • Listas de espera disparadas
  • Tomadura de pelo sobre Carrera Profesional

Sobre este último punto, no vale que la Administración sanitaria diga que dependen de Hacienda. Si así es, lo mejor que se podría hacer, y ello significaría mas ahorro, es que desaparecieran las Consejerías de Sanidad y el propio Ministerio, y que éste pasase a ser una pequeña secretaría del Sr. Montoro.

Joaquín Pérez Argüelles
Médico de familia. Ex-vicesecretario general de CESM-Madrid / AMYTS

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