Ana Giménez, de AMYTS, habla sobre los recortes en HISPAN TV

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Un año después de la aplicación de recortes y procesos privatizadores del Partido Popular, el programa “Enfoque”, un espacio para el análisis de la actualidad mundial y con especial énfasis en América Latina y España, emitido por HISPAN TV, invitó el lunes 23 a Ana Giménez, prtesiudsenta del Sector de Atención Primaria de AMYTS -“uno de los colectivos que más se han movilizado en contra de estos recortes”- y a Rubén Bejarano, diputado Izquierda Unida Asamblea de Madrid, para analizar la situación actual de la Sanidad en España. La imagen que contextualiza esta tertulia es la Marea Blanca de profesionales y pacientes de la Sanidad Pública del pasado domingo en Madrid, “imagen de la respuesta ciudadana en rechazo a unas medidas que han generado la pérdida de calidad, de cobertura sanitaria e, incluso, la desaparición de la Sanidad pública universal que caracterizaba el sistema español” -describe HISPAN TV.
Respecto al balance de daños que han causado ya los recortes de la Sanidad pública, Ana Giménez alertó sobre la “ruptura de la atención universal”, que además de generar “problemas serios individuales” para las personas que han dejado de ser atendidas, supone también un “problema de salud pública, puesto que hay ciertas enfermedades infecciosas cuyo diagnóstico precoz y tratamiento es imprescindible para evitar su extensión que, al no estar tratadas, van a empezar en muy poco tiempo a notar un rebrote, como pueden ser la tuberculosis y, posiblemente el sida”.
La responsable del sector de AP de AMYTS, recordó que la trayectoria del sistema sanitario español hacia un modelo universal, ha sido larga, y supuso importantes avances, como pasar de presupuestar las sanidad con las cuotas de los trabajadores a pagarse con los impuestos de todos; o reconocer el derecho de cualquier persona que estuviera viviendo en el territorio español a esa sanidad (en 2003). “Y ese modelo sanitario que era ejemplo y la envidia de todo el mundo, es lo que se ha roto ahora” -lamentó.
El recurso a la Justicia por parte de distintos organismos y sindicatos, entre ellos AMYTS, es, según Ana Giménez, “la salida natural a la situación que tenemos, porque la mayoría absoluta del partido gobernante en Madrid, y también en el Estado, ha roto absolutamente el diálogo social, no negocia nada, lo único que hace es comunicar las decisiones que tiene tomadas previamente. Y entonces, cuando no hay negociación posible, la única salida que nos queda son los tribunales, a los que nos hemos visto visto abocados”. Ahora, paralizado el proceso privatizador por la Justicia, “el Gobierno regional se encuentra con que no se puede hacer todo como te da la gana; se encuentra cada vez más perplejo y empieza a arremeter contra los jueces” -apunta.
Para Ana Giménez, es el propio Gobierno regional, con el incumplimiento de sus propias normas, el principal responsable de esta paralización: “Las irregularidades que han cometido, una detrás de otra, en el proceso de privatización, son las que han permitido, y además con el respaldo popular, a los jueces, paralizar cautelarmente el proceso”. Además, recuerda que después de esta paralización cautelar, se han admitido a trámite otros dos recursos en los que se especifica que no dictan la paralización del proceso, tal y como solicitan los demandantes, porque éste ya está paralizado, pero sólo por eso.
Ana Giménez advierte sobre algunos amagos que ha hecho la Consejería de dar marcha atrás, pero sin verdadera voluntad de cambiar sino con el único objetivo de frenar la movilización ciudadana y/o profesional, y en este sentido cita el “acuerdo” en el Hospital de La Princesa; analizado en profundidad el documento, se ha visto que no paraliza la conversión de este hospital, número uno en Hematología en España, en un hospital geriátrico”. O el hecho de asegurar a los médicos que todos ellos permanecerán en el nuevo modelo pensando que esto frenaría la movilización; “de lo que no se dieron cuenta es de que lo que los facultativos rechazan es precisamente la privatización sanitaria: un modelo que busca beneficios, sabemos que va a tener efectos en la salud de los ciudadanos, porque no van a querer al paciente complicado, ni al paciente mayor que tanto gasta… estas empresas van a empezar a intentar quitarse pacientes, y eso es malo”.
Giménez también calificó de “inmoral” la actuación de algunos miembros del Gobierno regional y estatal, que benefician a empresas privadas cercanas a familiares o de las entran a formar parte unos años más tarde. “El problema es que la incompatibilidad moral no es la misma que la legal, pero eso es lo que se llama puerta giratoria, es una vergüenza” -concluyó.
En cuanto a la retirada de la tarjeta sanitaria a cerca de un millón de personas que quedan así fuera del sistema sanitario público, entre las que el colectivo migrante es el más numeroso, Ana Giménez insiste en que es “necesariamente una discriminación sanitaria con efectos en la salud pública”, pero además sugiere que “si lo que el gobierno persigue a través de este apartheid social es la sostenibilidad del sistema, que se revisen los 16 coches oficiales que tiene sólo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid; o el enorme engrosamiento de la cúpula de gestión, que tiene un montón de cargos de confianza de gestión, que además se han autoproclamado incapaces de realizar la gestión de la Sanidad de la que están cobrando, y por eso es por lo que justifican la necesidad de la privatización de la gestión” -reflexiona.
Por último, una alusión crítica al copago, que no es tal, sino un “requetepago”, así como una denuncia a la infrautilización de los medios disponibles: “Ni siquiera hay que contratar al personal público, porque ya lo tenemos. Los quirófanos de Arganda no funcionan por la tarde porque, a pesar de que los cirujanos de este hospital han pedido pacientes, se les niega el acceso a la lista de espera quirúrgica”.

(*) Ver vídeo del programa “España: Marea Blanca”, pinchando aquí.

Fuentes: HISPAN TV, 23-09-2013

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