AMYTS denuncia una “huida hacia delante” desesperada de la Consejería de Sanidad, por la privatización de hospitales, sin esperar las resoluciones judiciales

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La Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), que ostenta la representación mayoritaria de los médicos de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, considera que la adjudicación por parte de la Consejería de Sanidad de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas) y del Sureste (Arganda del Rey) a la empresa Ribera Salud, y la del Hospital del Henares a la compañía Sanitas, así como el anuncio de que durante la presente semana se firmará el traspaso de los hospitales Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla) y del Tajo (Aranjuez) al grupo puertorriqueño Hima San Pablo, constituye una “huida hacia delante”. Una auténtica decisión desesperada del consejero Fernández Lasquetty y del presidente Ignacio González, que, como en las épocas más negras del Franquismo, han querido aprovechar el mes de agosto para cometer una felonía con los ciudadanos de la Comunidad de Madrid.

Los Srs. González y Fernández -Lasquetty, en opinión de AMYTS, han cometido una grave equivocación al ignorar que nos encontramos en un Estado de Derecho y tratar de precipitar la privatización de recursos sanitarios públicos, que se encuentra recurrida por distintas organizaciones ante el Tribunal Constitucional, la vía penal y la vía contencioso administrativa. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que ya dictó una resolución de paralización cautelar de la privatización de estos 6 hospitales públicos madrileños entre el 10 y el 24 de julio, cuando levantó la misma advirtió que los hacía “sin perjuicio de otros recursos presentados y de las medidas cautelares que procedan”.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha ignorado esa advertencia del más alto Tribunal de la región y está tratando de huir hacia delante en un intento de entorpecer la acción de la Justicia con hechos consumados. En el presente caso utilizando de manera torticera los plazos procesales. Como se recordará, el pasado 30 de julio, el Juzgado nº 32 de Madrid, que es el que inicialmente había admitido a trámite el recurso contencioso administrativo de AMYTS contra el proceso de privatización de los seis hospitales, así como la petición de suspensión cautelar del mismo, las llamadas “medidas cautelarísimas” para evitar la generación de más perjuicios, se declaró no competente y elevó el caso al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Este cambio de jurisdicción otorgó a las partes, la Comunidad de Madrid es la denunciada, un plazo de 30 días para presentar alegaciones a la resolución del Juzgado 32. Pues bien, queda evidenciado que está utilizando estos 30 días para forzar la privatización. No entiende el Gobierno regional, o no quiere entender, que está advertido por el TSJM de que el proceso puede quedar paralizado y que ello acarreará muchos perjuicios, al personal sanitario de estos hospitales y también a las empresas adjudicatarias que realizarán un corto trayecto de ida y vuelta.

El actual Gobierno de la Comunidad de Madrid aplica la privatización de los hospitales públicos por criterios exclusivamente ideológicos, ultraliberalismo que pretende adelgazar el Estado de Bienestar y los recursos públicos, algo que no llevó en el programa con el que se presentó a las últimas elecciones autonómicas. El discurso del Sr. Fernández-Lasquetty que asegura que la privatización de la gestión de estos 6 hospitales es una medida indispensable para ahorrar en el difícil marco económico en el que nos encontramos, no se sostiene. Es una opción ideológica pura y simple. Ya el pasado año, sin privatizar los hospitales ahora en cuestión, el presupuesto de la Consejería de Sanidad para conciertos con clínicas privadas se desvió al alza un 55%, pasó de 627,7 millones de euros iniciales a un presupuesto final de 972,8 millones de euros. Desvío presupuestario que de enjuagó a costa de la Atención Primaria en los Centros de Salud, la Atención Especializada en los hospitales públicos y la prestación farmacéutica pública que disminuyó 116 millones de euros.

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