ACTUALIDAD. Sanidad da por zanjado el procedimiento de integración de los seis hospitales. AMYTS advierte que no es así

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La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid emitió el 6 de julio un comunicado en el que anuncia la integración en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) de los seis hospitales cuya gestión, en su día, proyectó privatizar. Respecto al personal laboral, la Consjería asegura que “se ha desarrollado con absoluta normalidad” el procedimiento establecido para optar por una de las dos fórmulas establecidas (estatutarización o contrato laboral sujeto al convenio colectivo de la Comunidad de Madrid) para continuar ejerciendo su trabajo en estos centros sanitarios.

El triunfalismo de la Consejería choca con la realidad

Cabe recordar, sin embargo, que hay pendientes de resolución varios recursos interpuestos por distintas organizaciones, también por AMYTS, relacionados con este procedimiento de integración. Entre los casos pendientes se encuentra el respeto a los actuales emolumentos; las diferencias que se están marcando entre los que opten por la laboralización o la estatutarización; y el régimen concreto de los posibles complementos personales transitorios (CPT).

Anecdóticamente, llama la atención que en esta información oficial de la Consejería se reconoce desde esta institución, por primera vez, que se proyectó “privatizar” la gestión de estos seis hospitales.

Paralizado el proceso de Alcorcón y Fuenlabrada

Además, DIARIO MÉDICO informa de que el proceso de integración de los profesionales de los hospitales de Alcorcón (con modelo fundacional) y Fuenlabrada (empresa pública) se encuentra, por el momento, paralizado. Y ello, pese a que la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas de 2015, de Acompañamiento de la de Presupuestos, aprobada en la Asamblea de Madrid por los partidos de la oposición -con el rechazo del PP- da la posibilidad a estos profesionales de “suscribir el nombramiento de personal estatutario del Sistema Nacional de Salud que le corresponda de acuerdo con su categoría” y obtener así la situación de “servicio en otras administraciones públicas”, manteniendo de tal modo las condiciones salariales de sus actuales contratantes. No obstante, según fuentes de la Consejería de Sanidad, una intervención de la Abogacía del Estado cuestiona la legalidad de esta vía y el proceso se encuentra en suspenso.

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