ACTUALIDAD. Los convocantes de la huelga sanitaria de Madrid piden un referéndum sobre la privatización

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AMYTS y las otras siete organizaciones convocantes de la huelga sanitaria contra la privatización de la Sanidad en la Comunidad de Madrid, plantearon el 22 de mayo la necesidad de un referéndum ‘con las máximas garantías de transparencia‘ como fórmula para terminar con el conflicto sanitario que mantienen, asegurando que acatarían el resultado que arrojara esta consulta, “fuera cual fuera” puesto que dejaría claro que la sociedad respalda o no la privatización. 

Desde el punto de vista de estas organizaciones la convocatoria de este referéndum es una necesidad democrática debido a que la privatización de la gestión de seis hospitales y 27 centros de salud que plantea el Ejecutivo regional no estaba contenida en el programa del Partido Popular )PP) cuando concurrió a la elecciones autonómicas de 2011 y, en consecuencia, es una situación sobrevenida sobre la que los ciudadanos deben de pronunciarse.

En respuesta a esta propuesta, el consejero de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, indicó que la Comunidad de Madrid no tiene potestad legal para convocarlo, pero remarcó además el Gobierno regional ni siquiera se lo ha planteado, es decir, que tampoco estaba dispuesto a dar los pasos necesarios para que las Cortes Generales autoricen la consulta.
Fernández Lasquetty ha menospreciado los más de 930.000 votos en contra de la privatización de la Consulta por la Sanidad que se llevó a cabo en la Comunidad de Madrid entre el 5 y el 10 de mayo. En pocas palabras, por una parte descalifica el resultado de una votación llevada a cabo por iniciativa popular diciendo que sus resultados no son fiables; pero, por otra, rechaza de plano dar los pasos necesarios para convocar un referendum con las garantías que podría ofrecer la organización por parte de la Administración.  En definitiva, con un talante nada democrático, con su negativa al referéndum muestra su temor a que el rechazo masivo de los madrileños a la privatización de la sanidad obligue al Gobierno regional a dar marcha atrás en su afán de desmantelar el sistema sanitario público.
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