ACTUALIDAD. La vía europea, de nuevo palanca contra la precariedad en el SNS

0

Combatir la precariedad laboral sigue siendo asunto prioritario para los médicos, y consecuentemente, cabe destacar una serie de noticias relacionadas que se han producido esta semana, y que exponemos a continuación:

Nueva sentencia: Madrid deberá reconocer trienios a un trabajador con contratos discontinuos

El Juzgado de lo Social número 33 de Madrid ha condenado a la Consejería de Sanidad de Madrid a reconocer la antigüedad a un trabajador laboral de la Comunidad de Madrid, a quien no se le había concedido dicha antigüedad porque entre algunos de los diversos contratos que tuvo como empleado laboral de la Sanidad madrileña pasaron más de tres meses -informa ACTA SANITARIA. El juzgado madrileño condena a la Consejería de Sanidad a que le reconozca al demandante siete trienios y le abone la suma de 395,12 euros, aunque “declara prescritas las cantidades reclamadas anteriores al 1 de abril de 2015”. Según apunta CSIF, sindicato que ha llevado este recurso, el convenio colectivo del personal laboral de la Comunidad de Madrid establece en su artículo 37 que si hay una solución de continuidad entre contratos de personal laboral superior a tres meses no se acumula la antigüedad del trabajador. Sin embargo, “el asunto llegó al Tribunal de Justicia de la UE, que estableció en una sentencia que el periodo que haya entre contratos debe ser indiferente para reconocer la antigüedad de un trabajador”.

Una vez más, esta sentencia pone de manifiesto la efectividad de la vía europea, que además de poner en evidencia la discriminación y precariedad a los que se somete a los trabajadores temporales del Sistema Nacional de Salud, permite obtener resultados judiciales favorables a los mismos en momentos de bloqueo en las negociaciones con las Administraciones sanitarias. En este sentido, cabe recordar que AMYTS ha recurrido a esta vía jurídica de la mano de un gabinete jurídico especializado para denunciar ante el Tribunal Europeo los contratos eventuales repetidos de los médicos y titulados superiores y así acabar con la precariedad; recursos que están aún pendientes de resolución.

Recurso de casación del Gobierno para intentar frenar las demandas de los interinos

El jurista Fabián Valero advertía en declaraciones a REDACCIÓN MÉDICA (RM), sobre el recurso de casación que ha presentado la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo a la sentencia del TSJM que reconocía a una interina del Ministerio de Defensa el derecho a una indemnización de 20 días por año trabajado en caso de despido, con el que el Gobierno de Mariano Rajoy quiere ganar tiempo ante la previsible avalancha de demandas de trabajadores eventuales. “Estos procesos suelen alargarse un año y medio”, asevera Valero. Es el plazo que el Gobierno tiene para aprovechar a hacer modificaciones legales que no le supongan un agujero en las arcas públicas traducido en todas las indemnizaciones que tendría que empezar a pagar, sobre todo en Sanidad y Educación, los dos sectores de la Administración donde más abundan los contratos temporales. “(…) Las modificaciones que legalmente se pueden hacer son muchísimas, lo que está claro es que vamos a ver un recorte de los derechos laborales”, prevé el citado experto; aunque para que esto se produzca, el Supremo tiene que admitir a trámite el mencionado recurso, lo que ocurriría si a la sentencia en cuestión se sumase otra en firme que plantee lo contrario en un caso idéntico. (…)

CESM pide “discriminación positiva”para Sanidad en las convocatorias de empleo

Por su parte, DIARIO MÉDICO (DM) avanzaba que el Gobierno de Mariano Rajoy tiene sobre la mesa una hoja de ruta laboral para el sector sanitario, común a sindicatos y colegios, cuyo objetivo es atajar en la recién estrenada legislatura una temporalidad laboral que, según las estimaciones colegiales y sindicales, se sitúa entre el 30 y el 40 por ciento en el Sistema Nacional de Salud. Para Mercedes Ortín, responsable de Acción Sindical de CESM, el tirón de orejas de Bruselas “condiciona, y mucho, a la Administración española, porque el problema no está en Sanidad, sino en el conjunto de la Administración General del Estado (AGE), donde sí hay muchas plazas estructurales vacantes, sin amortizar, y que hay que convocar expresamente, con el consabido aumento de gasto”. Tal y como recoge DM, Ortín plantea la posibilidad de que, en este contexto, el Gobierno discrimine positivamente a “sectores especialmente sensibles”, como el sanitario y el educativo. Es decir, que para ambos sectores se elimine toda restricción en las convocatorias de empleo.

Compartir:

Deja una respuesta

¡Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en esta web! Si sigues navegando, consientes y aceptas estas cookies en tu ordenador, móvil o tablet. Más información sobre las cookies y cómo cambiar su configuración en tu navegador aquí.

x