ACTUALIDAD. La maraña judicial contra el plan del Gobierno regional consigue paralizar por segunda vez el proceso privatizador de seis hospitales públicos

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Un auto del Juzgado Contencioso Administrativo nº4 de Madrid, emitido el pasado miércoles día 3 de septiembre, vuelve a paralizar cautelarmente el proceso de privatización de seis hospitales en la región a instancias de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem). 










Según esta resolución, a la que tuvo acceso EL MUNDO, la adjudicación a empresas de servicios públicos “lleva implícita una considerable dosis de irreversibilidad” que “se incrementa notablemente en supuestos como éste, en los que, por la propia magnitud del servicio, se precisa introducir por los agentes privados, en sus legítimas aspiraciones empresariales, importantes modificaciones y cambios estructurales durante la vigencia de la concesión (10 años en este caso), que hace muy difícil, cuando no imposible, la reversión al sistema público anterior”. El auto destaca también que “existen datos sobre países en los que la gestión privada de su sistema sanitario no ha supuesto un ahorro” y entiende que las estimaciones que ha hecho la Consejería de Sanidad para justificarlo están “basadas en cálculos hipotéticos que pueden no responder luego a la realidad”. Además, “no se entiende bien cómo los responsables de la Administración, encargados de la gestión de este servicio esencial, asuman sin más su incompetencia para gestionarlo con mayor eficiencia”, tal y como se argumenta literalmente. Por ésta y otras razones, el magistrado ponente, Carlos Gómez, ha decidido admitir “la suspensión de los actos administrativos impugnados” y, por tanto, paralizar el proceso de privatización sanitaria.

AMYTS se felicita por la paralización y confía en el desenlace de su propio recurso
En un comunicado, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS) se ha felicitado de que el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4 de Madrid, haya paralizado el proceso de privatización puesto en marcha por el Gobierno de Ignacio González, y ha manifestado su confianza y satisfacción por que prospere alguno o varios de numerosos recursos presentados por otros organismos, entre ellos el de AMYTS, pendiente en este momento del pronunciamiento del TSJM.

Lasquetty cuestiona la competencia del juzgado nº4 y la atribuye al TSJM
Tras conocer el auto judicial, el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty manifestó en rueda de prensa haber recibido la decisión con “absoluta sorpresa”; intentó desacreditar al juez Carlos Gómez, a quien acusó de no emitir opiniones de tipo jurídico sino político; y anunció que los servicios jurídicos de la Comunidad trabajan en enviar un oficio al citado Juzgado para informar de que el proceso ya está ejecutado, además de presentar un recurso al TSJM de forma inmediata (dispone de 15 días hábiles para presentarlo).
Tal y como se desprende de los medios que asistieron a la rueda de prensa (SANIFAX, EL MUNDO, EL PAÍS), el consejero evitó contestar a la pregunta de si se para o no el proceso argumentando que el auto del juez suspende las resoluciones de la convocatoria del concurso que ya han sido ejecutadas. Apunta EL PAÍS que “el fallo prácticamente hace inviable la privatización este año según los partidos de la oposición y de plataformas de profesionales del sector sanitario como Afem y AMYTS”; y añade que frente a las explicaciones de Lasquetty de que el proceso ya ha sido adjudicado” el diputado regional del PSM José Manuel Freire ha destacado que los contratos con las tres empresas concesionarias no están firmados.
El consejero de Sanidad tampoco dudó en cuestionar la competencia del juez Carlos Gómez para dictar una resolución de estas características, manifestando su “sorpresa” ante la “incomprensible” circunstancia de que no se hubiera inhibido para remitir la causa al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), un argumento respaldado por el presidente de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), Ricardo de Lorenzo, en una entrevista concedida a SANIFAX.
Sobre esta cuestión, cabe recordar que precisamente es el TSJM el que debe pronunciarse respecto al recurso contencioso administrativo contra la privatización de los seis hospitales y la petición de suspensión cautelar presentados por AMYTS, después de que el pasado día 30 de julio, el Juzgado nº32 de Madrid, que inicialmente lo había admitido a trámite, se declarase no competente y decidiese elevar el caso a una instancia superior. Tal y como señalaba ayer en un comunicado, AMYTS, que ostenta la representación mayoritaria de los médicos de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid, confía en que prospere alguno o varios de los pronunciamientos judiciales que actualmente se encuentran pendientes de resolución en cualquiera de las instancias en las que haya recaído.

Las adjudicatarias frenan “en seco” su aterrizaje en los hospitales
Más respetuosas con el auto fueron las empresas concesionarias de la gestión, dos de las cuales reconocieron haber frenado en seco el proceso que habían iniciado de toma de contacto en los respectivos hospitales asignados. Consultadas por diarios como EL PAÍS o EL MUNDO, o emisoras como la Cadena SER, entre otros, desde BUPA Sanitas (Hospital del Henares) confirmaron haber paralizado la fase de toma de contacto y propuestas “hasta que sepamos hacia dónde va a ir esto ahora”; Ribera Salud afirmó haber cerrado las “oficinas de asesoramiento” con las que ya contaba en los hospitales a su cargo (Infanta Leonor y Sureste) , aunque quiso añadir en un comunicado su “plena confianza en la continuidad del proceso”. Hima San Pablo, al frente de los hospitales Infanta Cristina, Sofía y el Tajo, no se ha pronunciado en diarios como EL MUNDO o DIARIO MÉDICO; tan sólo afirmó a EL PAÍS que “mantiene su interés por el mercado español”.

La Mesa Sectorial posterga abordar los procesos de reordenación
Tras el anuncio de la suspensión cautelar de la privatización sanitaria, la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad de Madrid decidió postergar todos los puntos del orden del día referentes a los procesos de reordenación de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo. El aplazamiento de estos procesos también también supone un alivio para los médicos y demás profesionales sanitarios de estos centros, ya que tal y como había denunciado AMYTS, el plan de movilidad de los hospitales privatizados está sometido a “una arbitrariedad sin precedentes”, motivo por el que este sindicato médico ha decidido recurrirlo. ACTA SANITARIA se haceeco de este recurso en su edición del 4 de septiembre.

Los partidos de la oposición exigen la retirada del Plan de privatización
El líder del PSM, Tomás Gómez, afirmó ayer que ya nadie duda de que el proceso se va a paralizar definitivamente. Los socialistas madrileños exigen a Ignacio González que paralice definitivamente la privatización sanitaria y saque de los hospitales de los madrileños a las empresas privadas que se han establecido en ellos sin tener contrato.
El coordinador general de IU-CM, Eddy Sánchez, afirmó que “o se paraliza el proceso de privatización sanitaria” o el consejero del ramo, Javier Fernández Lasquetty, “tendrá que abandonar su cargo”. “Hasta ahora el Gobierno ha hecho oídos sordos a diez meses de concentraciones, manifestaciones y huelgas … ahora no puede ignorar una decisión judicial”, indicó.
Por su parte, el portavoz de UPyD en la Asamblea de Madrid, Luis de Velasco, tildó de “excusas de mal pagador” los argumentos utilizados por el consejero contra el auto judicial:”Debe cumplirse el auto, con independencia del derecho del Gobierno regional a presentar un recurso”. A su juicio, Lasquetty “ya se ha enfrentado a profesionales sanitarios, pacientes, partidos de la oposición y ahora parecería que quiere hacerlo con los jueces”.

Otro pronunciamiento del Juzgado nº16 no acepta la paralización
El jueves 5 de aseptiembre, otro Juzgado, el número 16 de los Contencioso Administrativo, denegaba la paralización cautelar del actual proceso de privatización de los seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid también solicitada por Afem, con el objetivo de pedir una “corrección de errores” tras el cambio introducido en el Boletín Oficial de la Comunidad sólo cuatro días antes de que acabara el proceso de presentación de propuestas, que reducía un 90% el aval que debían presentar las empresas.

Lasquetty mezcla churras con merinas
Cuando el jueves el Juzgado número 16 de los Contencioso Administrativo negó la paralización cautelar del actual proceso de privatización de los seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid también solicitada por Afem en uno de sus procesos abiertos, el consejero de Sanidad Javier Fernández Lasquetty sacó pecho.
En rueda de prensa, Lasquetty jugó a hacer un “tanteo” en el que se adjudicó tres puntos a favor (las denegaciones de medidas cautelares por parte de dos juzgados y el levantamiento de la suspensión decretada por el TSJM) y uno en contra, en referencia al Juzgado número 4 que el miércoles paralizaba cautelarmente el proceso de privatización de los seis hospitales. El consejero pidió a los tribunales “que se aclaren cuanto antes” y ante la aparente disparidad de criterio judicial volvió a preguntar: “¿En qué quedamos, a quién tenemos que hacer caso?”. Da la sensación de que el consejero no entiende que cada una de las causas judiciales abiertas en distintas instancias y por diferentes organismos (sindicatos y partidos políticos) responden a motivos diferentes, y consecuentemente, no tiene por qué haber un único pronunciamiento, ni éstos se tienen por qué producir en el mismo sentido. Según explicaban el jueves 5 fuentes de Afem al diario EL MUNDO: “En realidad cada uno de los cuatro procesos abiertos es por una vertiente distinta de la privatización. Nosotros hemos pedido la paralización del proceso en todos. Que te lo denieguen en un proceso y te lo admitan en otro no tiene que ver. Son procesos diferentes, con fundamentos distintos”. En el Juzgado nº 16, que ha denegado las medidas cautelares, se pedía una “corrección de errores” tras el cambio introducido en el Boletín Oficial de la Comunidad sólo cuatro días antes de que acabara el proceso de presentación de propuestas, que reducía un 90% el aval que debían presentar las empresas. Nada que ver con la denuncia presentada en el Juzgado nº 4, que sí ha decretado la suspensión cautelar de tres resoluciones sobre el concurso, para proteger los derechos fundamentales en un fallo que cuestiona el ahorro esgrimido por Sanidad para privatizar. 

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