ACTUALIDAD. La Justicia paraliza la privatización de los seis hospitales hasta que la Consejería explique su “corrección de errores” en los pliegos

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Javier Fernández Lasquetty
se quedó boquiabierto.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decretó el pasado miércoles, 10 de julio, la suspensión cautelar del proceso de adjudicación de la gestión de seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid (Infanta Sofía, Infanta Cristina, del Henares, del Sureste, Infanta Leonor y el del Tajo) a tres empresas (Hima San Pablo, Ribera Salud y Sanitas), a instancias de un recurso presentado por el Partido Socialista de Madrid (PSM-PSOE). 

AMYTS tiene también solicitadas “medidas cautelarísimas” de suspensión cautelar inmediata, en el Contencioso Administrativo que presentó contra la privatización a través del despacho Clifford Chance, que igualmente pueden ser declaradas en los próximos días. 





La demanda de los socialistas se basa en la fianza que debían presentar las empresas adjudicatarias por si se incumplían las condiciones del contrato, fijada inicialmente a un 5% del importe de la adjudicación, tal y como establece la Ley de Contratos del Servicio Público de aplicación estatal, y que fue modificada a última hora por e Gobierno regional para favorecer, presuntamente, a las empresas. A tan sólo cuatro días para la finalización del plazo de presentación de las ofertas, la Comunidad introdujo la palabra “anual” en el texto, lo que en la práctica, y según la denuncia del PSM, suponía una reducción del 90% del aval inicial, ya que el contrato de concesión es por 10 años. Traducida en euros, la modificación supone una rebaja de 233 a 23 millones.

La Sección Tercera de lo Contencioso Administrativo del TSJM estima que, “cuanto menos indiciariamente”, con esta revisión a la baja se “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria, posteriormente rebajado por vía de corrección de errores”. En su auto, argumenta que “concurren circunstancias de especial urgencia en orden a resolver la medida cautelar inaudita parte (sin escuchar a la otra parte) sobre las alegaciones y datos ofrecidos por la parte recurrente”. Además considera que “era más que probable que la adjudicación de los contratos se efectuara antes de la resolución judicial”.

Próximos plazos en el procedimiento
La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid cuenta con un plazo de tres días para presentar alegaciones al auto que ha decretado la paralización del proceso. Tras estudiarlas, el TSJM decidirá, en un plazo de entre una y dos semanas,  si se levanta o no la suspensión. Si no da marcha atrás y ratifica esa congelación preventiva, la suspensión se convertiría en definitiva, a la espera de la sentencia que dictaminará si la privatización cumple o no con la ley, un proceso judicial que según fuentes judiciales consultadas, puede tardar hasta dos años en resolverse.

Satisfacción, confianza y espera en AMYTS y demás sindicatos
Numerosos medios de comunicación informaron de que los sindicatos del sector de la sanidad han celebrado que el TSJ de Madrid haya suspendido cautelarmente el proceso de externalización y se muestran “esperanzados” ante la posibilidad de que se pueda revertir los planes de la Consejería por medio de sus recursos ante la Justicia.
En declaraciones a Europa Press reproducidas por numerosos medios, el secretario general del sindicato médico, Julián Ezquerra, valoró positivamente la decisión del TSJM sobre el recurso del PSM. Por otro lado, manifestó su confianza en que la Justicia plasme de forma definitiva la “paralización” del proceso de externalización de seis hospitales y confía en que “las cosas vuelvan a su cauce”, en referencia a que se mantenga la gestión directa de los centros.

Optimismo en la “marea blanca”
La decisión del Tribunal también ha generado en las redes sociales una ola de reacciones cargadas de ánimo y optimismo entre los profesionales y usuarios de la sanidad pública madrileña que protagonizan, desde que se puso en marcha el proceso de privatización de la sanidad madrileña, la ya conocida como “marea blanca”, en la que AMYTS está inmersa.

La Consejería de Sanidad y el Gobierno regional, inamovibles
El pasado miércoles, a las pocas horas de haberse conocido la decisión del Tribunal Superior de Justicia Madrid, el consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, compareció ante los medios de comunicación para manifestar su convencimiento de que el tribunal será favorable a los argumentos que defiende la Comunidad: “Había un error en el valor de la fianza y lo corregimos, eso es todo”. Según adelantó el consejero de Sanidad, dirá al TSJM que el concurso se ha hecho “con máxima publicidad, transparencia y total respeto a la legalidad”.
En el mismo sentido se pronuncio el presidente regional, Ignacio González, que aseguró que va a seguir adelante con el proceso de privatización de los seis hospitales.

Las empresas, entre la incertidumbre y la expectación
Fuentes de la firma valenciana Ribera Salud (adjudicataria de los hospitales Infanta Leonor y Sureste), advirtieron que si se modifican judicialmente las cláusulas del pliego de condiciones “es muy probable que el concurso de los centros quede desierto, porque no habrá nadie que pueda presentarse”. Por su parte, Sanitas (que opta por el Henares) explicó a través de un portavoz que están “a la espera y a la expectativa” de que se resuelva el proceso; mientras que Hima San Pablo (Infanta Sofía, Infanta Cristina y Tajo) no ha respondido a las consultas de los medios de comunicación.
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