ACTUALIDAD. La Abogacía del Estado pone en duda la constitucionalidad del decreto de los interinos

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El controvertido decreto de los interinos, que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y refrendado la semana pasada el Congreso de los Diputados por un solo voto de diferencia, suscita dudas desde el punto de vista constitucional, y las suscita por la principal novedad que el Gobierno se vio obligado a introducir en la norma para lograr el visto bueno del Congreso: la posibilidad de que los interinos que llevan más de 10 años con un contrato de este tipo accedan a una plaza fija sin necesidad de someterse a un concurso-oposición, y mediante una simple valoración de sus méritos.

Y el cuestionamiento no viene de la oposición política ni de los sindicatos, sino de la Abogacía del Estado, nada menos que el órgano que asesora jurídicamente a la Administración General del Estado. Así se lo han transmitido hoy fuentes del Ministerio de Sanidad a los sindicatos en la primera reunión que ambas partes han mantenido para abordar el problema de la temporalidad en el sector sanitario.

«Lo primero que nos han dejado claro es que a la Abogacía del Estado se le erizan los pelos ante la posibilidad de que los interinos accedan a una plaza sin un concurso-oposición previo, por las dudas constitucionales que suscita esa idea», dice gráficamente Víctor Pedrera, vicesecretario general de CESM, presente en el encuentro con los responsables de Sanidad. «Si la propia Abogacía del Estado se cuestiona la constitucionalidad de la medida, habrá que ver hasta qué punto prospera y cómo queda finalmente redactada la norma», remacha el representante sindical.

Y ahí reside precisamente, también según Pedrera, el meollo de la cuestión: cómo quedará el decreto tras las múltiples enmiendas que se prevé que le hagan los grupos de la oposición durante su tramitación como proyecto de ley, que el Gobierno quiere tener listo para finales de septiembre o principios de octubre. «Aunque, de momento, todo es pura especulación, el ministerio sí nos ha dicho que prevén que haya importantes modificaciones con respecto a su redacción original».

Visto que el contenido final de la norma sigue siendo una incógnita y que, además, Sanidad tiene, sobre el papel, un plazo de un año para adaptarla a las especificidades del Sistema Nacional de Salud (SNS), la reunión que hoy ha mantenido el ministerio con los sindicatos del ámbito sanitario ha sido una mera tema de contacto, una suerte de brainstorming previo.

Por muy previo que haya sido el encuentro, CESM tiene muy claro qué elementos debería contener el trasvase de la norma al ámbito sanitario para que su objetivo de reducir la temporalidad al 8% en un plazo máximo de tres años fuera algo más que un mero desideratum. Y el primero de esos requisitos, según Pedrera, es que el cómputo de ese índice de temporalidad no se haga sólo sobre las plazas estructurales, sino también sobre las no estructurales, que son muchas más.

«En el sector sanitario hay infinidad de  plazas, tanto en centros de salud como en hospitales, de guardias, de sustituciones, de acúmulo de tareas, de fines de semana… Si contabilizamos esas plazas, que oficialmente se llaman no estructurales y que nosotros, creo que más acertadamente, llamamos contratos basurala eventualidad contractual sanitaria se multiplica. Si reducimos la temporalidad estructural sanitaria al 8% y dejamos de lado ese aproximadamente 30% de puestos no estructurales, el decreto no habrá servido para nada», sentencia Pedrera.

Para evitar desagradables sorpresas en este punto, el vicesecretario general de CESM ha instado hoy a Sanidad a elaborar un censo nacional de puestos de trabajo -«que incluya todas las plazas existentes, insisto»- y un cálculo de las necesidades reales de profesionales y en qué puestos se necesitan a corto/medio plazo. «Dado que las necesidades a largo plazo son relativamente difíciles de prever, lo ideal es que, al menos, esa previsión de necesidades se hiciera a diez años vista«.

Al mapa de puestos de trabajo, Hontangas suma la necesidad de elaborar otro mapa, éste con datos que las comunidades deben facilitar al ministerio sobre las oposiciones realizadas en 2017 y 2018 (en el marco de los anteriores acuerdos de estabilización), y el estado actual de su ejecución.

En lo que han coincidido todos los sindicatos es en la necesidad no sólo de eliminar la tasa de reposición, sino de que las convocatorias de plazas se eleven por encima de la tasa del cien por cien.

Ofertas «periódicas y ágiles»

Mucho más importante que las excepciones que la futura norma contemple para el acceso a una plaza fija, CESM cree que lo fundamental es que las ofertas públicas de empleo –las de siempre, las basadas en concurso-oposición- se hagan de forma periódica y ágil, al menos con la misma agilidad que exhiben en el ámbito educativo: «¿Por qué en Educación es posible convocar ofertas de empleo cada año y en Sanidad eso parece una entelequia? Para que sean verdaderamente efectivas, las OPEs deberían tener una periodicidad anual o, en el peor de los casos, bianual».

Y a la cadencia de las ofertas, CESM añade otras peticiones: OPEs con «baremos homologables» en las 17 comunidades autónomas, sin tasa de reposición alguna y con concursos de traslados abiertos y permanentes

FUENTEDIARIOMEDICO

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