ACTUALIDAD. Imputados los exconsejeros de Sanidad, Güemes y Lamela, por cohecho y prevaricación

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Güemes y Lamela.
Juan José Güemes y Manuel Lamela, ex consejeros de Sanidad de la Comunidad de Madrid, ya están oficialmente imputados por presuntos delitos de cohecho y prevaricación, según se ha hecho público por diversos medios de comunicación como el diario EL MUNDO o la CADENA SER. El magistrado del juzgado número 4 de Instrucción de Madrid, Marcelino Sexmero, ha ratificado la imputación que pesaba sobre la cúpula sanitaria madrileña, por su gestión en la primera época de la privatización sanitaria relativa al Infanta Elena (en Valdemoro), el Rey Juan Carlos (en Móstoles); y el Hospital de Torrejón de Ardoz. 





Así consta en un auto, con fecha del 29 de octubre, con el que el magistrado resuelve diversos recursos de reforma interpuestos por los querellados por el sindicato Afem contra el auto en el que les citaba a declarar acompañados de un abogado, desestimándolos. (…)
Aunque en ese auto se podía sobreentender de qué delitos tendría que ser investigado cada imputado, ahora el juez lo concreta, quedando, a grandes rasgos, de la siguiente forma: Manuel Lamela y Juan José Güemes, ex consejeros de Sanidad, imputados por prevaricación y cohecho; la cúpula actual de la Sanidad madrileña (excepto el consejero Lasquetty, contra el que no va la querella), imputada por malversación de caudales públicos; y las empresas que gestionan privadamente la sanidad pública, imputadas también por cohecho, como parte necesaria para que los consejeros lo hubieran cometido por su parte. (…)

Lamela fue consejero entre 2003 y 2007. Güemes le sustituyó en el cargo, y ostentó esa responsabilidad de junio de 2007 a marzo de 2010. Los querellados, además de Güemes y Lamela, son también, de entre los responsables políticos, Antonio Burgüeño, actual director general de Hospitales, y la actual viceconsejera, Patricia Flores. También se concreta las imputación de malversación de caudales públicos contra ellos.(…)

Aún así, hay un recurso de apelación interpuesto contra la admisión a trámite de la querella, que deberá ser resuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. Si este órgano revocara la decisión de Sexmero, podría eliminar la única acción penal contra los procesos de privatización que el Gobierno regional, del PP, lleva implementando en Madrid en los últimos años. La decisión de la Audiencia podría tardar aún varios meses en llegar: «Tendríamos suerte si la Audiencia resolviera antes de fin de año», aseguró a EL MUNDO uno de los abogados personados en el proceso.

Sexmero, en todo caso, ya ha tomado su decisión, y ésta afecta también a las empresas presuntamente favorecidas por los cargos públicos en el ejercicio de sus actos. En concreto son Capio, Ribera Salud, Unilabs, Asisa y la Fundación Jiménez Díaz UTE. A todas ellas se les imputa un delito de cohecho, del que habrían participado al favorecerse, como supuestas corruptoras, de la actividad de los cargos públicos. 

* ACCESO AL AUTO DE IMPUTACIÓN  DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 4 DE MADRID, pinchando AQUÍ.
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