ACTUALIDAD. El TSJ de Madrid vuelve a suspender cautelarmente la denominada “externalización sanitaria”

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La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha vuelto a suspender cautelarmente la Resolución de 30 de abril de 2013 de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad de Madrid por la que se hizo pública la convocatoria para la licitación del contrato de servicios denominado “Gestión por concesión del servicio público de la atención sanitaria especializada correspondiente a los hospitales universitarios Infanta Isabel, Infanta Leonor, Infanta Cristina, del Henares, del Sudeste y del Tajo”, a raíz de un recurso presentado por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem)


Los magistrados manifiestan que de no aceptarse la medida cautelar solicitada podrían darse situaciones irreversibles o de difícil y costosa reversibilidad en la asistencia sanitaria madrileña, idea que la Sala explica en los siguientes términos: “sin verter consideración alguna acerca del nuevo modelo de gestión de sanidad elegido, ni sobre cuestiones que excedan del objeto del recurso o sobre la bondad de un sistema de gestión sobre otro (…) considera que la modificación del sistema de gestión de la atención sanitaria especializada de seis hospitales es de unas dimensiones tan extraordinarias (…) que harían muy difícil, sino imposible, en caso de que no se accediera a la medida cautelar de suspensión y se estimara el recurso volver a la situación anterior.”
El recurso al que ahora la Sección Tercera ha dado amparo, se sustenta en la modificación de los pliegos llevada a cabo por la Administración, cuando introdujo el término “anual” respecto del importe de la adjudicación del contrato que ha de servir de referencia para fijar el 5 por 100 de la cuantía de la garantía definitiva a prestar por la parte adjudicataria.

En punto muerto al menos un año
El auto dice expresamente que la suspensión cautelar tan sólo supone “mantener la situación existente hasta la fecha y que la prestación sanitaria se siga prestando provisionalmente en la misma forma en que se hace hasta que el recurso se resuelva”, lo que según fuentes judiciales consultadas por diferentes medios de comunicación, puede suponer entre año y medio y dos años.

Posibles escenarios según la actuación del Gobierno regional
La Consejería de Sanidad tiene ahora un plazo de cinco días para interponer un recurso de reposición ante el propio TSJM, pero según explica el abogado Miguel Ángel Muga en declaraciones a EL PAÍS, “es harto improbable que la misma sala y la misma sección cambie de opinión en cuestión de tres o cuatro semanas después de haber elaborado un auto de estas características”, en cualquier caso, si esto fuese así, el siguiente paso sería que el Gobierno regional presentara un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que en tiempo de tramitación se traduce en “un año hacia arriba”.
Añade 20 MINUTOS MADRID que si Sanidad no presentara alegaciones, se iniciaría un proceso judicial que podría durar, al menos, dos años. Tras finalizar el juicio, si la justicia da la razón al sindicato médico, la Comunidad tendría que convocar un nuevo concurso, y si da la razón al Gobierno regional, este podría continuar con la privatización.
Sin fianza
Destaca EL MUNDO que la suspensión de la privatización se acuerda sin necesidad de que los recurrentes tengan que pagar la “fianza millonaria” solicitada por la Administración en concepto de “perjuicios económicos”, al estimar que esta exigencia “haría imposible la adopción de la medida cautelar”.
Rueda de prensa de Lasquetty
El consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, ha anunciado que recurrirá el auto del TSJM. “Nos reafirmamos en que la externalización es necesaria”, dijo Lasquetty. Obstinado y ofuscado por su propio discurso, el consejero se queja del “carrusel de recursos judiciales”, con continuas contradicciones que hacen caer en la confusión y que crea inseguridad jurídica. En declaraciones a la prensa, criticó lo que llamó “el frente común compuesto por sindicatos y movimientos asamblearios, más los socialistas, que pretenden que todo siga como estaba”.
Sobre la movilidad de los profesionales, incipientemente comenzada, el consejero afirmó que por el momento van a seguir trabajando en el SERMAS.
Ante el recordatorio de que precisamente el próximo jueves, día 19, acaba el plazo para interinos y eventuales, aclaró que ese no era un plazo administrativo sino un límite de tiempo indicativo para que las empresas adjudicatarias pudieran conocer con cuántos profesionales contaban. No obstante, los profesionales de los seis hospitales afectados echan de menos una resolución que en términos administrativos, establezca la no obligatoriedad de ese plazo del 19 de septiembre, ya que las palabras del consejero en la rueda de prensa, no tiene efectividad en términos oficiales.
Preguntado por las empresas, el consejero confirmó que ya habían depositado los 28 millones de fianza. Y ante la sugerencia de un periodista de que se convocara otro concurso, ya que este no parece convencer a nadie, el consejero reiteró que su departamento no se lo plantea porque el actual “está bien convocado y desarrollado a lo largo de todas las etapas”.
En cuanto a la posible modificación de los presupuestos de la Comunidad madrileña, al no cumplirse los plazos previstos como consecuencia de las dos suspensiones cautelares del proceso externalizador, aventuró que esa circunstancia no se podía evaluar en estos momentos.
Naturalmente salió a colación la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que hasta el momento es la que se está llevando el gato judicial al agua, y a la que siempre el consejero le quita legitimidad arguyendo que no se presentó a las elecciones sindicales. Y añadió que tenía una estrategia concertada con otras organizaciones y con otros grupos “que trabajan por sus propios intereses”.
Modificación presupuestaria
Por otra parte, EL PAÍS apunta que ni la Consejería de Sanidad ni la de Economía y Hacienda quisieron explicar ayer cómo tendrá que modificarse el presupuesto para adecuarlo a las nuevas circunstancias ahora que, según las fuentes jurídicas y empresariales consultadas, parece claro que el proceso no se va a poder retomar en lo que queda de año. “La Comunidad va a tener que hacer una modificación presupuestaria para cambiar del artículo 25 al 89 esas cantidades, y además tendrá que dotar adecuadamente a estos seis hospitales, porque les había asignado un 22% menos que el año anterior”, considera el portavoz de Sanidad del PSM, José Manuel Freire.

Las concesionarias
Fuentes próximas a las empresas concesionarias consultadas por EL PAÍS, dan el proceso de privatización prácticamente por muerto. Ribera Salud, adjudicataria de dos hospitales admitió ayer que ha suspendido las reuniones internas con los equipos directivos. Desde Sanitas han expresado para EUROPA PRESS su “absoluto respeto” a la decisión judicial de suspensión temporal del proceso ordenada este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) y ha indicado que lo único que puede hacer es “esperar soluciones”.

Causas pendientes de resolución
EL MUNDO y la agencia EUROPA PRESS recuerdan el “carrusel” de causas abiertas contra la privatización, entre ellas la de AMYTS, que se encuentra en espera del pronunciamiento del TSJM previsto para estos días.

Acceso  al original del auto de la Sección 3º del TSJM


Seguimiento en la prensa


EL MUNDO: “La privatización, en punto muerto al menos un año” (pág. 55 de la edición impresa) / El TSJM suspende de forma cautelar la privatización de los hospitales de Madrid.

20 MINUTOS MADRID: El TSJM vuelve a suspender la privatización sanitaria de seis hospitales públicos de Madrid(portada y pág. 1 de la edición impresa):






Fuente: Nota de prensa del CGPJ – TSJM, 11-09-2013

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