ACTUALIDAD. El Senado da luz verde a la Ley de Eutanasia tras incluir un registro de sanitarios objetores. Te recordamos nuestro posicionamiento

1

El Senado ha dado este miércoles luz verde a la ley que despenaliza la eutanasia, destinada, según recoge el texto de la proposición, a ofrecer “respuestas jurídicas y garantistas” a una “demanda sostenida de la sociedad”. La iniciativa, aprobada con los únicos votos en contra de PP y Vox, será ahora reenviada al Congreso para su definitiva aprobación antes de quedar reflejada en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Al texto debatido hoy en el Senado se han incorporado enmiendas anunciadas en la Comisión de Justicia. Entre otras novedades se encuentra la creación de un “registro de profesionales sanitarios” declarados “objetores de conciencia” a la hora de practicar la eutanasia.

En dicho documento se incluirán aquellos profesionales que ejerzan su “derecho individual” a “no atender aquellas demandas de actuación sanitaria que resultanincompatibles con sus propias convicciones”.

“El rechazo o la negativa a realizar la citada prestación por razones de conciencia es una decisión individual del profesional sanitario directamente implicado en su realización, la cual deberá manifestarse anticipadamente y por escrito”, añade el texto en su capítulo IV.

Según esta norma, la eutanasia se podrá realizar a pacientes que la soliciten y se encuentren en un contexto de «padecimiento grave, crónico e imposibilitante o enfermedad grave e incurable, causantes de un sufrimiento intolerable». Este solicitante deberá tener nacionalidad española o residencia legal o certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en territorio español superior a 12 meses; tener mayoría de edad y «ser capaz y consciente en el momento de la solicitud».

Después de la primera solicitud, el médico responsable informará al paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos, asegurándose de que comprende la información que se le facilita». Tras ello, el paciente deberá confirmar su intención. Aún así, después de la segunda solicitud debe haber una nueva reunión entre ambos.


Te recordamos el posicionamiento de AMYTS cuando la ley llegó al Congreso:

-Que la norma garantice la suficiente seguridad para que no haya responsabilidades jurídicas al profesional que, libremente, se incorpore a este proceso y lo lleve a efecto.

-Que la norma garantice la seguridad jurídica también de los pacientes.

-Que la norma garantice la objeción de conciencia para aquellos profesionales a los que esta práctica les pueda suponer una crisis de identidad personal o profesional y que, por lo tanto, no se vean marginados.

Debido a las distintas sensibilidades dentro del colectivo médico, AMYTS valoró que estas tres consideraciones deben estar incluidas y bien desarrolladas en la norma legislativa si se lleva a cabo.

“Garantía jurídica, desde luego y en primer lugar, para el paciente; en segundo lugar, para los profesionales que se vean implicados. Y, más allá de la garantía jurídica, que nunca pueda suponer marginación para los profesionales que sean objetores”, resumió Miguel Ángel García Pérez, doctor en Medicina, máster en Bioética y coordinador de Formación y Desarrollo Profesional de AMYTS.

Por último, el doctor García Pérez incidió en que la ley “debería tener claro” la “regulación protectora de ese derecho” y que es la “persona afectada la que solicita directamente, no a través de intermediarios, la finalización de su vida en una serie de circunstancias claramente definidas”.

Compartir:

1 comentario

Deja una respuesta

¡Usamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia en esta web! Si sigues navegando, consientes y aceptas estas cookies en tu ordenador, móvil o tablet. Más información sobre las cookies y cómo cambiar su configuración en tu navegador aquí.

x