ACTUALIDAD. El proceso de privatización de hospitales finiquitado políticamente. El TSJM admite un segundo recurso de AMYTS. La Consejería recurrirá al Supremo, lo que implica mucho tiempo

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Javier Fernández-Lasquetty
ha perdido y lo más coherente
que podría hacer, es dimirtir.

La semana del 23 al 29 de septiembre ha representado un avance, parece que definitivo, para truncar las aspiraciones de privatizar seis hospitales públicos por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid. El 25 de septiembre conocíamos que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), admitía a trámite un segundo recurso de AMYTS, en esta ocasión contra las adjudicaciones a las empresas. El viernes 27, trascendió que la Consejería no había conseguido que le levantarán la suspensión cautelar del procedimiento y que interpondría un recurso de reposición, de trámite, y después otro de casación ante el Supremo. Eso, por los dilatados plazos temporales que representa, supone llegar al proceso electoral de la Comunidad de Madrid; es decir, la privatización ha quedado políticamente finiquitada y, después, además, muy probablemente los jueces nos darán la razón.


El TSJM admite un segundo recurso de AMYTS

La Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid (TSJM),  el 25 de septiembre, dictó un auto por el que admitía a trámite el segundo recurso contencioso administrativo presentado por AMYTS, en este caso, contra las Resolución de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad Comunidad de Madrid que con fechas 6, 9 y 19 de agosto de 2013 adjudicaba la privatización de la gestión de los hospitales Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). El auto razona que no ha lugar a medidas “cautelarisimas” solicitadas, por estar todo el procedimiento ya suspendido por auto de la misma Sección y Sala del pasado 11 de septiembre a instancias del recurso presentado por AFEM. Sin embargo, aclara que en la hipótesis de que el TSJM atendiendo el recurso de la Comunidad de Madrid levantara las cautelarísimas dictadas por el recurso de AFEM, el presente pronunciamiento abre la vía para la solicitud inmediata de las mismas por parte de AMYTS, dado que concurría la “urgente necesidad” de no avanzar en el proceso que generaría daños irreparables.

Por otra parte, al admitir a trámite el recurso específicamente dirigido contra las adjudicaciones, implica directamente por primera vez a las empresas constituidas al efecto por Ribera Salud, Sanitas e Hima San Pablo, siendo ésta la primera ocasión en la que son emplazadas. Asimismo el auto señala que: “la suspensión de la convocatoria para la licitación y de los Pliegos implica la suspensión del proceso de licitación y de todos los actos posteriores que de ellos deriven, tal como además ya advirtió esta Sala a la Comunidad de Madrid en la providencia dictada en fecha 31 de julio de 2013” , ello quiere decir de manera explícita que ni la Comunidad de Madrid, ni las empresas adjudicatarias, pueden avanzar en ninguna gestión implicada en el procedimiento suspendido y por tanto deberán abstenerse de realizar cualquier tipo de actuación.


(*) Pinchando AQUÍ, se tiene acceso al original del auto del TSJM citado.

Como se recordará, el anterior recurso contencioso administrativo de AMYTS admitido a trámite, por la misma Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), fue el pasado 16 de septiembre contra la Resolución de la Comunidad de Madrid que abría el proceso de privatización de la gestión de los seis  hospitales. Asimismo admitía a trámite en el recurso la petición de AMYTS de nulidad de la comunicación de la Dirección General de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS),  de 20 de mayo de 2013, que establecía las condiciones para el personal de los hospitales afectados, y la modificación del aval requerido a las empresas adjudicatarias. Dicho recurso había sido trasladado al TSJM por el Juzgado nº 32 el pasado 30 julio que se inhibió del caso. Ello significa que abre un procedimiento ordinario al cabo del cual (se estima que entre uno o dos años) se dictará una sentencia.
Los plazos se dilatan, y el Gobierno de la Comunidad de Madrid tendrá que acudir al Supremo

Según confirmaron a la CADENA SER fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) el viernes 27 de septiembre, los abogados del gobierno madrileño han recurrido ya el auto de este mismo tribunal que ha paralizado cautelarmente la privatización sanitaria.
Se trata de un recurso en reposición (es decir, que se presenta ante la misma sección del Tribunal que dictó el auto). La tradición jurídica dice que este tipo de recursos se presentan porque la ley lo marca así, aunque con pocas esperanzas de que prospere “porque generalmente los jueces no suelen pronunciarse en contra de las decisiones que ellos mismos, o que su misma sección, ha tomado.” De ahí que la única alternativa que le queda ahora al Gobierno de la Comunidad de Madrid, según las mismas fuentes, sea recurrir en casación ante el Tribunal Supremo.
En caso de que se presente ese recurso de casación, en la práctica significaría demorar más aún los plazos. En cualquier caso, aclaran desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la Cadena Ser, ninguno de estos recursos interrumpiría la suspensión cautelar de la privatización sanitaria que sigue en vigor.
Desde el punto de vista de AMYTS, esto significa un mínimo de un periodo de uno a dos años, hasta que se produzca esa resolución; es decir, en un momento ya pre-electoral en la Comunidad de Madrid, donde es dudoso que vuelva a plantearse un asunto como éste de tantísima contestación social. En definitiva, el proceso de privatización está políticamente finiquitado.

Armando Resino.
Armando Resino obligado a suspender la resolución de movilidad

En la reunión de la Mesa Sectorial de Sanidad que se celebró el viernes 27 de septiembre, Armando Resino, director general de Recursos Humanos (RRHH) del SERMAS, tuvo que facilitar una resolución, fechada el día anterior, en la que reconoce que a la vista de la suspensión cautelar del proceso de privatización dictada por el TSJM el pasado 11 de septiembre, “procede mantener en suspenso la resolución de 20 de agosto de 2013, de la DG de RRHH, por la que se convoca el proceso de movilidad interna voluntaria específico para el personal fijo del Servicio Madrileño de Salud, adscrito a los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Henares, Sureste y Tajo, hasta tanto se produzca un pronunciamiento judicial que modifique el contenido del citado auto”.
Quiere ello decir que hasta que se produzca sentencia definitiva (se estima entre uno y dos años) nadie tiene que preocuparse por este asunto.

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