ACTUALIDAD. Confirmada la suspensión de la tramitación de todos los recursos contra la privatización sanitaria hasta que se resuelva la recusación de Martínez Tristán

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Martínez Tristán.

Numerosos medios de comunicación se han hecho eco esta semana del auto de 4 de noviembre en el que se hace constar que el pleno de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) , reunido el 31 de octubre, ha decidido suspender la tramitación de todos los procesos judiciales que tienen que ver con la privatización de los hospitales públicos hasta que se resuelva la recusación de su presidente, Gerardo Martínez Tristán, que ha sido cuestionado por el PSOE por su relación con el Partido Popular -información que avanzó el periodista Erneto Ekaizer.




El auto, -al que ha tenido acceso el diario EL PAÍS, entre otros medios-, señala que el pleno, reunido el 31 de octubre, dicta providencia acordando “la suspensión del curso del pleito hasta que se decida el incidente de recusación”. Según el auto, es una decisión de “la mayoría de los magistrados presentes”. “Como quiera que la recusación se ha planteado respecto del presidente de la sala, que fue quien avocó al pleno la resolución de los recursos contenciosos (…) la mayoría de los magistrados entienden que los efectos de tal recusación podrían afectar a la decisión a adoptar en el resto de los recursos avocados al pleno”, señala el texto en los razonamientos jurídicos.
El pleno de la sala, por tanto, acuerda suspender el curso de cuatro procedimientos: tres de ellos en la sección tercera y uno en la octava.

Suspensión cautelar… probablemente hasta la primavera, como pronto
Según han señalado fuentes del TSJ de Madrid a DIARIO MÉDICO (DM), el Partido Socialista de Madrid tenía hasta ayer para subsanar varias cuestiones de su demanda, que le habría pedido el mismo tribunal. En el caso de que éstas se hubieran hecho, se abriría un plazo de tres días para que las partes aleguen. Concluido ese tiempo, seis magistrados del TSJ decidirán el juez que llevaría la instrucción de la demanda por recusación. Si el magistrado considera que existen indicios suficientes para juzgar el caso, entonces el proceso se juzgaría con los tiempos normales para estos casos, es decir, varios meses. Si embargo, si el juez considera que no hay fundamento en la demanda, la demanda se archivaría. Entonces, la tramitación de los procesos de privatización quedarían desbloqueados.
En ese supuesto, el TSJ de Madrid tendría que volver a convocar el pleno de los magistrados, es decir, reunir a los 50, para decidir sobre la unificación de estos procesos en una sola sala, que fue la cuestión que motivó la reunión del 31 de octubre y sobre la que no se pudo decidir por la recusación que pende sobre Martínez Tristán.

En cualquiera de los supuestos, es indiscutible que con este nuevo escollo en el camino, la resolución de la privatización se demora un poco o un mucho más. “La recusación puede resolverse en días o en meses”, así se pronunciaron desde el TSJ de Madrid. Y, después, la reunión del pleno, y después la resolución de los cuatro recursos… Voces cualificadas apuntan a la primavera, como pronto -concluye DM.

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