ACTUALIDAD. AMYTS en los medios: seguimos reclamando el reconocimiento completo de la enfermedad profesional, denunciamos la grave situación de la Atención Primaria…

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La presencia en televisión ha seguido estando por medio de Julián Ezquerra, secretario general de AMYTS, valorando la situación de la Atención Primaria y la actualidad sanitaria con el macrobrote en Mallorca:

  • Ezquerra: «Hay que insistir muchísimo en el refuerzo de la AP en el rastreo de estos macrobrotes»

Además, ha habido múltiples intervenciones de miembros de AMYTS en medios digitales sobre diversos temas:

NEWTRAL: Las dificultades para que se reconozca la COVID-19 como enfermedad profesional

El pasado 2 de febrero de 2021 el Gobierno aprobó en Consejo de Ministros un real decreto-ley con nuevas medidas económicas y sociales en el que según el Ejecutivo se “reconocía la COVID-19 como enfermedad profesional para profesionales sanitarios y sociosanitarios”.

Sin embargo, desde el sector se quejan de falta de claridad en la norma y de que no se califica como enfermedad profesional realmente. Además, consideran que esto no es suficiente. Te lo explicamos.

¿Qué dice exactamente el Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero?

El artículo 6 del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero indica que “el personal que preste servicios en centros sanitarios y sociosanitarios en el ejercicio de su profesión y haya contraído el virus SARS-CoV- 2, dentro del periodo comprendido desde la declaración de la pandemia internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) hasta el levantamiento por las autoridades sanitarias de todas las medidas de prevención adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el mencionado virus SARS-CoV-2, tendrá las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional”.

Sin embargo, para que se reconozca como tal, “los servicios de prevención de riesgos laborales deberán emitir un informe donde se haga constar que en el ejercicio de su profesión (el profesional) ha estado expuesto al virus SARS-CoV-2 por la prestación de servicios sanitarios o sociosanitarios” y tiene que haber ocurrido “en el ámbito temporal establecido”.

Precisamente este punto es el que genera críticas en el sector.

Pelayo Pedrero, secretario de salud laboral del sindicato Amyts, repasa para Newtral.es la evolución administrativa que ha seguido la COVID-19 para los sanitarios:

    1. “Los contagios anteriores al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo se consideraron enfermedad común a los efectos de las prestaciones de Seguridad Social, salvo que se probase que la enfermedad se contrajo en la realización del trabajo, incluido el periodo de cuarentena en trabajadores”, explica.
    2. “Los contagios posteriores a esta norma, que entró en vigor el 12 de marzo, tuvieron consideración excepcional como situación asimilada a accidente de trabajo”, prosigue Pedrero.
    3. “En los contagios posteriores al Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, se consideraron contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las enfermedades padecidas por el personal sanitarios o sociosanitario como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV-2 durante el estado de alarma”.
    4. “Más tarde, los contagios posteriores al Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, se consideraron contingencia profesional derivado de accidente de trabajo desde el 11 de marzo y hasta que las autoridades levantasen todas las medidas de prevención por el COVID-19”.
    5. Y por último, “los contagios posteriores al Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero se rigen por esta última norma que dice que los sanitarios o sociosanitarios que en ese mismo periodo contraigan el SARS-CoV-2 en el ejercicio de su profesión tendrán las mismas prestaciones que el sistema de la Seguridad Social otorga a las personas que se ven afectadas por una enfermedad profesional”, indica Pedrero.

“No se está actuando como si la COVID-19 fuera una enfermedad profesional para los sanitarios. Lo que dice el último real decreto-ley es que se considera como un accidente de trabajo pero con la consideración de enfermedad profesional y solo si cumples esos requisitos y la temporalidad marcada, cuando una enfermedad laboral como tal no tiene un tiempo límite”, señala Pedrero.

¿Qué deben hacer los sanitarios a los que se determinó la COVID-19 como enfermedad común (los primeros casos) y a los que determinó como accidente de trabajo para que se les reconozca ahora como accidente de trabajo con la consideración de enfermedad profesional? “A esas personas no les harán una revisión de oficio. Por lo tanto el que quiera el reconocimiento actual debe presentar una ‘determinación de contingencia’, que se pide en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), y él resuelve”, explica Pelayo Pedrero.

“Si el INSS no te da la razón, el siguiente paso es acudir al juzgado individualmente, porque cada caso es diferente”, añade Pedrero, que destaca que desde el sindicato Amyts ya han ganado algún caso de este tipo.


BUSINESS INSIDER: Depresión y ansiedad: la pandemia tras la pandemia que ya está afectando a miles de profesionales sanitarios

La pandemia de coronavirus ha generado una situación de aislamiento, incertidumbre y estrés económico que ha deteriorado la salud mental de la población. 

Los expertos llevan tiempo advirtiendo de que los profesionales de salud mental recogerán las consecuencias de esta pandemia y la Organización Mundial de la Salud (OMS) está pidiendo a los países que refuercen sus servicios de salud mental para hacer frente a lo que se avecina. 

La depresión, la ansiedad y la ideación suicida son los trastornos que más preocupan a los profesionales de la salud mental, que aseguran que ya están viendo los estragos en los pacientes y, especialmente, entre los sanitarios. 

«Nunca se han evaluado los riesgos psicosociales, no hay prevención, no hay rehabilitación», lamenta Ángel Luis Rodríguez, responsable del Gabinete Psicológico de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), en una entrevista con Business Insider España.

Al final, los profesionales sanitarios quedan con la única opción de pedir ayuda de forma particular y no existen soluciones estandarizadas en los protocolos. «Hay unas altas tasas de burnout, de ideación suicida, de deseos de abandono de la profesión», enumera.

Y eso, advierte, tiene un coste para todos. «Nos extraña que no haya más errores médicos. Parece que tenemos que cargar con nuestra vocación como un lastre», denuncia Rodríguez.

«Desde la Administración ha habido una falta de ayuda y comprensión y un abandono en lo que se refiere a la atención y la rehabilitación», asegura, señalando que todas las iniciativas que se han desarrollado para ayudar a los profesionales sanitarios han sido a nivel particular.

El responsable de AMYTS lamenta que la evolución de la solidaridad con los sanitarios no haya seguido la tónica inicial, cuando había aplausos porque se entendía que estaban haciendo de «dique de contención entre la vida y la muerte».

Ahora, «la gente no quiere más medidas y los profesionales se han convertido en el pepito grillo de la sociedad», señala. «Se les ha apartado porque no nos interesa más ese mensaje de precaución», lamenta.

Además, critica que el COVID-19 no esté reconocido como enfermedad profesional. «Se acusó a los sanitarios de estar contagiándose en su vida privada, cuando el 90% de infecciones se estaban produciendo en los hospitales y en la atención primaria», denuncia.

«Tenemos las cifras más altas de médicos muertos e infectados», advierte. A pesar de que los servicios de atención de salud mental todavía no están enfrentándose de lleno a la ola de trastornos que se avecina para la población general, sí que las palabras de Ángel Luis Rodríguez se ven confirmadas en las cifras de algunos de los primeros estudios sobre el impacto en los profesionales sanitarios.

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LA SEXTA: Asociaciones denuncian los recortes en plantillas ante la vuelta a la actividad presencial en los centros de salud

Los centros de salud amplían su actividad presencial después de más de un año atendiendo mayoritariamente por teléfono. En comunidades como en Madrid ya suponen un 60%, pero algunas asociaciones de profesionales denuncian que las plantillas están a un tercio.

Según el sindicato médico AMYTS, las plantillas en Atención Primaria de Madrid están al 30% con un trabajo que se incrementa con la vuelta a la actividad presencial, que ya supone el 60% del total.


EL BOLETÍN: La ‘realidad’ del plan de Ayuso para la Atención Primaria: meses de retraso y casi 10 millones menos

Septiembre de 2020. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunciaba durante la primera sesión del debate sobre el Estado de la Región un plan “sin precedentes” para mejorar la Atención Primaria dotado con más de 80 millones de euros. Varios meses después este plan todavía no se ha hecho realidad. Ni siquiera se ha puesto en marcha. Es más, el Gobierno autonómico va a empezar ahora las negociaciones con los sindicatos. Lo hará a partir del 1 julio, aunque antes ya ha dejado claro que la inversión será menor que la apuntada por la jefa del Ejecutivo regional.

Los responsables de la Comunidad en la Mesa Sectorial de Sanidad han trasladado esta semana a las organizaciones sindicales que la cuantía para este plan es de 73.688.066 euros en los próximos tres años. Nada más. Una cifra muy por debajo de lo que en su día Ayuso explicó a algunos de estos mismos sindicatos. La presidenta madrileña habló el mencionado mes de septiembre de casi 83 millones. Es decir, que la cifra final será casi 10 millones inferior.

“La realidad es que el plan consta de 73 millones en tres años”, destaca Julián Ezquerra, secretario general de Amyts, que afirma que “ese es el límite presupuestario” pese a que la semana pasada Ayuso, durante su discurso en el debate de investidura, insistió en que se invertirán más de 80 millones para mejorar la Primaria.

Para Ezquerra la demora en poner en marcha este plan y la reducción en la inversión prevista evidencia que la Comunidad “no apuesta” por este nivel asistencial. “Invertir 73 millones en tres años es reírse de la Atención Primaria, no va a solucionar ninguno de los problemas”, lamenta en declaraciones a EL BOLETIN. Tal y como reitera, “es una clara demostración de que no apuesta” por la Primaria, que “soluciona el 90% de las necesidades de asistencia de los ciudadanos”.

Por su parte, de cara a las negociaciones que arrancan el 1 de julio, Amyts ve indispensable la contratación urgente de 1.174 médicos de familia y 324 pediatras, así como “una previsión de 1.250 facultativos a cinco años que cubran las bajas por jubilación” que se esperan. A esto añaden, entre otras medidas, la necesidad de agendas cerradas y con un número de citas máximo (31 para especialista en Medicina Familiar y Comunitaria y 21 en especialistas de Pediatría).


EL HUFFINGTON POST 

Si de algo se enorgullece la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, es de la manera en que ha gestionado la pandemia. La líder madrileña ha hecho alarde de su estrategia para combatir el coronavirus cada vez que ha tenido ocasión, aunque para ello haya primado lo privado por encima de lo público.

Médicos, enfermeros, auxiliares y, en general, todo el personal sanitario de carácter público ha visto cómo poco a poco, paso a paso, Ayuso viraba hacia lo privado en cada toma de decisión. Medidas, proyectos e iniciativas para luchar o paliar los efectos provocados por el virus han sido gestionadas por entidades con ánimo de lucro.

Sobre esta cuestión, Ángela Hernández Puente, vicesecretaria General de AMYTS y cirujana General, ha sostenido que “demuestra que no creen en la gestión directa, es decir, en la gestión pública de la sanidad de todos”.

[…]

La llegada de vacunas no iba a ser menos y, en vez de contratar más personal sanitario para potenciar la campaña de inmunización, Ayuso decidió impulsar dicha labor, una vez más, con el sector privado. El 30 de diciembre de 2020 se hacía oficial el acuerdo con Cruz Roja para llevar a cabo el ‘Servicio de apoyo a la vacunación frente a COVID-19 en la campaña 2021 en la Comunidad de Madrid’, con una duración de seis meses y un importe de 804.098,53 euros.

Ángela Hernández afirma que se “han desaprovechado niveles asistenciales que ya les gustaría haber tenido a otros países, como es el caso de Atención Primaria para todo el tema de las vacunas”.

La última medida que ha saltado al escenario público y que el Ejecutivo dirigido por Isabel Díaz Ayuso planea tomar es el cierre de decenas de centros salud, exactamente 41. Una cuestión que defienden alegando falta de profesionales para dar servicio a los pacientes, pero, aunque la falta de personal en la Comunidad de Madrid es un hecho, el cierre de centros sanitarios no es una solución.

Hernández defiende que en Atención Primaria llevan funcionando con “plantillas insuficientes desde hace muchísimo tiempo y se ha agravado durante la pandemia”. Ella ve una solución clara: “O se mejoran las condiciones de los contratos y ejercicios de los profesionales o vamos a pasar todos auténticas dificultades. Esto ya no va sobre si se cierran o no centros de salud, va de si queremos centros de salud atendidos con médicos o sin ellos”.


EL DIARIO: Madrid se queda rezagada en la vacunación con más de 800.000 dosis sin poner

Los sanitarios señalan a la falta de personal como causa de la ralentización de la inyección de vacunas en la Comunidad de Madrid por el estado de la Atención Primaria. Madrid es la autonomía que menos dosis de las recibidas ha inoculado, el 86,7% y el Gobierno de Ayuso ha llegado a un acuerdo con empresas privadas para que inyecten dosis con personal propio a cambio de vacunar primero a sus empleados.

La vacunación contra la COVID-19 avanza a buen ritmo en España y el objetivo del Gobierno de tener inmunizada al 70% de la población a finales de agosto va por buen camino. Este jueves, el país volvía batir un nuevo récord: inoculaba 747.589 dosis en 24 horas. La inmunización avanza con velocidad, aunque no al mismo ritmo en todas las comunidades autónomas. A la cola, se sitúa desde hace varias semanas la Comunidad de Madrid desde que empezó a administrar vacunas a los menores de 50 años. Es la autonomía que menos dosis de las recibidas ha inoculado, el 86,7%, y mantiene almacenadas casi un millón, según los últimos informe del Ministerio de Sanidad. La región gobernada por Ayuso se queda rezagada y el Gobierno regional trata de remontar –externalizando el servicio– unos datos que ponen en cuestión de nuevo el sistema sanitario madrileño y, en concreto, el estado de su Atención Primaria.

Madrid es la región que menos primeras dosis ha suministrado: el 48,0%, frente al 54,1% de la media nacional. La comunidad más aventajada es Asturias (66,1%), seguida de Galicia (60,8%) y Extremadura (59,4%). Madrid tiene almacenadas sin administrar 826.843 dosis, que suponen el 13,3% de las que ha recibido, la cifra más alta de todo el país. La siguiente región que más vacunas tiene guardadas es Catalunya con 569.332, aunque en su caso ya se han inoculado el 92,1% de las que ha recibido frente al 86,7% de Madrid.

El dato cuestiona las numerosas críticas que tanto Ayuso como su equipo de la Consejería de Sanidad han proferido contra el Gobierno central en los últimos meses, cuando reclamaban más vacunas, pese a disponer de ellas. «Si no hubiera sido por el Gobierno yo ya tendría Madrid vacunada al 100%», llegó a asegurar la presidenta madrileña durante la campaña electoral del 4M. También contradice la versión actual del Gobierno regional que defiende que lleva un «ritmo acorde» con las dosis que van recibiendo.

«No se trata de hacer una competición» sino de administrar «con seguridad y con garantías», decía esta semana el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ante los malos datos. «Responde a una estrategia pensada, segura y con garantías para que cada madrileño tenga su vacuna», insistía. Y añadía: «Nunca se administra ni se cita a una persona sin tener la vacuna en la nevera (…) Fuimos criticados al principio pero Madrid nunca ha tenido que pedir vacunas a otras comunidades como ha ocurrido en otros lados», a pesar de que las dosis que guardan a día de hoy superan las 800.000 y seguirán llegando miles cada semana.

Para compensar el retraso, Ayuso anunciaba este miércoles que las empresas Acciona, El Corte Inglés y Grupo Santander podrán vacunar a sus empleados a partir del próximo lunes 5 de julio. Lo harán con personal propio formado por la Consejería de Sanidad y a partir del miércoles 7 de julio la población general también podrá valerse de estas compañías para recibir la vacuna. La presidenta madrileña hacía un llamamiento para que se unan más a este nuevo modelo: «Se pueden añadir más empresas a este proyecto de colaboración público-privada, que es pionero a escala nacional», aseguraba Ayuso, pese a que hay otras regiones como Catalunya, donde Seat vacuna en su planta de Martorell desde comienzos de mayo.

La previsión de la Comunidad de Madrid es que Acciona administre 5.000 dosis semanales en su sede en el Parque Empresarial La Moraleja, en Alcobendas. El Corte Inglés vacunará en la calle Arapiles, en el centro de la capital, y se calcula que pondrá en torno a 14.000 dosis semanales. El Santander otras 10.000 en su Ciudad Financiera, en Boadilla del Monte. Acciona y Santander pondrán vacunas de lunes a viernes. En el centro comercial también los fines de semana.

La de externalizar la vacunación a las empresas –un recurso que desde la Consejería de Sanidad aseguran a elDiario.es que tendrá «coste cero» para la administración– no es la única medida puesta en marcha por Ayuso para tratar de coger carrerilla en la vacunación contra el coronavirus. Madrid vacuna desde el lunes las 24 horas del día en hospital Isabel Zendal y desde el jueves en el Wizink Center. La administración autonómica comenzaba a vacunar esta semana a los menores de 40 años, aunque casi la mitad de la población diana de la anterior década (40-49 años) sigue sin recibir una dosis.

Madrid ralentizó su ritmo de vacunación cuando comenzó a inocular dosis a esa franja de edad. Desde que empezaron los pinchazos a la población de entre 40 y 49 años –el pasado 8 de junio– en la región solo se han administrado dosis a 617.468 personas (el 53%), mientras que en una comunidad con una cantidad similar de población en esta edad, como Andalucía, las inyecciones ascienden a 1.041.496 personas (75,2%) en el mismo periodo, a pesar de tener una mayor dispersión geográfica, lo que dificulta la vacunación. En el caso de Catalunya, otra comunidad similar en población, se ha vacunado a 923.619 personas (70,2%) en la cuarentena. Lo mismo ocurre con las edades comprendidas entre los 30-39 a las que Madrid solo ha suministrado una dosis a 132.885 personas, el 14% frente a otras regiones como Andalucía que tiene al 33,5%.

Otra de las soluciones para tratar de paliar esta situación ha sido ofrecer a la población en la cuarentena la posibilidad de vacunarse en sus centros de salud. A juicio de los sanitarios, este es un aspecto importante que explicaría la ralentización de las vacunas.

Para Julián Ezquerra, portavoz de Amyts, sindicato mayoritario de médicos de Madrid, es «incomprensible» que se tengan las vacunas y no se estén administrando. «La vacunación de cercanía en los centros de salud habría sido lo deseable», defiende, aunque reconoce la labor de los hospitales también.

Ezquerra apunta a que Madrid podría haber llegado al límite de sus posibilidades de vacunación tirando de la plantilla que tiene y consideran que debería haber una contratación mayor de enfermeros para este fin que ayude a paliar en el futuro el déficit estructural que sufren las plantillas de los centros de salud. Para el portavoz de Amyts, abrir ahora los ambulatorios para la vacunación no es realista, «ni el mejor momento», teniendo en cuenta que comienzan los periodos vacacionales y los centros de salud cuentan con plantillas muy mermadas. De hecho, el Gobierno regional planea cerrar 41 de 49 centros de salud del área sanitaria centro durante el verano por las vacaciones estivales que no plantea cubrir.

¿Por qué no se ha contado más con los ambulatorios en la campaña de vacunación? La falta de personal es una de las causas, como apuntan los sanitarios. Un dato que refleja esta situación es el de que Madrid es la región con menos centros de salud por habitante de toda España, solo por detrás de Melilla. Según los datos del Ministerio de Sanidad, la región cuenta con 424 entre centros de salud y consultorios locales. Eso supone una tasa de 6,3 por cada 100.000 habitantes. No hay ninguna región con un rato tan bajo. La siguiente con la tasa más baja es Canarias y tiene 11,8.

Ante la falta de facultativos, Madrid fue la primera en externalizar parte del servicio de vacunación contratando a personal de Cruz Roja. En uno de los tres grandes centros, el del Wanda Metropolitano, es esta entidad la que ha provisto de enfermeros a la infraestructura para pinchar dosis. Las empresas que vacunarán desde el lunes también pondrán a su propio personal a cambio de vacunar primero a sus trabajadores.

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