CON FIRMA. “Una oportunidad perdida”, por Yolanda Cabrero

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212 Yolanda Cabrero 3x3 cm

La cosa viene de lejos. Hace un año que las farmacéuticas anunciaron que, desde junio de 2016,  publicarían todas las aportaciones económicas que efectuasen tanto a los médicos como a las organizaciones sanitarias, y que desde enero de 2017, los contratos firmados con los facultativos incluirían una cláusula donde éstos aceptasen la inclusión de sus nombres en una lista pública, so pena de que Farmaindustria sancionase a la empresa que no lo hiciese.

Vaya por delante que me parece perfecto que estas aportaciones sean transparentes.

Así que en Hacienda se frotaron las manos, y haciendo uso del razonamiento en forma de silogismo, con dos premisas (el laboratorio paga la asistencia al  curso al médico; ese pago supone un ingreso extra del médico), elaboraron la conclusión de que sí hay que tributar, por considerarse esos importes, un pago en especie.

En Febrero de 2017, PP y Ciudadanos aprobaron, sin embargo, en la Comisión de Sanidad del Congreso una iniciativa para que esos pagos se mantuvieran exentos de fiscalidad, y siguieran siendo las farmacéuticas las que  suministraran a los profesionales los recursos necesarios para la formación, recursos, que según el PP, “además generan ahorro”. (Ahorro ¿para quién? Para la Administración, claro.)

Pero hete aquí que, hace un par de semanas, otra vez nos sobresaltan con el anuncio de que el Sr. Montoro vuelve a la carga y quiere que tributemos por los cursos que nos hayan pagado los laboratorios. (Pero, sr. Montoro… ¿no es Ud. del PP, que votó lo contrario en Febrero? ¿Cómo es que toma iniciativas contrarias a las votadas por su propio partido?)

Obviamente, se arma un follón importante, se genera una petición en Change.org que en pocos días alcanza  casi 20.000 firmas, e incluso se dice que, si esta orden se llega a ejecutar, los médicos haremos huelga.

Montoro “recula”, se compromete a que no se considerará pago en especie, y Hacienda aclara  que los cursos de formación del personal sanitario, financiados por empresas, no están sujetos a tributación en el IRPF.

Entre tanto, se genera un intenso debate sobre el asunto de la financiación de la formación continuada, y sobre por qué durante décadas la Administración ha hecho dejación de sus funciones de asumir la formación de los profesionales, consintiendo y fomentando que fuese la farma-industria la encargada de asumir estos costes,  con el potencial efecto de “compra de voluntades” que esto puede llevar implícito, e incluso Rafael Matesanz publica un artículo al respecto.

Surgen también voces que se preguntan por qué los cursos y congresos que los profesionales se pagan de su bolsillo (dado que no todo lo costea la farma-industria) nunca nos los hemos podido desgravar; ¿tendría sentido tener que declarar ese dinero  como ingreso, pero no poder desgravarlo como gasto?

Los asesores fiscales se manifiestan al respecto y afirman que, para no incurrir en delito fiscal (¿delito fiscal por 600€ de un curso? ¡Lo que hay que oír! Con lo que estamos oyendo…en fin…) habrá que declarar al menos un 19% de los ingresos recibidos por este concepto.

Verdaderamente, a uno le provoca dolor de  cabeza y le produce enfado este culebrón. Porque ¿de quien es competencia la formación continuada de los trabajadores? En las empresas privadas, la formación la organiza y la paga la empresa; los empleados tienen  obligación de hacer un determinado número de cursos al año, por supuesto durante  su horario laboral.

Mis amigos de empresas privadas se quejan: “¡Jopé, otra vez me tengo que ir de curso!”. Yo, entretanto, me quejo: ¡”Jopé!… Hace 6 años que no voy a nada…”

En muchas clínicas privadas es obligatorio hacer cursos de, por ejemplo RCP, cada 6 meses si quieres seguir trabajando en ellas.

Pero en el  ámbito público… ¡Ay amigos!, ahí ya es otro cantar…

Y eso que el concepto de formación continuada está recogido en la legislación vigente:

             1.- En el artículo 33 de la ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias pone bien clarito que la formación continuada “es el proceso de enseñanza y aprendizaje activo y permanente al que tienen derecho y obligación los profesionales sanitarios, que se inicia al finalizar los estudios de pregrado o de especialización y que está destinado a actualizar y mejorar los conocimientos, habilidades y actitudes de los profesionales sanitarios ante la evolución científica y tecnológica y las demandas y necesidades, tanto sociales como del propio sistema sanitario”

             2.- En el artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público: g) derecho a la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

Si las leyes que nos rigen recogen este derecho, por qué tenemos que:

             1.- Mendigar en nuestros Centros, que nos den los días que precisamos para nuestra formación, hasta las 40h anuales que marca la Ley, con la frecuente respuesta de “Pufff…es que estamos fatal de gente esos días” (sean los que sean).

            2.- Mendigar a los laboratorios que nos paguen la inscripción, o el desplazamiento en algunos casos, cuando el curso es a cierta distancia y requiere, por ejemplo, avión.

¿No es la formación continuada de los profesionales algo que revierte en beneficio del sistema de salud para el que trabajamos? ¿Por qué tantas dificultades? ¿Por qué no es el sistema el que la asume en su totalidad, o incluso, nos obliga a realizarla como parte de nuestra capacitación laboral?  ¿Por qué tenemos que consentir que las empresas carguen con este concepto, con las connotaciones de “deuda de gratitud” que ello puede acarrear al profesional que lo acepta?

Pero todos tranquilos, que ya está todo arreglado; el sr. Montoro ya ha dicho que reformarán el articulo correspondiente del reglamento que toque para que estas percepciones en especie no tengan que tributar. Dos pájaros de un tiro: se siguen inhibiendo se asumir su responsabilidad en nuestra formación, y su coste, y se ahorran las protestas de los profesionales.

Me parece lamentable que este asunto tan serio se haya gestionado tan mal. Llegados a este punto, coincido totalmente con José Luis Quintana, médico de AP sobradamente conocido por todos, que el otro día publicó un twit que dice lo siguiente:

“Oportunidad perdida para debate sin aspavientos sobre la financiación de la formación médica. Seguiremos en el barro”

Amen, José Luis. Gran oportunidad perdida

Yolanda Cabrero Rodriguez
Especialista en Anestesia y Reanimación. Delegada de AMYTS en el Hospital Universitario de Getafe

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